El sistema de transporte público de pasajeros en la capital tucumana vuelve a situarse en el centro del debate político y social. Tras el pedido formal de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) para incrementar el valor del boleto, los miembros del Concejo Deliberante iniciaron una ronda de consultas que anticipa una semana de intensas negociaciones.
La pretensión del sector privado es llevar la tarifa actual de $950 a una cifra cercana a los $1.490. Los empresarios fundamentan este reclamo en la persistente erosión de sus márgenes operativos, producto de la inflación, el encarecimiento de los insumos críticos y la desigual distribución de los subsidios nacionales, factores que —según alegan— ponen en riesgo la sustentabilidad misma del servicio.
En el ámbito legislativo municipal, las posturas oscilan entre la resignación técnica y la exigencia de mejoras estructurales. Si bien la mayoría de los concejales reconoce el desfasaje económico que afecta a las prestatarias, el malestar ciudadano por la frecuencia de las unidades y el estado de la flota actúa como un contrapeso determinante. La Comisión de Transporte será la encargada de dictaminar sobre la viabilidad de un ajuste que, de concretarse, representaría un nuevo impacto directo sobre el poder adquisitivo de los usuarios.
«Es una encrucijada compleja: debemos garantizar que el servicio no se detenga, pero no podemos ignorar la realidad asfixiante que viven los vecinos», confiaron fuentes parlamentarias. Algunos ediles ya adelantaron que cualquier readecuación tarifaria deberá estar condicionada a compromisos concretos de renovación de unidades y cumplimiento estricto de los recorridos establecidos.
Se espera que el tratamiento del proyecto se acelere en los próximos días. Si bien no hay una fecha confirmada para la sesión, el cronograma legislativo sugiere que el dictamen podría bajar al recinto hacia finales de esta semana o comienzos de la próxima. Mientras tanto, el pulso entre la necesidad de actualización de las empresas y la capacidad de pago de los tucumanos mantiene en vilo a uno de los servicios más sensibles de la vida urbana.