Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años, admitió este miércoles su responsabilidad en el encubrimiento del femicidio de Érika Antonella Álvarez y acordó una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, junto con una reparación económica de 100 millones de pesos destinada a la familia de la víctima. El juez Bernardo L’Erario Babot declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa técnica del imputado —ejercida por el abogado Patricio Char— y la querella. La sentencia quedó firme luego de que todas las partes renunciaran a interponer recursos de apelación.
La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, investigó el caso. La auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma calificó el hecho precedente de “brutal” y subrayó la fuerte carga simbólica contra la dignidad de la joven de 25 años que implicó el descarte de su cuerpo en bolsas de residuos dentro de un basural de la zona de Manantial Sur, donde fue hallado el 8 de enero de 2026.
Según la acusación, el 7 de enero de 2026, entre las 3.50 y las 7 aproximadamente, Felipe Sosa, de 50 años, conocido como “El Militar”, golpeó con extrema violencia a Érika Antonella Álvarez en su domicilio de calle Santo Domingo al 1100, unidad B, de Yerba Buena. Valiéndose de una relación asimétrica de poder y del sometimiento que sufría la víctima por su vulnerabilidad como mujer, le provocó la muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical.
Navarro Flores reconoció que, tras recibir llamados telefónicos de Sosa desde las 7.15 de ese mismo día, se presentó alrededor de las 9.06 en el domicilio a bordo de su motocicleta Betamotor modelo 38 Boy, dominio A110PWL. Permaneció allí unos 20 minutos. En la vivienda se encontraba también Justina Gordillo; la pareja lo invitó a comer panchos, invitación que rechazó, y el cuerpo de la joven estaba en el interior. Mantuvo comunicaciones con Sosa durante el resto de la jornada.
Cerca de las 22 regresó al lugar en una camioneta Toyota Hiace, dominio AF448RF. Se reunió con Sosa y Gordillo hasta las 23.48 y se retiró con dos bolsas que le entregó el presunto autor del femicidio. Posteriormente se deshizo de ellas en un contenedor. La Fiscalía sostiene que esas acciones contribuyeron al ocultamiento del cuerpo, de las prendas de vestir y de otros rastros del crimen, favoreciendo que Sosa eludiera la investigación y la acción de la Justicia. Navarro admitió saber que se trataba de pertenencias de una joven fallecida en la casa, aunque sostuvo que desconocía que Sosa hubiera sido el autor de la muerte.
El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) aportó pruebas decisivas: el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Dirección de Análisis Criminal, que registró reiterados contactos entre Sosa y Navarro en las horas posteriores al crimen; los estudios de impacto de antenas, que ubicaron ambos teléfonos en la misma zona de cobertura del domicilio de Sosa; y los registros de cámaras de seguridad que identificaron la llegada de una motocicleta de características similares a la del imputado. Navarro colaboró al declarar en dos oportunidades y responder las preguntas formuladas, pero no se presentó de manera espontánea: fue detenido el 25 de febrero de 2026.
El proceso penal continúa respecto de Felipe Sosa, imputado como autor material del femicidio; de Justina Gordillo, de 48 años, funcionaria pública, acusada de encubrimiento por favorecimiento personal y real triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria; y de Jorge Orlando Díaz, de 40 años, imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por ser el hecho precedente especialmente grave. El abogado de la familia de la víctima, Carlos Garmendia -quien percibirá una importante porción de los 100 millones-, consideró de suma importancia lo ocurrido en la audiencia, en la medida en que la información generada resultará relevante para el futuro debate oral.
