Cerca de las 9 de la mañana del domingo 29 de junio, dos mujeres que viajaban por la Ruta Nacional 34 en un Renault Duster denunciaron ante la Policía de Salta un intento de asalto a tiros. Durante la inspección del vehículo dañado, los efectivos encontraron ocultos en un doble fondo del baúl aproximadamente 70 kilos de cocaína en ladrillos de color amarillo. El hallazgo, producto de un impacto de bala que levantó la chapa del compartimento secreto, derivó en la detención inmediata de Ivana Georgina Portal, médica de 39 años que se desempeña en Gendarmería Nacional, y de Delia Yolanda Tame, cosmetóloga de 35 años, propietaria de un centro de estética en Tartagal.
Según el relato de las mujeres, una camioneta blanca sin patente en su parte trasera las interceptó en la zona de El Potrero. Al resistirse, los ocupantes del otro vehículo abrieron fuego contra el Duster. Los disparos reventaron la luneta trasera y dañaron una cubierta, aunque ninguna de las dos resultó herida. Lograron escapar y se detuvieron a la altura del ingreso a El Potrero, donde realizaron la denuncia. Fue entonces cuando la Policía de Salta detectó la droga durante el control del automóvil.
Las pericias preliminares y la reconstrucción de los hechos llevaron a los investigadores a descartar un asalto común. Las hipótesis principales apuntan a una “mejicaneada”, es decir, un robo interno entre estructuras vinculadas al narcotráfico que operan en la zona de Tartagal. En este tipo de maniobras, según fuentes de la causa, grupos organizados simulan ataques para apoderarse de cargamentos sin abonar el transporte o para generar deudas millonarias con los eslabones inferiores de la cadena. El episodio ocurrió en un tramo de la RN 34 donde se habían registrado secuencias similares en el pasado reciente.
Ivana Georgina Portal figura como esposa del chofer —también integrante de Gendarmería Nacional— del jefe del Escuadrón de esa fuerza en Tartagal. Fuentes judiciales la describieron como una persona en situación económica comprometida, calificada como “irrecuperable” por el sistema financiero. Delia Yolanda Tame, amiga de Portal y conductora del vehículo, era una figura conocida en el ámbito local por su actividad comercial. Ambas mujeres ya se encontraban bajo la mira de la Justicia Federal desde meses atrás, según trascendió en el expediente.
Horas después del hecho, la Justicia Federal dispuso allanamientos simultáneos en Tartagal —incluidos barrios como Villa Saavedra y las inmediaciones de la Plaza de Mayo, además del centro de estética de Tame— y en Tucumán, a cargo de la División de Drogas Peligrosas. El cargamento tenía como destino la provincia de Buenos Aires.
En el marco de la misma causa quedó detenido un hombre señalado como uno de los autores de los disparos contra el Renault Duster. Fue interceptado posteriormente en El Tala. Hasta el momento, las personas privadas de su libertad en el expediente son las dos mujeres y este individuo.
La investigación, que avanza bajo estricto hermetismo, incorporó este lunes una nueva línea de análisis. Cuatro efectivos de la Policía de Tucumán —dos oficiales y dos suboficiales— se encontraban en el lugar donde ocurrió la interceptación y el tiroteo sobre la RN 34. Los policías estaban fuera de su jurisdicción y no contaban con orden judicial que justificara su presencia en el sitio.
Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia, se ejecutó una orden de presentación —distinta de un allanamiento— en el Puesto Policial 7 de Abril, ubicado sobre la ruta provincial 4 en Burruyacú. Durante el procedimiento se secuestraron las armas reglamentarias de los cuatro efectivos, sus teléfonos celulares, los libros de guardia y una camioneta que permanecía en el lugar por haber sido secuestrada previamente en otra causa penal. Los investigadores consideran que estos elementos pueden aportar datos relevantes para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué rol cumplieron los uniformados ese domingo.
La incorporación de los cuatro policías tucumanos abre la posibilidad de establecer si existió algún tipo de participación o vinculación de terceros con el presunto intento de apoderarse del cargamento de cocaína o si los efectivos desempeñaban alguna otra función en el lugar. La causa permanece activa y no se descartan nuevas imputaciones a medida que se procesen las pruebas recolectadas y se crucen los datos financieros y de inteligencia.
El episodio expone las tensiones internas dentro de las estructuras del narcotráfico regional y genera un impacto institucional significativo por la condición de Portal como profesional de la salud en Gendarmería Nacional, fuerza responsable del control de fronteras y del combate al tráfico de estupefacientes. La investigación continúa su curso con reserva de las actuaciones.
