El caso que sacudió a Graneros tras las denuncias del diputado nacional Gerardo Huesen por amenazas y agresiones durante una recorrida política escaló al escenario nacional. La publicación de Clarín amplificó el conflicto y, en Tucumán, la oposición avanzó con un proyecto para intervenir el municipio que conduce Raquel Graneros.
En la provincia el caso ya generó una respuesta institucional. El legislador José Macome presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone la intervención del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante de Graneros. La iniciativa reunió además el respaldo de dirigentes de distintos espacios opositores.
El proyecto surgió después de los incidentes denunciados por Huesen y su comitiva. Según consta en los fundamentos, durante la recorrida se produjeron bloqueos de vehículos, amenazas y agresiones físicas. La comitiva se trasladó luego a una comisaría para realizar la denuncia.
La presentación de Macome recibió las firmas de Eduardo Verón Guerra, Ricardo Bussi, Walter Berarducci, Agustín Romano Norri, Raquel Nieva, Manuel Courel, Claudio Viña, José Cano y José Seleme, además del propio autor del proyecto.
La propuesta invoca las atribuciones que establece la Constitución de Tucumán y la Ley Orgánica de Municipalidades. Entre sus objetivos figura la designación de un comisionado interventor, la reorganización administrativa del municipio y una auditoría integral contable, administrativa, financiera y patrimonial sobre la gestión saliente.
El texto también plantea el restablecimiento del orden institucional y la convocatoria a elecciones para normalizar la situación del municipio.
El conflicto que llegó a los medios nacionales
El caso tomó mayor repercusión después de la publicación de Clarín, que puso el episodio de Graneros en el circuito de la política nacional. El medio porteño informó que Huesen terminó refugiado en una dependencia policial tras el cruce con un grupo de vecinos y reprodujo las acusaciones formuladas por el legislador contra personas que, según su denuncia, estarían vinculadas con la administración municipal.
Huesen sostuvo que parte de su equipo «fue agredido y golpeado» y denunció que luego los manifestantes «rodearon la comisaría para evitar nuestra salida». También acusó a personas a las que identificó como «funcionarios y empleados» municipales de haber «agredido y amenazado de muerte» a sus colaboradores.
Desde la Intendencia, en cambio, negaron cualquier vínculo con los incidentes. También rechazaron que las personas involucradas recibieran recursos municipales y señalaron que no tenían conocimiento previo de la visita del diputado libertario.
La repercusión nacional llevó además a que el conflicto se incorporara al debate político entre La Libertad Avanza y el Gobierno tucumano. El presidente de LLA Tucumán, Lisandro Catalán, reclamó una respuesta del gobernador Osvaldo Jaldo y del vicegobernador Miguel Acevedo.
«Quiero exigirle al vicegobernador Miguel Acevedo y al gobernador Osvaldo Jaldo que actúen de manera urgente y hagan respetar las instituciones en Tucumán. Son los máximos responsables de garantizar el orden y la seguridad institucional», sostuvo Catalán.
Felicitaciones @JoseMacome y @claudiovinaok por esta iniciativa. También quiero agradecer a todos los legisladores que acompañaron con su firma. Este es el camino: hacer respetar las instituciones y defenderlas.
Ahora bien, quiero exigirle al vicegobernador @AcevedoMiguelok y al… https://t.co/Lp4z2TtR3H
— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 21, 2026
La oposición busca llevar el caso a la Legislatura
El proyecto de Macome representa el paso institucional más fuerte que tomó la oposición después de los incidentes. La iniciativa no se limita a cuestionar lo ocurrido: plantea directamente desplazar a las autoridades municipales y establecer una intervención provisoria.
Entre los fundamentos aparece una referencia a una «grave alteración del orden institucional», además de denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas y episodios de violencia política.
El texto también plantea una auditoría sobre la administración municipal y establece que, una vez producida la intervención, el Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones para normalizar el municipio.
Catalán respaldó el proyecto y destacó el respaldo opositor dentro de la Legislatura.
“Felicitaciones a José Macome y a Claudia Viña por esta iniciativa. También quiero agradecer a todos los legisladores que acompañaron con su firma. Este es el camino: hacer respetar las instituciones y defenderlas”, expresó.
El dirigente libertario también apuntó contra Jaldo y Acevedo por la falta de un pronunciamiento oficial sobre el episodio. «No pueden normalizar lo que pasó. Ni siquiera fueron capaces de solidarizarse con el diputado Huesen, pero ya nada de esto me sorprende», afirmó.
Así, lo que comenzó con un episodio de violencia denunciado durante una recorrida política en una localidad del sur tucumano ahora suma una disputa institucional en la Legislatura y una repercusión nacional. El proyecto de intervención deberá atravesar el tratamiento parlamentario, en una Cámara donde el oficialismo provincial conserva una amplia mayoría.
