La Justicia penal tucumana resolvió imputar y disponer el arresto domiciliario preventivo por siete días para Mónica Rodríguez y Sergio Amarello, un matrimonio acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tras un allanamiento en su domicilio de pasaje Zenón Santillán al 3.800. Durante el procedimiento —iniciado originalmente por la investigación de un delito contra la propiedad—, la Policía secuestró 259 gramos de marihuana, cuatro plantines de cannabis, frascos de aceite medicinal, cremas, un triturador, una balanza digital, un arma de fuego registrada y municiones. La Fiscalía de Narcomenudeo sostiene la hipótesis de venta ilegal basándose en el fraccionamiento potencial y la presencia del instrumento de precisión, remarcando la ausencia de credencial activa del Reprocann.
La defensa técnica de los acusados rechazó la acusación fiscal y denunció irregularidades procedimentales en la orden de entrada y registro, al argumentar un error en la numeración catastral consignada en el oficio. Asimismo, los defensores presentaron documentación clínica y el Certificado Único de Discapacidad para acreditar que la plantación era destinada de forma exclusiva a la elaboración artesanal de extractos para su hijo de 20 años, diagnosticado con epilepsia y trastorno del espectro autista (TEA) severo. Tras el rechazo de los planteos de nulidad por parte de la jueza Judith Solórzano, la magistrada negó la prisión preventiva en establecimiento penitenciario solicitada por el Ministerio Público Fiscal y fijó una medida cautelar de prisión domiciliaria por siete días mientras se incorporan peritajes al legajo de investigación.
Cannabiculturismo, marco regulatorio del Reprocann y el debate penal
El procesamiento de familias cultivadoras pone de manifiesto la tensión recurrente entre la legislación penal contra el narcotráfico y el acceso a terapias cannábicas para patologías neurológicas complejas. La falta de actualización en el registro oficial (Reprocann) suele derivar en la judicialización de usuarios terapéuticos bajo acusaciones de narcomenudeo debido al secuestro de balanzas de precisión e insumos de extracción casera. El caso vuelve a abrir el debate jurisprudencial sobre la interpretación del dolo eventual de comercialización frente a la elaboración de medicamentos fitoterapéuticos en el ámbito privado y la protección constitucional de la salud.
