El Palacio de Hacienda comenzó a delinear junto a las principales firmas del sector retail una estrategia orientada a profundizar el sendero de desaceleración inflacionaria, con especial foco en la canasta básica de alimentos. En el marco de una audiencia de trabajo entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la cúpula de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la administración central analizó cómo la estabilidad del mercado cambiario y una eventual moderación de las demandas laborales podrían actuar como anclas nominales para el segundo semestre. El esquema oficial, sin embargo, debe arbitrar en un escenario de marcada contracción del mercado interno; según los últimos registros oficiales del INDEC, las ventas en supermercados exhibieron una retracción interanual del 3,7% real a nivel federal en abril, una dinámica contractiva que en la provincia de Tucumán adquiere rasgos de severidad al consolidar un desplome del 10,7% real durante el primer cuatrimestre del año.
Desde la perspectiva del Gobierno, los indicadores de alta frecuencia ya convalidan un proceso de descompresión en los canales minoristas. Al término de la sesión con los directivos, Caputo aseveró: “Coincidimos en que en las góndolas se está reflejando la baja de la inflación y que esto tendrá un impacto positivo en las ventas del sector”. Las auditorías internas de las propias cadenas respaldan parcialmente este diagnóstico técnico, ubicando la variación de precios en el rubro alimenticio durante junio en un rango de entre el 0,1% y el 0,4% mensual, guarismos que se posicionan por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.
Pese al optimismo oficial, las jurisdicciones del Norte Grande continúan mostrando una mayor resistencia a la estabilización macroeconómica. En Tucumán, la facturación global de los supermercados durante abril se fijó en $32.010 millones, cifra que representó un desplome real del 11,4% interanual. Este indicador ubica a la provincia entre los distritos con mayor deterioro del consumo minorista en el plano nacional, compartiendo el lote crítico junto a Misiones y Corrientes. En términos de eficiencia operativa, el ticket promedio en suelo tucumano se situó en $39.134, reflejando un rendimiento por metro cuadrado inferior al promedio ponderado de las grandes metrópolis del país.
Uno de los vectores de mayor complejidad en la estructura de costos empresariales se focaliza en la negociación paritaria del sindicato de Comercio, entendimiento que regula los ingresos de 1,2 millones de asalariados. Los representantes corporativos instaron a la prudencia y solicitaron encuadrar los incrementos dentro de los parámetros de la inflación futura, con el propósito de evitar un traslado directo a los precios finales de los bienes transables. Fuentes jurídicas de las cadenas señalaron la persistencia de tensiones con los nucleamientos gremiales, bajo el argumento de que las bases «pretenden, cuanto menos, la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que la ubica en un 2% promedio».
Esta puja distributiva se inscribe, además, en un contexto de contracción de las plantillas de personal formal. El empleo en el sector de grandes superficies comerciales registra una caída interanual del 2,4% en el orden nacional. Frente a las lecturas del Poder Ejecutivo, que asocia los cambios de tendencia al fuerte incremento del comercio electrónico y las plataformas digitales, los cuadros ejecutivos de las compañías disienten y mantienen la cautela: “El consumo sigue cayendo, menos, pero no se terminó de recuperar y la rentabilidad se ve impactada”, sostienen.
Las dificultades en la rentabilidad y las consecuentes reestructuraciones corporativas tuvieron su correlato directo en el mercado laboral tucumano. A fines de 2025, el holding internacional Cencosud dispuso el cierre definitivo de 18 de sus establecimientos a nivel nacional, una readecuación de activos que incluyó la clausura de sucursales de la firma Vea en la provincia. Paralelamente, en el sector se citan las complejidades financieras de firmas tradicionales como la cadena Toledo, que debió implementar un esquema de pago de haberes en cuotas antes de normalizar sus flujos de caja.
Ante este panorama de vulnerabilidad comercial, las empresas asociadas en la ASU formalizaron un reclamo ante las autoridades fiscales para incrementar las fiscalizaciones sobre la economía informal. Los directivos argumentaron que la competencia no registrada erosiona de manera estructural los márgenes de los operadores formales por la pérdida neta de transacciones en los canales marginales. El éxito del programa económico para el tramo final del año quedará supeditado a la capacidad del Gobierno para equilibrar la reducción del índice de precios con una recomposición real de los ingresos disponibles, variable indispensable para dinamizar la actividad en los puntos de venta.
