Una auditoría de la Contaduría General de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán detectó que el 84% de las causas incluidas en la muestra analizada permanecía sin resolución. El relevamiento correspondió al funcionamiento del Tribunal Municipal de Faltas durante 2024 y se realizó durante 2025.
El informe registró distintos problemas en el trámite de los expedientes. Entre ellos aparecieron demoras en la resolución, acumulación de causas, dificultades para reconstruir actuaciones y falencias en el seguimiento administrativo de las infracciones.
Los porcentajes corresponden exclusivamente a la muestra examinada por los auditores. Por ese motivo, no permiten trasladar de manera automática esos resultados al universo completo de expedientes del Tribunal.
Dentro de los casos revisados, el 11% terminó por cancelación o resolución voluntaria de los infractores, mientras que otro 5% correspondió a causas que los juzgados de Faltas ya habían tramitado. El 84% restante continuaba pendiente.
La revisión también puso el foco sobre expedientes prescriptos. En esos casos, los auditores encontraron documentación faltante o incompleta y demoras en la incorporación de actas al sistema. El desempeño, además, presentó diferencias entre los distintos juzgados que integran el organismo.
El impacto económico bajo la lupa
El funcionamiento del Tribunal también generó preocupación por el eventual impacto sobre las cuentas municipales.
Estimaciones que circularon dentro del Municipio ubicaron entre $3.500 millones y $20.000 millones el posible perjuicio asociado a expedientes que no llegaron a resolverse o ejecutarse.
Ese cálculo requiere una precisión. La auditoría no estableció que ese rango represente una pérdida económica efectivamente determinada. Tampoco permite afirmar que todas las causas pendientes hubieran derivado en multas cobrables.
El dato económico aparece, así, como una estimación vinculada al universo de expedientes sin resolución y no como una conclusión definitiva del informe de la Contaduría.
El informe que quedó en el centro de la disputa
El diagnóstico de la auditoría antecedió a una serie de decisiones que profundizaron el enfrentamiento entre la administración de Rossana Chahla y los jueces del Tribunal Municipal de Faltas.
En 2025, el Ejecutivo municipal dispuso una reorganización del organismo mediante el Decreto 0099/SG/2025, que estableció un sistema de rotación de jueces.
Gerardo Augusto Poliche, presidente del Tribunal, cuestionó la medida y llevó el planteo a la Justicia. Su argumento apuntó a las atribuciones del Ejecutivo y sostuvo que la reforma avanzó sobre facultades que corresponden al Concejo Deliberante.
La Fiscalía de Cámara se pronunció contra la postura municipal y sostuvo que el decreto afectaba la jerarquía normativa. El Municipio rechazó ese criterio y defendió sus facultades para reorganizar el Tribunal.
El expediente quedó bajo análisis de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa, que deberá resolver el planteo de fondo.
La disputa sumó otro episodio cuando la Municipalidad intentó incorporar al expediente una presentación de los jueces María Luciana Estofán y Jorge González. Ambos habían citado el Decreto 99/2025 para reorganizar turnos tras la jubilación de un magistrado.
Para la defensa del Municipio, esa actuación podía interpretarse como un reconocimiento de las facultades que los propios jueces discutían ante la Justicia. La Cámara, sin embargo, rechazó incorporar esa presentación como prueba porque consideró que la causa ya estaba en condiciones de recibir sentencia.
A ese expediente se agregó otro conflicto entre los magistrados y el Ejecutivo municipal por diferencias salariales. La disputa surgió después de que Chahla derogara el régimen que equiparaba los haberes de los jueces de Faltas con los de un secretario municipal.
De esta manera, la auditoría de la Contaduría General aparece como uno de los antecedentes administrativos que permite entender por qué el Municipio decidió avanzar sobre el funcionamiento del Tribunal. El informe documentó demoras y expedientes pendientes, pero no resolvió la discusión jurídica posterior.
La cuestión que deberá definir la Justicia es otra: si el Ejecutivo municipal tenía facultades para modificar mediante un decreto la organización y el funcionamiento del Tribunal Municipal de Faltas.
