La intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, enfrenta una denuncia formal por presunto enriquecimiento ilícito ante el Fuero Penal de Tucumán. La presentación, impulsada por legisladores y dirigentes opositores, se centra en la adquisición de una propiedad de lujo en el exclusivo country Las Yungas, en Yerba Buena, valuada entre 1 y 1,2 millones de dólares.
La denuncia fue radicada este lunes por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el ex candidato a intendente de Alberdi Luis Augier. Según los denunciantes, la operación inmobiliaria se concretó en octubre de 2023, poco después del primer aniversario de la asunción de Graneros como jefa comunal. La transacción habría sido realizada íntegramente en efectivo, sin intervención de créditos hipotecarios, extremo que se ve reforzado por la ausencia de deudas de este tipo en los registros de la funcionaria ante el Banco Central.
La investigación difundida inicialmente por el programa «El Avispero», vinculado a la Asociación Bancaria y al diputado nacional Carlos Cisneros, vinculó a Graneros con los lotes 70 y 71 del sector 12 del country. Los denunciantes señalaron la participación del secretario de Hacienda de la Municipalidad de Graneros, Ariel Mendelek, quien habría trasladado parte del dinero en efectivo a una sucursal del Banco Galicia. El saldo restante se habría cancelado en seis cuotas mensuales de 50.000 dólares cada una. La querella solicitó su citación como testigo y que la administración del barrio privado aporte los informes correspondientes.
Graneros, de 29 años y con trayectoria en relación de dependencia con el Estado desde 2015, no ha brindado hasta el momento explicaciones públicas sobre el origen de los fondos. La propiedad, que según los informes se utilizaría como casa de fin de semana, genera expensas mensuales superiores al millón de pesos (alrededor de $570.000 por un lote y $566.000 por el otro).
Los denunciantes destacaron el contraste con la realidad del municipio. “Graneros es uno de los municipios con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad social de la provincia, con carencias históricas en materia de infraestructura, servicios públicos, desagües, caminos y asistencia a los sectores más necesitados. Esto es de una gravedad institucional tremenda”, apuntó Escobar. Además, señalaron que el valor de la mansión equivaldría prácticamente a dos planillas salariales mensuales del municipio, que destina unos 900 millones de pesos en sueldos.
La situación de la intendenta se complica por un reciente conflicto social: diez vecinas de Graneros que reclamaban obras para mitigar inundaciones tras perder sus viviendas fueron imputadas en una causa penal por presuntas amenazas, iniciada por Graneros y su madre.
La Justicia provincial deberá ahora determinar si la funcionaria puede justificar la adquisición de semejante patrimonio con sus antecedentes laborales y declarar el origen de los fondos utilizados en la operación. Hasta el momento, Graneros mantiene silencio sobre la denuncia.
