La Justicia Federal de Tucumán desbarató una compleja organización dedicada al desvío de armas de fuego desde el mercado legal hacia redes criminales, con destino final en Chile. El eje principal de la causa es una armería ubicada en San Miguel de Tucumán, cuyas operaciones habrían legitimado el tráfico ilegal mediante documentación y transferencias irregulares.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez, del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, procesó sin prisión preventiva a ocho personas vinculadas a la maniobra, incluido el personal de la armería, usuarios usados como prestanombres, un proveedor y dos intermediarios. Se les imputó la entrega de armas a personas que no acreditaban su legítima condición ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
El magistrado ordenó restricciones personales, como prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la Justicia y embargos de bienes valuados entre 8 y 12 millones de pesos.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán bajo fiscalía de Agustín Chit, con apoyo de la auxiliar Julia Vitar y la instructora Jimena Ruiz, reveló un entramado que abarcaba Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Chile.
El caso se inició el 19 de diciembre de 2023 cuando Gendarmería Nacional efectuó un control sorpresivo en un ómnibus en La Invernada y detectó a dos argentinos que transportaban ocultas ocho pistolas de diversos calibres, cargadores, documentación y dinero extranjero.
Pericias posteriores demostraron que el armamento había sido adquirido en Tucumán días antes. El análisis de comunicaciones señaló que los transportistas ejecutaban órdenes impartidas desde Buenos Aires y Chile como parte de una red de tráfico internacional.
Según la Fiscalía, la organización reclutaba usuarios formales legales para compras oficiales ante ANMaC, pero esas armas eran transferidas inmediatamente a criminales para su inserción en el mercado ilícito y posterior traslado al vecino país.
Los investigadores acreditaron la colaboración de empleados de la armería, quienes validaban las operaciones firmas apócrifas y agilización de trámites para dar apariencia de legalidad.
Entre las evidencias recabadas, sobresalió un caso donde un arma estaba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020, mucho antes de la supuesta transferencia.
Díaz Vélez sostuvo que los empleados de la armería no podían alegar ignorancia por su entrenamiento y experiencia, que les permitían detectar irregularidades.
Concretaron allanamientos en San Miguel de Tucumán y Los Ralos, secuestrando más de 20 armas de distintos tipos —pistolas, revólveres, rifles, carabinas y escopetas— junto a municiones, cargadores de alta capacidad, supresores y material tecnológico.
La causa se articula con una investigación federal de Mendoza, en la que se solicitó la elevación a juicio de 34 imputados por una organización dedicada al tráfico internacional de armamento.
En esa pesquisa se constató la estructuración del circuito ilegal basado en compras legales simuladas y transferencias falsas para ocultar el verdadero destino, con tránsito clandestino desde Tucumán y distribución ilegal hacia Chile, principalmente mediante el paso Cristo Redentor.
Tucumán se posiciona como un punto estratégico para el abastecimiento y logística del tráfico, con operativos que avanzan sobre distintos actores, desde prestamistas hasta transportistas y distribuidores.
Mientras continúan las pericias a teléfonos y otras pruebas, la Justicia trabaja para definir el alcance total de la red y desarticular posibles operaciones similares.
