La investigación penal vinculada al tiroteo entre Facundo Ale y miembros del grupo conocido como «Los Gardelitos» registró un giro procesal tras la incorporación de un testimonio audiovisual clave. Una joven identficada por sus iniciales R.A.O. —ex pareja de Jorge González Anaya, uno de los contendientes del enfrentamiento— entregó un video a las autoridades judiciales en el que asegura que el hecho ocurrido en septiembre de 2025 en un predio de Los Pocitos respondió a una emboscada planificada por la banda rival para ejecutar al hijo del dirigente Ángel «El Mono» Ale.
De acuerdo con el registro incorporado al expediente que instruye la Unidad Fiscal de Mariano Fernández, la mujer relató bajo reserva de identidad que su ex pareja le confesó haber montado una celada armada en el salón La Foresta. En el testimonio audiovisual, de siete minutos de duración, la joven sostuvo que los imputados González Anaya y Valentín Villarreal circulaban de manera permanente con armamento de guerra a la espera de cruzarse con el acusado. Asimismo, reveló que González Anaya se atribuyó la autoría de un ataque a balazos perpetrado en diciembre de 2024 en el barrio La Ciudadela —donde Ale resultó herido de tres disparos—, asegurando que en aquella oportunidad no lograron quitarle la vida debido a que «se le trabó la ametralladora».
La declaración de la testigo contradice la reconstrucción formulada por la Fiscalía de Instrucción, la cual señalaba que Ale había iniciado el ataque de manera unilateral al arribar al evento social. En su descargo, la joven ratificó estar dispuesta a declarar formalmente en la causa, al tiempo que solicitó custodia judicial inmediata tras denunciar amenazas por parte del entorno familiar de González Anaya para impedir la revelación de los hechos.
El material fue elevado a la magistratura por el abogado defensor de Ale, Ricardo Fanlo, quien formalizó el pedido de medidas de protección para la denunciante. En la actualidad, el hijo de Ángel Ale cumple arresto domiciliario imputado por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y abuso de armas, con un pedido de pena fiscal de seis años de prisión. Por su parte, González Anaya y Villarreal afrontan acusaciones por portación ilegal de armas de guerra, con una expectativa de condena fijada en cuatro años de reclusión.
