Las masivas publicidades durante el Mundial de Fútbol terminaron de asquear a una sociedad que era consciente del avance de la ludopatía, pero que no terminaba de dimensionar el poder económico de los dueños del juego. En ese contexto, el diario La Gaceta decidió de repente poner en agenda este grave problema que avanza sobre la juventud, incluso sobre los menores de edad.
Ante la evidencia pública de la gravedad del flagelo, el matutino apuntó contra el Gobierno provincial por no haber reglamentado la Ley 9828. Sin embargo, la preocupación expresada, lejos de aparecer como auténtica, esconde en realidad la protección tanto de los dueños del juego como de los beneficiarios de la publicidad de los operadores de apuestas. De este último grupo, el más beneficiado en la provincia es, sin duda, La Gaceta.
Para sostener su ofensiva al Poder Ejecutivo por las demoras, el centenario diario tucumano apeló a las declaraciones de dos legisladores opositores: José Cano y Silvia Elías de Pérez. Estos dos dirigentes del radicalismo han tenido en los últimos años un fuerte acercamiento al diputado y empresario del juego Carlos Cisneros, quien, junto a Roberto Sagra, resultarían los principales “protegidos” de esta inocua ley sancionada en 2024. No es casualidad que Elías de Pérez actúe en defensa de los intereses de Cisneros. Ya fue denunciada por supuesta propiedad de agencias de quiniela con testaferros de intermediarios y sus familiares se muestran cercanos al bancario.
Porfolio de la legisladora Silvia elias de Pérez.
Su hijo Mingo secanucas oficial de Anibal en la fiesta de La Bancaria.
Agencias de quiniela por parte del bancario.
Entienden por qué la oposición radical con Cano incluido no lo investigan, son amigos y los favores se pagan. pic.twitter.com/kef6W1BpZV
— emi gb (@emigbusquet) August 5, 2026
Once proyectos de distintos bloques se unificaron en un solo texto que la Legislatura sancionó por unanimidad el 21 de noviembre de 2024. Detrás de ese consenso, sin embargo, aparecen con claridad dos nombres que concentraron el protagonismo político de la norma: el legislador Hugo Ledesma y Gabriel Yedlin.
Por qué la Ley es inocua
En los países desarrollados con mejores resultados en el abordaje de la ludopatía, las leyes combinan con rigor la prevención con restricciones estructurales a la oferta. Suelen incluir un aporte obligatorio de los operadores (levy) destinado a investigación y tratamiento, límites estrictos a la publicidad —especialmente en eventos deportivos y en horarios de audiencia infantil—, registros de autoexclusión de cumplimiento obligatorio y compartidos entre todas las plataformas, topes de depósitos y de pérdidas diarias o semanales, sistemas de verificación biométrica de edad y, sobre todo, una autoridad reguladora independiente que no esté controlada por los propios operadores del juego.
La Ley 9828 de Tucumán se ubica en el extremo opuesto de ese modelo. Se concentra casi exclusivamente en la demanda: campañas educativas, detección escolar y tratamiento. No obliga a los operadores a financiar la respuesta sanitaria, no impone límites de depósitos ni de apuestas, no establece restricciones contundentes a la publicidad, no crea un registro de autoexclusión operativo y, lo más grave, incorpora a la Caja Popular de Ahorros —el organismo que regula y al mismo tiempo explota el monopolio del juego— en la mesa interministerial encargada de diseñar la prevención. El resultado es una norma que permite mostrar acción institucional sin alterar de manera significativa el volumen ni las condiciones del negocio.
La norma que impulsaron Ledesma y Yedlin eligió el camino más suave. Crea un Programa Provincial de Prevención y Abordaje del Juego Problemático y de la Ludopatía. Integra una mesa interministerial con Salud, Educación, Desarrollo Social, Seguridad y, de manera decisiva, la Caja Popular de Ahorros. Sus funciones se centran en campañas de concientización, detección temprana en las escuelas a través de gabinetes psicopedagógicos y estrategias de tratamiento. Todo eso es necesario. Nada de eso toca de raíz las condiciones de oferta del juego.
