Detienen a siete policías federales en Tucumán por presunto cobro de coimas para facilitar contrabando

Siete efectivos de la Policía Federal Argentina que cumplían funciones en Tucumán fueron detenidos en el marco de una investigación judicial que los vincula a una presunta organización dedicada al cobro sistemático de sobornos para permitir el paso sin controles de tours de compras, bagayeros y otros vehículos que trasladaban mercadería desde la frontera con Bolivia hacia el sur del país.

El operativo, impulsado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, se desarrolló tras denuncias sobre maniobras corruptas de policías en el puesto fijo de Rapelli, localidad santiagueña cercano a Tucumán. Los denunciantes indicaron que los uniformados exigían pagos ilegales a quienes regresaban de zonas fronterizas con Bolivia.

El esquema delictivo funcionaba con tarifas claras: 100.000 pesos por tour de compras, 80.000 por camioneta y 50.000 por vehículos utilitarios. Para los micros, los coordinadores recaudaban el dinero entre los pasajeros y luego entregaban la suma a los policías.

Para reunir pruebas, el fiscal Simón diseñó un operativo especial autorizado por el juez federal Sebastián Argibay, usando billetes marcados que debían ser empleados para pagar las coimas.

La detención se concretó el martes a las 7 de la mañana, cuando Gendarmería Nacional allanó el destacamento de Rapelli. Se secuestraron más de 8 millones de pesos en efectivo, parte de ellos pertenecientes a los billetes señalados como evidencia, lo que llevó a la inmediata captura de los policías presentes.

La causa actual afecta a una oficial y seis suboficiales de la Policía Federal, todos tucumanos, y a dos coordinadores de viajes que habrían participado en la maniobra delictiva.

Los acusados enfrentan cargos por cohecho y encubrimiento de contrabando agravado por su condición de agentes de seguridad.

Rapelli es un punto estratégico para el control en el norte argentino, ya que es una de las rutas utilizadas para evadir los controles instalados en la Ruta Nacional 34, eje principal del tráfico de mercadería proveniente de la frontera.

Esta investigación revive antecedentes recientes: en enero, el mismo fiscal desarticuló otra banda de policías federales acusados de secuestrar drogas para su venta a narcomenudistas en Santiago del Estero.

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