En un nuevo capítulo de la aguda crisis institucional de la Universidad Nacional de Tucumán, la Cámara Federal de Apelaciones emplazó a la UNT para que en el plazo de 72 horas (hasta el lunes próximo) defienda la postergación de la Asamblea Universitaria, originalmente prevista para el 20 de mayo y reprogramada para el 10 de junio.
El camarista Fernando Luis Poviña admitió por trámite sumarísimo el recurso interpuesto el 22 de mayo por los decanos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala. La Cámara ordenó a la Universidad informar sobre la nueva medida cautelar solicitada en tres días y contestar el fondo de la impugnación en cinco días. De esta forma, la Justicia federal mantiene bajo estricta vigilancia la decisión del oficialismo de postergar la elección de autoridades.
Mientras tanto, el saabismo mantiene su narrativa: la postergación de la Asamblea fue consecuencia directa de la cautelar de “no innovar” dictada por la propia Cámara el 15 de mayo, que suspendió provisoriamente la fórmula Pagani-Leal. Fernando Valdez, presidente de la Junta Electoral y principal operador del oficialismo, declaró: “El proceso electoral fue aplazado por una decisión judicial de no innovar que suspendió provisoriamente a una de las fórmulas. Esa cautelar sigue vigente porque la cuestión de fondo aún no fue resuelta”.
Valdez insistió en que no corresponde la proclamación automática de la fórmula opositora porque “hay dos fórmulas oficializadas y la discusión judicial está centrada en uno de los integrantes de una de ellas”. Afirmó que las fórmulas son binominales y que, si se confirma la inhabilitación de un candidato, “la fórmula podría recomponerse. Los plazos para hacerlo no están vencidos”.
Por su parte, José Hugo “El Gordo” Saab, secretario general del Rectorado y verdadero operador político del esquema desde hace más de cuatro décadas, aseguró: “Quédense tranquilos que la universidad es una institución muy generosa para con toda la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto y que vamos a seguir trabajando para que siga siendo igual”.
El riesgo para los integrantes de la Junta Electoral
Esta presión de la Cámara Federal se produce mientras los integrantes de la Junta Electoral —Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández— enfrentan un serio riesgo de ser procesados y eventualmente condenados por el delito de Desobediencia Judicial (artículo 239 del Código Penal). Cabrera y Abdala ya radicaron denuncia penal contra ellos por haber extendido arbitrariamente los efectos de la cautelar federal, suspendiendo todo el proceso electoral y anulando incluso la oficialización de la fórmula opositora. Cualquier resolución que intente justificar o convalidar esa conducta podría agravar su situación penal.
La Cámara Federal admitió el recurso de los opositores contra las resoluciones de la Junta Electoral y del Consejo Superior que postergaron la Asamblea. Los impugnantes piden la nulidad de esas resoluciones y una medida cautelar innovativa para retrotraer el proceso al estado anterior al 18 de mayo, intimando el cumplimiento estricto de la cautelar original.
La Asamblea Universitaria sigue convocada para el 10 de junio, pero la Justicia federal mantiene fuerte presión sobre la UNT para que justifique la postergación y el cambio de cronograma.
Este nuevo emplazo judicial se produce mientras el reloj corre hacia el 28 de mayo, fecha de vencimiento del mandato de Pagani, y en medio de la denuncia penal contra los miembros de la Junta Electoral y los múltiples escritos de Cabrera y Abdala exigiendo ser proclamados como única fórmula habilitada.
La Cámara Federal mantiene así el control estricto sobre el proceso, exigiendo a la UNT defender una postergación que el oficialismo sigue atribuyendo exclusivamente a la decisión judicial del 15 de mayo, mientras la oposición denuncia una tergiversación sistemática de esa cautelar para salvar al esquema de poder del saabismo.
