La discusión por el futuro de los biocombustibles dio un nuevo paso en el Congreso y Tucumán quedó en el centro de uno de los puntos principales del proyecto: el aumento del porcentaje de bioetanol incorporado a las naftas.
La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado emitió dictamen favorable para el nuevo marco regulatorio. La propuesta plantea elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% actual al 15% dentro de un año.
La senadora nacional por Tucumán Beatriz Ávila valoró el avance y recordó el peso que tiene la actividad sucroalcoholera para la economía provincial.
“Después de muchos años de insistencia logramos avanzar con un dictamen. Tucumán no tiene petróleo ni litio, pero tiene caña de azúcar y una industria que desde 2006 viene realizando un aporte fundamental a la producción de energías renovables”, afirmó tras la reunión de comisión.
Cómo se distribuirá el nuevo corte
El proyecto establece una distribución específica para el bioetanol. Del 15% obligatorio, un 6% corresponderá al producto elaborado a partir de caña de azúcar, otro 6% será para el bioetanol de maíz y el 3% restante quedará bajo un esquema de libre competencia.
Para el biodiésel destinado al gasoil también se prevé una modificación. El porcentaje mínimo pasará del 7,5% al 10%.
Ávila sostuvo que el porcentaje acordado todavía está por debajo de su propuesta inicial. Su iniciativa planteaba llevar el corte al 18% de forma inmediata.
“El 15% me parece insuficiente, pero representa un avance importante para promover inversiones. Además, incorporamos la posibilidad de que cada provincia pueda aumentar ese porcentaje si así lo decide: Tucumán podría establecer en su territorio un corte del 18% o incluso del 20%”, explicó.
Ese punto representa una de las principales expectativas para la provincia. Si la norma avanza, Tucumán podría establecer un porcentaje superior al mínimo nacional y ampliar el mercado para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar.
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Una norma con horizonte de 15 años
El proyecto también apunta a darle mayor previsibilidad a una actividad que requiere inversiones de largo plazo. La iniciativa contempla una vigencia de 15 años, declara al sector de interés público nacional e incorpora herramientas fiscales y criterios para determinar los precios.
El esquema también fija cupos con el objetivo de evitar una concentración del mercado.
Para Tucumán, el alcance excede a los ingenios. La cadena sucroalcoholera incluye a productores cañeros, destilerías y trabajadores vinculados de forma directa e indirecta con la actividad.
Ávila remarcó ese impacto y vinculó la producción de biocombustibles con el desarrollo económico del Norte Grande.
“El beneficio no es solamente ambiental. Estamos hablando de energías renovables, trabajo genuino y crecimiento para Tucumán, el Norte Grande y el país. Cada vez que se carga un litro de nafta, una parte sustancial de ese combustible puede y debe ser producida por nuestras provincias”, sostuvo.
El respaldo de Jaldo y la expectativa por el Senado
La senadora también destacó el trabajo conjunto entre las provincias productoras de bioenergía, legisladores nacionales y representantes del sector privado.
En ese marco, reconoció las gestiones del gobernador Osvaldo Jaldo y el aporte técnico del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) para respaldar las demandas de la industria tucumana.
Ahora la expectativa está puesta en el tratamiento del proyecto en el recinto. Para Ávila, el dictamen representa un paso hacia un marco con mayor previsibilidad para una actividad estratégica para la provincia.
“Tenemos identidad tucumana y una profunda identidad azucarera. Esperamos que el dictamen pueda ser incorporado en la próxima sesión del Senado, porque significa más inversiones, empleo genuino y nuevas oportunidades para Tucumán”, concluyó.