No impone límites de depósitos ni de apuestas. No obliga a los operadores a financiar el tratamiento con un porcentaje de lo que recaudan. No establece restricciones contundentes a la publicidad. No modifica el diseño de los productos. Deja a la Caja Popular —el organismo que regula y al mismo tiempo explota el monopolio del juego oficial— sentada en la mesa que diseña la prevención. Es el clásico conflicto de intereses: quien vive de la adicción participa de la política que debería combatirla. Y quienes impulsaron esa arquitectura son, precisamente, Ledesma y Yedlin.
| Aspecto | Ley 9828 (Tucumán – 2024) |
Tendencia mundial (Reino Unido, España, Australia y países nórdicos) |
|---|---|---|
| Enfoque principal | Casi exclusivamente sobre la demanda: campañas educativas, detección escolar y tratamiento. | Combinación equilibrada de prevención + restricciones estructurales a la oferta. |
| Financiamiento del tratamiento | No existe aporte obligatorio de los operadores. | Levy (aporte obligatorio) de los operadores destinado a investigación, prevención y tratamiento. |
| Publicidad | Sin restricciones contundentes. No hay límites claros a la publicidad en eventos deportivos ni en horarios de audiencia infantil. | Límites estrictos o prohibición de publicidad en deportes, televisión y plataformas digitales, especialmente orientada a menores. |
| Límites de depósitos y pérdidas | No existen topes de depósitos ni de pérdidas diarias/semanales. | Límites obligatorios de depósitos, pérdidas y tiempo de juego, con posibilidad de autoexclusión reforzada. |
| Registro de autoexclusión | No contempla un registro operativo y compartido entre todas las plataformas. | Registro nacional o provincial de autoexclusión de cumplimiento obligatorio y compartido entre todos los operadores. |
| Verificación de edad | Menciones genéricas. No exige sistemas biométricos ni controles técnicos robustos. | Verificación biométrica o de identidad reforzada obligatoria antes de permitir el juego. |
| Autoridad de aplicación | Incluye a la Caja Popular de Ahorros (operador y regulador) en la mesa interministerial que diseña la prevención. | Autoridad reguladora independiente, sin participación de los operadores del juego. |
| Modificación de productos | No interviene en el diseño de las plataformas ni en las mecánicas más adictivas. | Regulación del diseño de productos: se prohíben o limitan características de alto riesgo (velocidad de juego, bonos agresivos, etc.). |
| Estado de implementación | Sancionada en noviembre de 2024. Casi dos años después sigue sin reglamentación plena. | Normas con plazos claros de reglamentación y mecanismos de control y sanción efectivos. |
Ledesma, cuñado de Carlos Cisneros, fue uno de los autores más activos del proceso. Presentó un proyecto clave de modificación de la Ley de Juego Responsable y, una vez aprobada la norma, se convirtió en su principal vocero oficialista. Declaró públicamente que se habían unificado “alrededor de 18 proyectos de unos 30 legisladores”. Su cercanía familiar con Cisneros —quien durante décadas ejerció una influencia decisiva sobre la Caja Popular de Ahorros— no es un detalle menor: el mismo legislador que impulsó la norma de prevención forma parte del entorno más íntimo de quien controla, de hecho, el monopolio del juego oficial en la provincia.
Gabriel Yedlin, por su parte, actuó como miembro informante del dictamen unificado en el recinto. En ese entonces presidía la Comisión de Salud Pública y fue quien resumió ante sus pares el sentido de la ley: regular el juego online, bloquear sitios en escuelas y edificios públicos, y crear un programa de prevención. Yedlin pertenece al espacio histórico de Juan Manzur y, junto a él, integra el círculo de dirigentes peronistas más cercanos a la órbita de influencia de Cisneros. Su rol técnico y político fue decisivo para darle forma final al texto que terminó convirtiéndose en ley.
