La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin definitivo al recorrido judicial del ex juez penal tucumano Juan Francisco Pisa y confirmó la firmeza de su destitución, resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento de Tucumán en noviembre de 2021 por graves irregularidades en el tratamiento de las denuncias previas al femicidio de la profesora de inglés Paola Estefanía Tacacho.
El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por Pisa contra la decisión de la Corte Suprema provincial que había declarado la caducidad de su acción de amparo. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que el ex magistrado no demostró arbitrariedad en la resolución provincial ni un perjuicio irreparable que justificara la intervención federal. Señalaron expresamente que ningún planteo constitucional exime del cumplimiento de las reglas procesales, como la obligación de impulsar el expediente y acompañar los bonos para notificaciones.
Historia de un crimen que se pudo evitar
Paola Tacacho, de 32 años, oriunda de Salta y residente en San Miguel de Tucumán, donde trabajaba como profesora de inglés en el Colegio Mark Twain, fue asesinada el 30 de octubre de 2020 en plena calle Monteagudo al 500, en el centro de la capital tucumana. Su agresor, Mauricio Parada Parejas, exalumno suyo, la atacó con un cuchillo tras esperarla a la salida del gimnasio. Le asestó varias puñaladas y luego se suicidó en el lugar. Paola se desangró pese a los intentos de auxilio de vecinos.
Durante al menos cinco años (desde 2015/2016 hasta 2020), Tacacho sufrió un sistemático acoso por parte de Parada Parejas. Realizó entre 13 y 22 denuncias (según las fuentes, con variaciones en el conteo oficial), por acoso laboral, amenazas, violación de medidas de restricción perimetral, intrusiones y mensajes intimidatorios en redes sociales. Solo una de esas causas llegó a juicio; las demás fueron archivadas, quedaron sin resolución o sin medidas efectivas de protección. La última denuncia fue en mayo de 2020.
En una de las causas por desobediencia judicial (iniciada tras la violación de una restricción de acercamiento en 2016), el entonces juez de Instrucción Penal Juan Francisco Pisa sobreseyó a Parada Parejas en 2017. Según las auditorías y el proceso disciplinario posterior, Pisa no consideró el contexto completo de violencia de género, omitió actualizar antecedentes, no valoró las múltiples denuncias previas ni las pruebas y testimonios que demostraban el incumplimiento sistemático, y falló en brindar tutela judicial efectiva.
Los cargos del Jurado de Enjuiciamiento
Estas falencias fueron determinantes para que el Jurado de Enjuiciamiento, por unanimidad, lo declarara culpable en noviembre de 2021 de tres cargos específicos:
- Incumplimiento de los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
- Falta de cumplimiento de los deberes por no observar las condiciones de vulnerabilidad de la víctima.
- Falta de cumplimiento de los deberes por no abordar la causa con perspectiva de género.
Se lo removió por “ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones” e “incumplimiento injustificado de los deberes inherentes al cargo”, conforme a la Ley 8.734. Fue el primer juez en Argentina destituido por falta de perspectiva de género en un caso de violencia machista.
Renuncia aceptada por Manzur y destitución bajo Jaldo
En octubre de 2020, en medio de la conmoción por el femicidio y los primeros pedidos de juicio político, Pisa presentó su renuncia. El entonces gobernador Juan Manzur la aceptó por decreto (369/14), lo que en principio permitía al magistrado —quien asumió en 2004— jubilarse con el 82% móvil y dejaba sin efecto los trámites de remoción en la Legislatura, donde se habían acumulado siete pedidos por mal desempeño.
Sin embargo, tras la asunción de Osvaldo Jaldo como gobernador, el proceso continuó. La Comisión de Juicio Político avanzó, el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó y, tras años de apelaciones, la Corte provincial declaró caduca su defensa y la Corte nacional cerró toda vía recursiva. La destitución quedó firme.
Responsabilidad civil
En septiembre de 2025, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo condenó solidariamente a la Provincia de Tucumán y al ex juez Pisa a indemnizar a la madre de Paola, Mariela Fernanda Tacacho, con más de 36 millones de pesos más intereses. La Provincia responde por el 100% y Pisa de manera concurrente por el 10%, reconociendo culpa grave del magistrado.
El caso generó un fuerte impacto institucional en Tucumán. Organizaciones de mujeres, como la Multisectorial, lo señalaron como precedente histórico. Mariela Tacacho, madre de la víctima, destacó que se abrió “una puerta de la justicia” que le fue negada a su hija durante años, aunque insistió en que la lucha continúa por todos los responsables.
La historia de Paola Tacacho expuso fallas estructurales en la respuesta del Estado a la violencia de género: denuncias reiteradas sin protección efectiva, sobreseimientos prematuros y ausencia de medidas integrales. Su femicidio, calificado como “anunciado”, impulsó auditorías judiciales, movilizaciones y reformas en el abordaje de estos casos.
