El bloque de La Libertad Avanza presentó en el Senado un proyecto de ley que propone una profunda reforma del régimen de producción, comercialización y uso de biocombustibles en Argentina. La iniciativa, ingresada el pasado 14 de mayo y firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros legisladores oficialistas, plantea un nuevo marco regulatorio con una vigencia de 15 años, orientado a promover la competencia y la apertura en un sector estratégico para la matriz energética del país.
El texto regula la fabricación, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional, declarando a esta actividad de interés público por su contribución a la seguridad energética, diversificación de la matriz y la transición hacia fuentes renovables.
Entre sus objetivos se destacan la promoción de eficiencia, incentivos para nuevas inversiones, fomento de la innovación tecnológica, impulso a las exportaciones y creación de un entorno de libre negociación entre actores privados. Asimismo, incorpora tecnologías y combustibles emergentes, como biogás, biometano, diésel renovable y combustibles sostenibles para aviación (SAF).
Uno de los puntos clave es el incremento progresivo de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla con combustibles fósiles. Para el gasoil, el biodiésel inicial será del 7,5%, subiendo al 10% tras 12 meses de vigencia, con posibilidad de ajuste por la autoridad competente ante problemas técnicos o de abastecimiento. En cuanto a las naftas, el corte de bioetanol se fija en un 12% y aumentará a un 15% luego de un año, manteniendo la distribución igualitaria entre bioetanol de caña y de maíz, aunque el porcentaje adicional podrá provenir de cualquier materia prima.
Este aspecto resulta fundamental para provincias del NOA como Tucumán, Salta y Jujuy, donde la industria sucroalcoholera desempeña un rol central.
El proyecto también propone reemplazar el actual esquema regulado de precios por un mercado electrónico único, público y transparente, en el que productores y mezcladores podrán negociar libremente precios y volúmenes, incluso mediante contratos a término de mediano y largo plazo.
Se habilita además que refinadoras y expendedoras comercialicen combustibles con mayores cortes que los obligatorios, siempre que cumplan las especificaciones técnicas, y se promueve la circulación de vehículos flex fuel diseñados para esos combustibles.
En materia fiscal, la iniciativa establece que los biocombustibles habilitados quedarán exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, aplicándose los tributos solo sobre la fracción fósil en las mezclas.
La ley impulsaría también la producción y venta de biometano, combustible sostenible de aviación (Biojet), biobunker y diésel renovable bajo un régimen liberalizado, sin obligación de porcentajes mínimos.
La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad de aplicación con facultad para regular, fiscalizar y adaptar las normas sectoriales.
Para el biodiésel, el texto fija un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2030, durante el cual se asignarán cupos para empresas no integradas a grandes grupos aceiteros, garantizando parte del abastecimiento para este segmento, mientras el mercado se liberaliza progresivamente mediante mecanismos de negociación y tecnologías de coprocesamiento.
Finalmente, la iniciativa propone derogar la Ley 27.640, vigente desde 2021, y ordena adecuar la normativa complementaria para armonizarla con el nuevo régimen. De ser aprobada, la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Si avanza en el Congreso, la propuesta significaría un cambio sustancial en el funcionamiento del mercado argentino de biocombustibles, con impacto directo en las economías regionales, la industria energética y el desarrollo de combustibles renovables en el país.
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