Un flagelo global
Mientras tanto, la ludopatía avanza. Según datos que manejan legisladores de la oposición y relevamientos nacionales citados por UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes tucumanos de entre 12 y 17 años tuvo contacto con plataformas de apuestas. Uno de cada ocho ya arrastra deudas. La puerta de entrada suele abrirse alrededor de los 13 años, casi siempre a través del celular y de billeteras virtuales. Hay testimonios de chicos que apuestan durante los recreos. Hay familias que descubren deudas millonarias cuando ya es tarde. El propio legislador Alfredo Toscano contó en público cómo su hijo llegó a deber la cuota del colegio de la nieta.
Casi dos años después de su sanción, la ley sigue sin reglamentación plena. No hay autoridad de aplicación definida con claridad, no se ejecutaron los bloqueos de sitios en las escuelas, no se desplegaron las campañas masivas prometidas y el programa interministerial apenas existe en el papel. El resultado es previsible: la norma permite al Estado y a los operadores mostrar que “hicieron algo” sin alterar el volumen de negocio.
Las plataformas legales autorizadas por la Caja Popular (Pálpitos y TucuApuestas) y el resto del ecosistema de apuestas siguen operando. El empresario Roberto Sagra controla, según documentación pública y reportes periodísticos, las principales operadoras privadas vinculadas a ese monopolio. Cisneros, con décadas de influencia sobre la Caja Popular, ha reconocido públicamente su rol en la habilitación de plataformas y mantiene una empresa cuyo objeto social incluye la comercialización de juegos del Hipódromo.
La polémica alcanzó incluso a la Iglesia. En junio de 2026, Cisneros afirmó en su propio medio que el exgobernador Juan Manzur había limitado las licencias de juego online a solo dos empresas porque se había “comprometido con la Iglesia” para resguardar a los jóvenes de la ludopatía. El arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, desmintió de plano esa versión: “No recuerdo que nos hayan llamado a una reunión para ver qué empresas de juego pueden estar. Yo hace más de ocho años que soy obispo en Tucumán y no he recibido invitación para una reunión de esas”. La invocación religiosa, según el propio arzobispo, nunca existió.
En ese escenario, el principal diario de la provincia acompañó la sanción de la ley con una cobertura que enfatizó sus virtudes y minimizó sus limitaciones. Presentó la norma como un avance necesario, reprodujo las declaraciones de Ledesma y Yedlin, y dedicó espacio a testimonios de afectados. Al mismo tiempo, el diario ha sido históricamente uno de los principales destinatarios de la pauta publicitaria vinculada a los juegos de azar que administra la Caja Popular. Investigaciones periodísticas independientes sostienen que, en los últimos años, intereses ligados a la misma red de operadores del juego —con Sagra y Cisneros en el centro— consolidaron una influencia decisiva sobre el medio.
La coincidencia no es menor. Una ley débil, centrada en la educación y no en la restricción de la oferta, resulta funcional a quienes lucran con el juego. Un medio que se beneficia de esa publicidad tiene pocos incentivos para interrogar con dureza la insuficiencia de la norma que dice defender. Y dos de los principales impulsores de esa norma —el cuñado de Cisneros y un dirigente del círculo más cercano a Manzur y a Cisneros— ocuparon el centro de la escena legislativa.
El círculo se cierra: el problema crece, la respuesta institucional se dilata y los mismos actores que concentran el negocio del juego y una parte relevante de la comunicación pública aparecen, de un lado o del otro, en la misma fotografía. El mensaje es el de siempre: la política junto a algunos medios son el instrumento de los multimillonarios e inescrupulosos dueños del Juego para parasitar infinitamente a la sociedad, sin importar, incluso, la mismísima Iglesia Católica.
