La provincia de Tucumán enfrenta una crisis silenciosa en materia de salud mental, evidenciada por un incremento en la tasa de suicidios durante 2025. Con 227 víctimas fatales, la región presenta una tasa de 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional de 11,8. Esta situación motivó la promulgación de una Ley de Salud Mental en la provincia, aprobada por unanimidad en septiembre de 2025, cuya reglamentación se pretende acelerar para garantizar el 10% del presupuesto de salud destinado a la atención de estas problemáticas. Paralelamente, el Congreso nacional debate una reforma legal que busca facilitar las internaciones involuntarias.
A nivel nacional, el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) confirmó que en 2025 se registraron 5.209 suicidios, manteniendo una tendencia al alza desde hace seis años. En respuesta, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para modificar la Ley 26.657, que flexibiliza el acceso a internaciones forzosas y pone en el centro al médico psiquiatra. Se reformulan conceptos y requisitos, adoptando un criterio situacional para evaluar el riesgo grave de daño. Además, se habilita la apertura de hospitales especializados para recibir pacientes de salud mental, eliminando limitaciones previas.
La situación específica de Tucumán muestra un aumento del 13,3% en suicidios entre 2024 y 2025, vinculado a problemáticas asociadas al consumo precoz de sustancias psicoactivas que alcanzan a edades cada vez más tempranas y presentan nuevas modalidades de sociabilidad.
Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas de la SEDRONAR, el 72,5% de los estudiantes secundarios de Tucumán ha probado bebidas energizantes, y el 32% ha experimentado con cigarrillos electrónicos, superando al tabaco (26,6%). El alcohol continúa siendo la sustancia más consumida (68,7%), con un inicio promedio a los 12 años para energizantes y 13 para alcohol. Este panorama se asocia a los trastornos que derivan en intentos de suicidio.
A diferencia de la reforma nacional que prioriza la internación forzosa, la ley tucumana enfatiza un enfoque interdisciplinario, comunitario y educativo, estableciendo un plan rector bajo el Ministerio de Salud y promoviendo programas como “Volver a Casa”, destinados a la reintegración ambulatoria de pacientes internados.
Sin embargo, la asignación presupuestaria continúa siendo un punto crítico. La ley provincial compromete al menos el 10% del presupuesto en salud para estas políticas, pero a nivel nacional sólo se ejecutó un 6,2% a mayo de 2026, por debajo incluso del 1,68% asignado en 2025.
Frente a lo que considera un abandono de las políticas públicas nacionales en prevención y atención del consumo problemático, Tucumán impulsa su reglamentación con la urgencia demandada tanto por especialistas como por representantes del Colegio de Psicólogos y del sector político.
En reuniones recientes, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, junto a expertos y personas vinculadas a la prevención comunitaria, manifestaron que en el plazo de quince días esperan contar con avances concretos para consolidar dispositivos sociocomunitarios que respondan con eficacia a estas problemáticas.
Masso advirtió sobre las dificultades del contexto actual y la disposición de Tucumán para asumir un rol activo en reforzar estos sistemas. “Estamos atravesando una coyuntura difícil, con un Estado nacional que ha desertado de la prevención en consumo y adicciones. La provincia está lista para intensificar esfuerzos y brindar mejores respuestas”, afirmó.
De cara al futuro, desde la comunidad científica se subraya la necesidad de fortalecer el trabajo sobre conductas de riesgo desde una perspectiva comunitaria y educativa, en especial enfocándose en la población adolescente que exhibe cifras preocupantes y creciente consumo precoz.
Con esta visión, Tucumán busca evitar que el sufrimiento mental se transforme en una “falla moral” desatendida y, en cambio, se convierta en una “herida compartida” sobre la que también actúe el Estado.
