Un docente presentó una denuncia penal contra personal de la Comisaría de El Chañar por una presunta extorsión durante un procedimiento policial. Según la acusación, los efectivos lo privaron de su libertad, lo amenazaron con vincularlo a una causa por drogas y le exigieron dinero a cambio de evitar una exposición pública y posibles consecuencias sobre su trabajo.
El episodio, de acuerdo con la presentación judicial, ocurrió el 4 de agosto por la noche. El docente, identificado como E.L., había terminado su jornada en la Escuela Normal y contrató un traslado particular hacia su domicilio, en Macomitas, Burruyacú.
Cerca de las 21.15, el Chevrolet Corsa blanco en el que viajaba fue interceptado por una camioneta policial sobre la ruta. Dos efectivos descendieron del móvil. Según el relato incorporado a la denuncia, ninguno de los policías se identificó ni explicó el motivo de la intervención.
Los abogados del docente, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, señalaron que uno de los agentes indicó que había encontrado unos envoltorios cerca de la palanca de cambios del vehículo. La defensa cuestionó que no existiera, según su presentación, un secuestro formal, una prueba de campo ni intervención de personal especializado en estupefacientes.
“Ninguno de los dos efectivos pudo explicar en ese momento, ni en ningún momento posterior, el motivo real por el cual habían detenido a los ocupantes del vehículo ni por qué disponían su demora. Fue en ese contexto de absoluta orfandad de motivos que el efectivo más joven señaló al denunciante un lugar próximo a la palanca de cambios y afirmó haber hallado unos envoltorios, sin exhibirlos de manera fehaciente, sin practicar pesaje ni prueba de campo alguna, sin confeccionar acta de secuestro, sin dar intervención a la fuerza especializada en estupefacientes y sin activar protocolo legal específico alguno”, explicaron los abogados.
La exigencia de dinero
Los dos ocupantes fueron trasladados hasta la Comisaría de El Chañar. Una vez dentro de la dependencia, el conductor quedó separado de E.L. y, según la denuncia, comenzó otro tramo del procedimiento.
Los policías habrían exigido al docente $10 millones. La suma luego habría bajado a $8 millones. La amenaza, siempre según la presentación, consistía en relacionarlo con un procedimiento por drogas y difundir su nombre en los medios.
“Los efectivos advirtieron al denunciante que, de no entregar dinero, su nombre aparecería vinculado a un procedimiento por drogas en los medios de comunicación, que perdería su empleo como docente y que no volvería a conseguir trabajo en el ámbito educativo”, sostuvieron Santamarina y Ascárate.
La denuncia también afirma que los agentes le dijeron al docente que conocían su domicilio y sus rutinas.
Como E.L. no disponía de la suma exigida, uno de los efectivos habría tomado su teléfono celular y accedido a la aplicación del Banco Macro. Allí, según la presentación, constató que tenía un saldo de $2,6 millones y reclamó $2,5 millones.
El docente fue llevado hasta un cajero automático bajo custodia policial. Allí retiró $1 millón en efectivo, correspondiente al límite operativo disponible, y entregó el dinero al agente.
Después, siempre de acuerdo con la denuncia, el policía volvió a utilizar el teléfono de E.L. y realizó una transferencia de $1,5 millones hacia una cuenta de Mercado Pago que pertenecería a un tercero.
Denuncia por irregularidades y falta de asistencia
Luego del pago, los efectivos habrían obligado al docente a firmar un acta de demora. E.L. aseguró que no pudo leerla completa y que tampoco recibió una copia.
La denuncia también incorporó un episodio de salud ocurrido durante el procedimiento. El docente manifestó que sufrió una crisis hipertensiva, con cefalea, mareos y náuseas, y afirmó que no recibió atención médica por parte de los policías.
Al regresar a su domicilio, según su relato, registró una presión arterial de 19/8. Por ese motivo recibió medicación de urgencia, duplicó su dosis habitual de antihipertensivos y luego inició tratamiento psicológico por estrés postraumático.
Qué pidió la defensa
Los abogados solicitaron que la Fiscalía de Delitos Complejos investigue al personal policial por una serie de delitos. La presentación menciona privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional, apremios ilegales y vejaciones, extorsión y falsificación de instrumento público.
Para respaldar la denuncia, los representantes de E.L. pidieron incorporar el comprobante de la transferencia de $1,5 millones y las capturas vinculadas con la extracción de $1 millón.
También solicitaron que se analicen las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la Comisaría de El Chañar y que el Banco Macro aporte registros fílmicos de los cajeros y datos de geolocalización.
La presentación incluyó además pedidos a Naranja X y Mercado Pago para reconstruir los movimientos de dinero y establecer el destino de los fondos.
Los abogados también reclamaron que todo el personal que estaba de guardia en la dependencia durante el horario señalado participe de una rueda de reconocimiento. A la Policía de Tucumán le solicitaron la nómina de efectivos que prestaron servicio ese día, sus legajos y los antecedentes de denuncias similares registradas en esa comisaría.
Por último, pidieron una prohibición de acercamiento de 200 metros para los policías de El Chañar que pudieran estar involucrados. Además, solicitaron que el Superior Gobierno de la Provincia sea demandado en el fuero civil por la responsabilidad que, según sostuvieron los denunciantes, podría corresponderle por el accionar de sus dependientes.
La denuncia deberá ahora ser analizada por la Justicia para determinar qué ocurrió durante el procedimiento y si existieron responsabilidades penales por parte de los efectivos señalados.
