A menos de un año de la recuperación de la Reserva Natural La Angostura en El Mollar, el Gobierno de Tucumán volvió a intervenir para desactivar una nueva ocupación ilegal en tierras fiscales. Esta vez, se desalojaron unas 50 hectáreas ubicadas frente a “El Mirador” y se detuvo a un hombre vinculado a la causa.
El operativo se activó tras denuncias recibidas entre el lunes y martes en la oficina creada para investigar ocupaciones del patrimonio público. Los reportes indicaban que personas desconocidas habían comenzado a instalarse en un predio estratégico que da acceso al valle de Tafí, en una zona donde ya se había desalojado una ocupación ilegal destinada a una confitería.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, solicitó apoyo al Ministerio de Seguridad para verificar la situación. Efectivos de la Unidad Regional Oeste, bajo la dirección del comisario René Goane, constataron la ocupación precaria sobre el amplio terreno.
“Confirmamos que un grupo había ocupado rudimentariamente unas 50 hectáreas y recibimos testimonios que indicaban que ya se comercializaban lotes”, afirmó Goane.
El martes por la noche se montó un operativo conjunto. El ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, dispuso la movilización de maquinaria pesada y cuadrillas viales, mientras que el jefe de Policía, Joaquín Girvau, ordenó un despliegue importante para acompañar a los funcionarios y trabajadores estatales.
Al llegar al lugar, los agentes constataron que durante la noche los ocupantes habían instalado postes para avanzar con el alambrado. Se retiraron estas estructuras y se colocaron carteles oficiales que indican la propiedad estatal de la tierra.
En el operativo fue aprehendido un hombre acusado de usurpación y resistencia a la autoridad. Según Goane, el detenido afirmó ser propietario del terreno por una supuesta herencia familiar ligada a antiguos pobladores originarios del valle. No aceptó explicaciones e intentó impedir el desalojo.
Este hecho vuelve a poner en foco el conflicto por usurpaciones en áreas protegidas de El Mollar. En noviembre de 2024, inspecciones habían detectado ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la Reserva, que incluye barrios, emprendimientos turísticos, clubes y comercios.
Tras meses de litigios y conflictos administrativos, la Provincia logró recuperar esos terrenos en agosto pasado.
La fiscal Pedicone destacó la rápida intervención coordinada entre áreas estatales y señaló que la defensa de las tierras fiscales sigue siendo una prioridad para la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.
“Valoramos el compromiso estatal para poner fin a ocupaciones ilegales que afectan a todo el pueblo tucumano. Nos alarma que haya quienes aún no comprendan que el cuidado de los espacios públicos es fundamental”, afirmó.
Resaltó, además, el valor paisajístico y estratégico de las hectáreas recuperadas para el turismo y el desarrollo ambiental del valle. “Es uno de los lugares más bellos y la Provincia luchó arduamente para preservarlo. Incluso podría haberse afectado la inversión para el mirador construido para que todos disfruten”, agregó.
Para Pedicone, el operativo es también un mensaje claro para quienes denuncian y para quienes intentan usurpar el patrimonio público.
“Hay ciudadanos preocupados que alertan sobre estas situaciones y un Estado que actúa con rapidez y firmeza. No vamos a cesar en esta tarea”, concluyó.
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