La Justicia de Tucumán absolvió este viernes a Álvaro Enrique Páez, Federica María Carolina Castro y Florencia María Jerez, los tres profesionales acusados por la muerte de Matías Nahuel Juárez, un niño de 8 años que falleció en octubre de 2016 después de una cirugía de amígdalas y adenoides.
El fallo puso fin al primer juicio oral por un caso de presunta mala praxis médica con resultado mortal en la historia judicial de Tucumán. El proceso comenzó diez años después de la muerte del menor y estuvo marcado por una fuerte disputa entre la familia y los profesionales que participaron de su atención.
La resolución estableció diferencias entre los tres acusados. Castro y Jerez fueron absueltas de culpa y cargo, mientras que Páez recibió la absolución por el beneficio de la duda. El tribunal también rechazó las demandas civiles presentadas por la querella contra los médicos y las compañías aseguradoras.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 21 de septiembre. A partir de esa fecha, las partes podrán analizar la posibilidad de presentar recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
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Una operación de bajo riesgo que terminó en tragedia
Matías ingresó al Sanatorio San Lucas el 20 de octubre de 2016. Tenía antecedentes de infecciones frecuentes en la garganta y los estudios previos a la intervención no habían detectado impedimentos para la cirugía.
La operación comenzó cerca de las 11 y terminó alrededor de las 12.30. El procedimiento estaba previsto para sus amígdalas y adenoides y, según la acusación, se trataba de una intervención de bajo riesgo.
Después de la cirugía aparecieron los primeros signos que luego ocuparon un lugar central en el juicio. El niño fue trasladado a una habitación en estado de semi consciencia y presentó sangrado, labios morados y signos compatibles con falta de oxígeno, según la reconstrucción sostenida por la querella.
La acusación sostuvo que el sangrado no recibió una respuesta adecuada. Una de las hipótesis planteadas durante la causa indicó que la pérdida de sangre pudo provocar un cuadro de shock hipovolémico y una posterior disminución de la presión arterial, con consecuencias sobre el cerebro.
Matías sufrió un ACV isquémico y su estado se volvió irreversible. Murió el 25 de octubre de 2016, cinco días después de la intervención.
La querella sostuvo que existieron demoras para identificar el cuadro neurológico y cuestionó que no se realizaran determinados estudios e interconsultas con especialistas. También puso bajo la lupa el tiempo que pasó entre la realización de una tomografía y su análisis médico.
Diez años de una pregunta sin respuesta
Uno de los elementos que atravesó el debate fue la ausencia de una autopsia. La propia madre de Matías explicó durante el proceso que, al momento de la muerte, no comprendía lo que había ocurrido y no realizó una denuncia inmediata.
La falta de ese estudio fue utilizada por las defensas y también por la Fiscalía para señalar las dificultades existentes para determinar con absoluta certeza la causa fisiológica que llevó al fallecimiento.
La familia sostuvo otra mirada. María Luna insistió durante años en que su hijo había ingresado al sanatorio en buenas condiciones y que nunca recibió una explicación convincente sobre su muerte.
Durante el juicio recordó la diferencia entre el ingreso y el desenlace de su hijo: «Matías ingresó caminando y me lo entregaron en un cajón», sostuvo.
La madre también cuestionó el comportamiento de los profesionales después de la intervención y aseguró que durante esos días recibió respuestas que no explicaban por qué el estado de salud del niño se deterioraba.
La Fiscalía pidió absolverlos
Antes del veredicto, la fiscal Marta Jerez había solicitado la absolución de los tres acusados. Su postura fue uno de los momentos más fuertes del proceso porque se apartó de la acusación sostenida por la querella.
La representante del Ministerio Público consideró que lo ocurrido fue «una contingencia médica» y sostuvo que los profesionales actuaron conforme a los protocolos disponibles. También señaló que no pudo establecerse con precisión el origen del cuadro que terminó con la vida de Matías.
Jerez planteó además que podían existir cuestionamientos vinculados con las condiciones institucionales y con la disponibilidad de equipamiento y personal, pero no encontró elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a los tres médicos.
La querella, representada por Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina, mantuvo una posición completamente distinta. Para los abogados de la familia, sí existieron conductas que permitieron establecer responsabilidad por homicidio culposo.
La acusación privada había pedido tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación para Páez, además de un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para Castro y Jerez.
Furque apuntó especialmente contra Páez y sostuvo durante los alegatos que «Se actuó tarde». La abogada cuestionó las demoras en la atención y sostuvo que algunas de las conclusiones de las juntas médicas no coincidían con lo expuesto durante el debate.
Páez declaró y pidió disculpas a la familia
En la última etapa del juicio, Páez decidió declarar. El otorrinolaringólogo reconoció la gravedad del desenlace y expresó sus disculpas a la familia, aunque negó haber tenido responsabilidad en la muerte del niño.
«Para un médico, este recinto no resulta nada agradable, pero sentía una necesidad enorme de venir a contar lo ocurrido y aliviar, de algún modo, la angustia que arrastro desde hace diez años», dijo al comenzar su declaración.
El médico sostuvo que no era responsable de la muerte de Matías y respondió solo las preguntas que aceptó contestar. La familia, por su parte, mantuvo sus cuestionamientos sobre la actuación de los profesionales.
El fallo terminó entre gritos y lágrimas
La lectura de la sentencia provocó una fuerte reacción en los Tribunales Penales de la Capital. Los familiares de Matías rompieron en llanto y reclamaron justicia frente a los acusados y al tribunal.
La situación escaló después de la absolución. Hubo gritos, reproches y empujones, por lo que efectivos policiales debieron formar un cordón de seguridad para separar a los familiares de los profesionales y ordenar el desalojo de la sala.
Para la familia, el fallo cerró una espera de diez años sin la respuesta que buscaba. Para los médicos, la sentencia terminó con una acusación que los llevó al primer juicio oral por mala praxis médica de la historia de Tucumán.
Pero el caso todavía no quedó completamente cerrado. El 21 de septiembre se conocerán los fundamentos de la decisión, un documento que permitirá a las partes definir si recurrirán la absolución ante la Corte Suprema provincial.
