La Legislatura avaló la intervención del ERSEPT y fijó nuevos plazos para la licitación de EDET

La Cámara convalidó la designación de Eduardo Cobos como interventor del organismo regulador y también aprobó una prórroga para avanzar con el proceso licitatorio de la distribuidora eléctrica. Los debates incluyeron cuestionamientos de la oposición, críticas al funcionamiento de los servicios públicos y un tenso enfrentamiento entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos.

La Legislatura de Tucumán trató este martes dos temas vinculados al futuro del sistema de control de los servicios públicos y de la empresa distribuidora de energía eléctrica EDET. Durante la sesión, los legisladores ratificaron la intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) y aprobaron nuevos plazos para el llamado a licitación pública nacional e internacional del paquete accionario de la empresa.

Ambas iniciativas generaron un extenso debate en el recinto. Oficialistas y opositores expusieron sus diferencias sobre la continuidad de las intervenciones, el funcionamiento del organismo regulador, el servicio que presta EDET y el valor de las tarifas eléctricas.

La sesión, presidida por el titular subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, también dejó varios cruces entre legisladores. El momento de mayor tensión ocurrió luego de la votación, cuando Tomás Cobos se acercó a la banca de Ricardo Bussi y le dijo: “Vamos afuera”. Otros parlamentarios intervinieron para evitar que el episodio escalara.

Ratificaron la designación de Eduardo Cobos al frente del ERSEPT

Uno de los principales temas de la sesión fue el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/1, firmado el 3 de agosto, mediante el cual el Poder Ejecutivo designó a Eduardo Cobos como nuevo interventor del ERSEPT.

La decisión se produjo luego de la salida del anterior interventor, Ricardo Ascárate, en medio de un conflicto institucional con la subinterventora del organismo, Ingrid Lausberg.

La oficialista Carolina Vargas Aignasse, como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, defendió la validez del decreto y sostuvo que el procedimiento se ajustó a las facultades previstas para el Poder Ejecutivo.

“Esta es una facultad atribuida al Poder Ejecutivo en la Constitución de la provincia en el artículo 101 inciso 2”, afirmó. Luego agregó: “Hemos considerado pertinente ratificar en todos sus términos el decreto acuerdo con invocación de urgencia a estudio de la comisión, por lo tanto recomendamos su sanción”.

Desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre la continuidad de las intervenciones en distintos organismos provinciales.

La legisladora Silvia Elías de Pérez, de Valores para Tucumán, planteó sus reparos sobre el uso de este mecanismo y cuestionó la extensión de las intervenciones. “La pregunta que yo me haría en este momento es mucho más incómoda que poner en tela de juicio un nombre… porque es hasta cuándo la excepción constitucional se puede estirar, dar vuelta y convertirla lisa y llanamente en la forma en que se gobierna un organismo”, expresó.

También recordó la situación de otros entes provinciales y sostuvo: “Tenemos con esta metodología 36 años del Subsidio de Salud intervenido. 35 años del IPV intervenido, 28 años del IPACYM intervenido, 23 años de la Caja Popular intervenida, 26 años del IPLA intervenido. Ahora empezamos los primeros dos años del ERSEPT. Ese no es el mejor camino”.

En la misma línea, José Seleme, de Avanza Tucumán, reclamó que el organismo recupere autonomía institucional. “Queremos un ente autárquico de verdad, con autoridades elegidas como corresponde, con procedimientos legales. Hay que dotarle al ente estabilidad, sobre todo independencia, transparencia, profesionalismo”, manifestó.

El legislador Hugo Ledesma, del oficialismo, realizó una evaluación crítica de la gestión de Ascárate y sostuvo que el organismo no cumplió adecuadamente su función de control sobre las empresas prestatarias.

No estoy de acuerdo con que haya sido una buena gestión. Creo que ha sido muy perjudicial. Creo que lejos de defender a los ciudadanos ha defendido a EDET y a Transnoa”, afirmó.

En cambio, José Cano, de Radicalismo Federal, defendió la gestión del exinterventor y cuestionó la utilización de decretos para sostener las intervenciones. “Yo estoy convencido que Ascárate hizo una buena gestión. Cuando Ascárate asumió, el Ejecutivo tuvo que asistir para poder pagar el aguinaldo a los empleados. Hoy quedaron $10.800 millones, se recuperó el fondo de eficiencia energética que al ERSEPT nunca se le exigió que lo utilice como debía”, sostuvo.

También expresaron sus cuestionamientos Claudio Viña, Manuel Courel, Ricardo Bussi y José Macome, quienes coincidieron en reclamar una mayor autonomía para el organismo.

Finalmente, la Legislatura aprobó la ratificación del decreto con 36 votos a favor, siete en contra y una abstención, correspondiente a Cano.

Nuevos plazos para la licitación del paquete accionario de EDET

La Cámara también aprobó una modificación del cronograma previsto para el llamado a licitación pública nacional e internacional del paquete accionario de EDET.

La iniciativa recibió 41 votos a favor y cuatro en contra.

El proyecto surgió luego de que no se cumplieran los plazos previstos en la Ley N° 9.913, sancionada en 2025. Esa norma estableció un cronograma para avanzar con el proceso durante los primeros meses de 2026.

Según se explicó durante el debate, el retraso estuvo vinculado a los tiempos necesarios para la aprobación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que el ERSEPT aprobó mediante la Resolución 240/2026.

