La Legislatura de Tucumán aprobó, con modificaciones y por mayoría, la desafectación del dominio público de una fracción de terreno en la comuna de El Manantial, departamento Lules, destinada originalmente a la apertura de una calle pública. La medida, impulsada por el legislador justicialista Mario Leito, generó un intenso debate por sus implicancias urbanísticas y por beneficiar directamente a desarrollos inmobiliarios privados en la zona de San Pablo y El Manantial.
La fracción en cuestión, de aproximadamente 650 metros de largo por 10 metros de ancho (unos 6.500 metros cuadrados), se encuentra actualmente dentro de un emprendimiento inmobiliario y nunca funcionó efectivamente como arteria de tránsito vehicular, según los fundamentos del proyecto. La desafectación no implica la transferencia de la propiedad —que sigue en manos del Estado provincial—, sino la eliminación de su carácter público para permitir su uso en negociaciones o permutas.
El principal beneficiario privado es Citrusvil S.A., empresa del grupo Lucci con fuerte presencia en la región a través de desarrollos como San Pablo Country Life & Golf y otras urbanizaciones en el corredor entre las rutas provinciales 301 y 338. La firma cederá terrenos a cambio para regularizar la situación dominial de unas 80 familias (50 en Ohuanta y 30 en El Manantial) que ocupan tierras desde hace décadas. Según Leito, la semana próxima se firmaría un convenio con Citrusvil para concretar esta contraprestación.
Esta operación permite la expansión de complejos residenciales cerrados en una zona ya densamente ocupada por barrios privados. Legisladores de la oposición, como Manuel Courel (Cambia Tucumán), advirtieron que la decisión “estrangula” un área de casi 2,5 kilómetros de desarrollos inmobiliarios, eliminando la única vía perpendicular posible entre las rutas 301 y 338. Courel señaló que entre San Pablo y El Manantial existen unas 280 hectáreas de barrios cerrados, el conglomerado más grande de este tipo en Tucumán, sin una planificación urbana integral.
Otros opositores, como Eduardo Verón Guerra (republicano) y Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán), expresaron reservas. Criticaron que un privado ya estuviera usufructuando tierras públicas antes de la sanción y exigieron garantías de que la compensación de Citrusvil sea equivalente al valor real de la fracción desafectada.
Desde el oficialismo, Gerónimo Vargas Aignasse aclaró que la medida persigue un doble objetivo: resolver un problema habitacional para familias humildes y habilitar un desarrollo urbano planificado en un polo de crecimiento inmobiliario. Sin embargo, la sanción reaviva el debate sobre la planificación en el área metropolitana de Tucumán, donde el avance de countries y barrios cerrados suele preceder a la regulación estatal.
La decisión, si bien resuelve una situación social concreta mediante un mecanismo de activo por activo, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el interés público y los beneficios que obtienen grandes operadores inmobiliarios en zonas de alta valorización como San Pablo y El Manantial.
