La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió hoy iniciar formalmente una investigación contra los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Cristina Giordano, por el vaciamiento del subsuelo del tribunal que derivó en la destrucción y pérdida de pruebas judiciales de causas en trámite. La decisión, adoptada en el expediente 99/2026 impulsado por la legisladora Silvia Elías de Pérez, ordena librar oficio a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para que informe de manera exhaustiva sobre el operativo calificado internamente como “limpieza integral”.
La irregularidad resulta de gravedad institucional. En mayo pasado, sin inventario previo, sin resolución administrativa o jurisdiccional fundada, sin notificación a las partes y sin control posterior sobre el destino final del material, los tres magistrados dispusieron el retiro masivo de elementos secuestrados que se encontraban bajo custodia judicial desde hacía décadas. El operativo, ejecutado con camiones y personal de Gendarmería Nacional, involucró cajas con estupefacientes, armas de fuego, dinero en moneda nacional y extranjera, documentación sensible, expedientes y pruebas periciales. Parte del material terminó en la sede de la fuerza y otra, según testimonios, en el basurero municipal. Durante las tareas aparecieron incluso explosivos con espoleta que habrían sido descartados sin actas formales.
El secretario de Cámara, Hugo del Sueldo Padilla, quien lleva 33 años a cargo de la custodia de los secuestros bajo un sistema de recepción, rotulado e inventario, se opuso expresamente a la medida. El 11 de mayo advirtió a Giordano, en presencia de Farías y Bothamley, que en el subsuelo del edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco había pruebas de causas activas, entre ellas material de la causa del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán Juan Alberto Cerisola. La magistrada minimizó las prevenciones, exigió las llaves y aseguró que los jueces se encargarían. Del Sueldo Padilla entregó las llaves, con excepción de una bóveda. Cuando intentó documentar los hechos mediante un expediente administrativo, según su denuncia, Giordano rompió la carátula afirmando que no existía ningún expediente.
La Fiscalía Federal ante el TOF, a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña, reclamó en reiteradas ocasiones precisiones sobre qué se retiraba, bajo qué resolución, con qué inventario y con qué criterio de destrucción. Nunca obtuvo respuesta. La opacidad alcanzó su punto más visible cuando, en junio, se abrió el juicio oral de una causa de 2015 contra un policía de la comisaría 6ª acusado de entregar 58 pastillas de alprazolam a un detenido a través de la rendija de una celda. Bajo la presidencia de Farías y con la participación virtual de Bothamley y Giordano, el propio tribunal informó que las pastillas ya no existían: se habían perdido en la limpieza del subsuelo.
Camuña recusó al tribunal por haber sido sus integrantes quienes ordenaron el operativo que provocó la desaparición de la prueba. La recusación fue rechazada. Sin el elemento material, el fiscal desistió de la acusación, el imputado fue sobreseído y se dispuso la remisión de las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura. Camuña calificó el hecho de “excepcionalmente grave” y advirtió que la falta de transparencia genera un área del Estado inaccesible, incompatible con un Estado de Derecho. Señaló, además, el riesgo de que el mismo destino hayan corrido muestras de estupefacientes, armas y documentación de otras causas sensibles, incluida la denominada “causa Ale” y procesos por delitos de lesa humanidad.
“Cuando se adoptan decisiones oscuras, no se notifican las partes, no se responden a los informes… se está generando un área del gobierno, un área del Estado que es inaccesible para todos y eso no es admisible en un Estado de Derecho. La transparencia no es una facultad que tienen los jueces, es una de las primeras obligaciones, porque la transparencia lo que da, lo que genera en las instituciones es legitimidad.”
— Fiscal general subrogante Pablo Camuña
La denuncia penal de Del Sueldo Padilla, presentada el 12 de junio ante el fiscal federal Agustín Chit, y la presentación de Elías de Pérez del 22 de junio, configuraron el expediente que hoy la Comisión de Disciplina —a instancia del consejero Roberto Lugones— elevó a investigación formal. El oficio a la Cámara Federal de Tucumán exige confirmar el conocimiento del operativo, la faltante de las 58 pastillas de alprazolam, las advertencias del secretario y la remisión de todas las actuaciones administrativas y penales.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán funcionó durante años en completa acefalía de sus tres vocalías titulares, tras las jubilaciones de Gabriel Casas y Alicia Noli y el fallecimiento de Carlos Jiménez Montilla. Esa situación forzó la integración permanente con subrogantes de otras provincias. Recién en julio el Poder Ejecutivo formalizó las designaciones de Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo, quienes asumieron a fines de ese mes. El vaciamiento del subsuelo se produjo bajo la integración subrogante anterior.
