Con un pedido de prisión perpetua por parte del Ministerio Público Fiscal, inició el juicio oral contra tres detenidos acusados de haber protagonizado un episodio de violencia extrema en la comisaría de Los Pocitos, que resultó en la tortura y muerte de un compañero de celda hace poco más de un año.
Los imputados, identificados como Juan Marcelo Luna (22), Jesús Huasi Biza (28) y Nelson Emanuel Jerez (25), están acusados de lesiones leves y homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. El tribunal que integran las juezas María Isabel Méndez, Augusto Paz Almonacid y Juan Pablo Di Lella deberá determinar si corresponden las condenas máximas o si existe lugar a absolución.
Según la acusación presentada por el auxiliar fiscal Miguel Fernández, bajo la supervisión del fiscal Carlos Sale, el hecho ocurrió el 30 de abril, cuando 44 personas estaban alojadas en un calabozo de cuatro por cuatro metros. Al detectarse la desaparición de pastillas psicotrópicas con las que los presos se drogaban, los acusados comenzaron a buscar al supuesto responsable.
Primero señalaron a otro interno, Gastón Alberto Frías, a quien agredieron con golpes y, mientras Biza y Jerez lo inmovilizaban, Luna le tatuó con una máquina casera en la espalda la palabra “rata” y un dibujo ofensivo.
Ante la certeza de que Frías no era el culpable, la violencia se dirigió a Víctor Hugo Herrera, quien se encontraba dormido y bajo los efectos de los psicofármacos, por lo que estaba indefenso. Según la investigación, lo arrastraron hasta la letrina y allí iniciaron una brutal secuencia de torturas que incluyó golpes, dibujos ofensivos y descargas eléctricas en sus partes íntimas mediante cables pelados.
Testigos internos declararon que el tormento duró aproximadamente dos horas, hasta que otros detenidos solicitaron la intervención policial cerca de las 11 de la mañana. Herrera fue trasladado al Hospital Padilla, donde falleció al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones.
Durante la apertura del juicio, el fiscal subrayó la gravedad excepcional del caso y solicitó las penas máximas. La querella, representada por Javier Lobo Aragón (h) y Juan Pablo López, coincidió en el pedido y destacó “la brutalidad y la indefensión de la víctima ante un ataque sin precedentes en la provincia”.
Las defensas, en tanto, rechazaron las imputaciones, cuestionaron la identificación de los acusados y señalaron que la presencia de más de 40 detenidos en el calabozo dificulta la certeza. También apuntaron contra los custodios, cuestionando la demora en la detección del hecho pese a los pedidos de auxilio.
Ahora, el tribunal deberá evaluar las pruebas, testimonios y las versiones de los imputados para dictar sentencia en un caso que conmueve a la sociedad tucumana por la crueldad y violación de derechos humanos que representa.
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