Este lunes 1 de junio vence el plazo judicial establecido por la Cámara Federal para que las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) justifiquen la postergación de la Asamblea Universitaria, originalmente prevista para el 20 de mayo. El caso, calificado como “sumarísimo”, pone en foco las resoluciones adoptadas por la Junta Electoral y el Consejo Superior.
La medida judicial busca esclarecer si existieron irregularidades en la decisión de suspender el cronograma electoral, especialmente tras el vencimiento del mandato del rector Sergio Pagani el pasado 28 de mayo. La oposición, encabezada por la fórmula de Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, cuestiona con severidad lo que considera un desvío de poder y una violación del Estatuto Universitario.
Desde el oficialismo universitario, vinculado al sector que responde a José Hugo “El Gordo” Saab, se sostiene que la postergación responde a una cautelar judicial que afecta a una de las fórmulas. Sin embargo, la oposición denuncia que esa medida solo alcanzaba a candidatos con dos mandatos consecutivos y no justificaba la suspensión general del proceso.
La tensión institucional es alta. La conducción provisional recayó en la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú, luego de que Pagani y Mercedes Leal declinaran prorrogar sus funciones. La Justicia debe ahora evaluar si corresponde retrotraer el proceso y proclamar a la fórmula opositora o si acepta los argumentos del oficialismo.
Este lunes se espera la presentación del informe por parte de la UNT ante los camaristas. La definición que adopte la Cámara Federal podría tener consecuencias profundas en la gobernabilidad de la principal casa de estudios de la provincia y en la credibilidad del proceso electoral universitario.
