La disputa judicial por la reforma del Tribunal Municipal de Faltas sumó un nuevo capítulo. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán respondió al dictamen de la Fiscalía de Cámara que recomendó declarar la nulidad del decreto que modificó el funcionamiento del organismo y rechazó de manera categórica sus fundamentos.
A través de un documento elaborado por la Fiscalía Municipal, el Ejecutivo afirmó que el análisis de la Fiscalía de Cámara presenta «falencias insalvables». El escrito constituye la primera respuesta institucional luego de que ese organismo considerara que el decreto firmado por la intendenta Rossana Chahla avanzó sobre atribuciones que corresponden al Concejo Deliberante.
Aunque el dictamen no obliga a los jueces, sí representa un antecedente relevante para la decisión que deberá tomar la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa, que tendrá la última palabra sobre la validez de la norma.
Uno de los principales ejes de la defensa municipal apunta a la reconstrucción histórica utilizada en el dictamen. Según la Fiscalía, existió un «grosero error de apreciación fáctica e histórica» respecto del origen y la evolución de las normas que regulan el Tribunal Municipal de Faltas.
El Municipio sostuvo que el análisis parte de una interpretación equivocada al considerar que el Decreto N° 0099/SG/2025 contradice una ley posterior. En cambio, explicó que tanto el Decreto N° 365/G/1983 como la Ley Orgánica de Municipalidades N° 5.529 surgieron dentro del mismo proceso de reorganización institucional de 1983 y respondieron a un esquema común de distribución de competencias.
Con ese planteo, la Fiscalía Municipal afirmó que el dictamen construyó su conclusión sobre una «premisa temporal falsa». Desde esa mirada, el decreto firmado este año solo actualizó una reglamentación vigente desde hace más de cuatro décadas para adecuarla al funcionamiento actual de la administración.
Otro de los cuestionamientos se centró en las atribuciones del Departamento Ejecutivo. La defensa oficial rechazó la postura que reserva exclusivamente al Concejo Deliberante la facultad de reglamentar el funcionamiento del Tribunal de Faltas. Recordó que el decreto cuya modificación hoy se discute también nació por decisión del Poder Ejecutivo municipal y permaneció vigente durante más de 40 años sin objeciones.
En ese sentido, el escrito sostuvo: «Si la tesis de la Fiscalía de Cámara fuese correcta, el propio Decreto N° 365/G/1983 debería ser considerado nulo por haber sido dictado por un órgano incompetente».
La Fiscalía también marcó una supuesta contradicción en la postura de quienes impulsaron la demanda. «No puede sostenerse simultáneamente que el decreto de 1983 es válido para preservar el funcionamiento del Tribunal y, al mismo tiempo, afirmar que el Ejecutivo carece de competencia para modificar esa misma reglamentación mediante otro decreto», señaló.
Además, el Municipio cuestionó que el dictamen no incorporó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Según la presentación, esos fallos consideran al Tribunal Municipal de Faltas como un órgano integrante de la administración municipal, circunstancia que, a criterio del Ejecutivo, respalda las facultades reglamentarias de la intendencia sobre su organización interna.
Como cierre, la Fiscalía Municipal afirmó que el dictamen «ha falseado la cronología temporal de las normas aplicables, ha incurrido en contradicciones lógicas al convalidar regulaciones ejecutivas previas y ha soslayado abiertamente la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán». Por ese motivo, solicitó que ese pronunciamiento no resulte determinante al momento de resolver el expediente.
Con el dictamen de la Fiscalía de Cámara y la respuesta del Municipio ya incorporados a la causa, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa deberá definir si declara la nulidad del decreto impulsado por la gestión de Rossana Chahla o si confirma la reforma del Tribunal Municipal de Faltas.