Con la modificación aprobada por la Legislatura, el llamado a licitación deberá concretarse hasta el 30 de septiembre. Además, el segundo período de gestión vencerá el 4 de abril de 2027, mientras que la concesión mantiene como fecha de vencimiento final el 4 de agosto de 2085.

El presidente de la Comisión de Energía y Comunicación, Alberto Olea, explicó los fundamentos del proyecto y recordó que el marco regulatorio del servicio eléctrico estableció una concesión de 90 años, dividida en diferentes períodos de gestión.

“La Ley 6608 estableció una duración de 90 años a la empresa, la cual se dividió en periodo de gestión, primero de 20 años, luego sucesivamente en periodo de 7 y de 10 años. El vencimiento de la misma sería en el año 2085…”, señaló.

Olea sostuvo que la aprobación de la prórroga resultaba necesaria para adecuar el cronograma al proceso administrativo. “Al haberse iniciado el proceso al llamado, pero no habiendo podido efectuar la licitación en el plazo estipulado, no se pudo cumplir con las pautas establecidas en el contrato de concesión, por lo cual se solicita la prórroga…”, afirmó.

El debate también abrió una discusión sobre el funcionamiento de EDET, las tarifas eléctricas y el rol del organismo regulador.

Elías de Pérez cuestionó distintos aspectos del contrato de concesión y expresó: “La cancha está inclinadísima con este contrato, tan inclinada que lo único que hacemos con los periodos estos de gestión es darle la posibilidad a la empresa que cuando se quiera tomar el buque se lo tome y se vaya”.

Por su parte, Hugo Ledesma cuestionó la facturación y los reclamos de los usuarios por los cortes y las variaciones de tensión. “Cobran lo que quieren y hay que pagar si se puede y después protestar de que arruinan los electrodomésticos de la familia con los cortes o con las sobrecargas y luego no quiere hacerse cargo la empresa”, afirmó.

José Cano también expuso sobre el costo de la energía y la carga impositiva que impacta sobre las facturas. “En Tucumán pagamos más caro el KW/hora que lo que paga Jujuy siendo la misma empresa”, señaló.

Desde la oposición, Manuel Courel votó en contra de la modificación de los plazos y cuestionó la falta de información sobre el cumplimiento de obras y compromisos vinculados al proceso.

Ricardo Bussi también rechazó la iniciativa y criticó las sucesivas prórrogas. “Simplemente nos oponemos que sesión tras sesión tenemos que convalidar desprolijidades e improvisación por parte del Poder Ejecutivo”, manifestó.

Cruces y acusaciones durante la sesión

El tratamiento de la intervención del ERSEPT también derivó en un fuerte intercambio entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos.

Durante su exposición, Bussi cuestionó la trayectoria de Eduardo Cobos al frente de la Defensoría del Pueblo y acusó al organismo de haber incrementado su planta de personal durante el período previo a la elección provincial.

La Defensoría contaba con 340 empleados permanentes. Luego cuando se fue y de acuerdo a la ley de presupuesto 2026, la oficina cuenta con 486 empleados de planta permanente, lo cual indica que hay 146 empleados nuevos. Esto se hizo por la campaña”, afirmó.

Tomás Cobos respondió a las críticas y calificó a algunos dirigentes opositores como “dinosaurios políticos”.

“Uno también está cansado de escuchar a estos dinosaurios políticos que, bueno, por ahí no tan solo dinosaurio, sino que ya a lo largo de la historia de esta política creo que van a dejar de existir”, expresó.

Luego, Cobos acusó a integrantes de la oposición de pasar por la Presidencia de la Cámara o por Casa de Gobierno “a pedir bolsos”.

“Siguen mintiendo y criticando con cosas que no son ciertas… pero son los primeros que pasan por Presidencia (de la Cámara) o por la Casa de Gobierno a pedir bolsos. No sé qué bolsos la verdad, pero bueno, habría que empezarlo a hablar”, dijo.

Bussi volvió a pedir la palabra y reclamó precisiones sobre esa acusación.

“Yo a la Casa de Gobierno no voy hace años… si se hacía una denuncia de este tipo hay que especificar más… fecha, lugar, de qué bolso se trata… merece por lo menos un chirlo decirle eso al presidente de nuestra legislatura”, respondió.

“Vamos afuera”: el momento de mayor tensión

La discusión no terminó con los discursos.

Después de la votación, Tomás Cobos se levantó de su banca y se acercó hasta el lugar donde estaba Ricardo Bussi. Allí, según se escuchó durante la sesión, le dijo: “Vamos afuera”.

Bussi denunció la situación ante Sergio Mansilla: “¡Me está amenazando!”.

Cobos respondió: “Él está pidiendo que me den un chirlo”.

Ante la tensión, varios legisladores intervinieron para separar a ambos y evitar que el cruce derivara en un enfrentamiento físico. Cobos luego se retiró del recinto.

Así, la sesión dejó dos decisiones legislativas vinculadas al futuro del sistema de servicios públicos de la provincia: la ratificación de Eduardo Cobos como interventor del ERSEPT y la aprobación de nuevos plazos para la licitación del paquete accionario de EDET. Ambos debates concentraron buena parte de las diferencias políticas de la jornada y derivaron, además, en uno de los cruces más tensos de la sesión.

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