Luis Alejandro Ontiveros, el abogado acusado por tráfico de influencias fundada en su publica relación con el camarista federal Mario Leal, presentó una fuerte denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el magistrado de la causa, el doctor José Manuel Díaz Vélez, por presunto mal desempeño en el cargo, prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia grave.
La demanda contra el ahora flamante juez federal (hasta aquí sólo había subrogado) fue presentada ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Según el escrito de 24 páginas, las conductas de Díaz Vélez denunciadas también se habrían verificado en otra causa sensible vinculada al narcotráfico: “Sosa Felipe y otros”, expediente 8672/2023, en la que el juez subrogante Díaz Vélez intervino y donde Felipe Sosa es conocido como “El Militar”.
La denuncia se inscribe en un contexto de alta sensibilidad judicial. Ontiveros es señalado como allegado al camarista federal Mario Leal —a quien se refiere públicamente como su “sobrino de corazón”— y su esposa, Solana Casella, es relatora oficial de la vocalía de Leal y aspirante a jueza federal. La investigación, iniciada el 29 de abril de 2025 a raíz de una denuncia espontánea de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), involucra supuestos ofrecimientos de Ontiveros para influir en resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán a cambio de sumas en dólares: USD 100.000 en marzo de 2023 por el sobreseimiento del hijo del denunciante, Jerónimo Martínez Parada (investigado en Catamarca), y USD 80.000 en abril de 2025 por revertir un pedido de prisión preventiva. El fiscal subrogante Agustín Chit pidió la indagatoria y la imputación de Ontiveros por tráfico de influencias agravado, en concurso real con violación de medios de prueba.
Según el denunciante Ontiveros, Díaz Vélez incurrió en prevaricato al fundar dos resoluciones sucesivas —del 16 de mayo y del 3 de junio de 2025— en hechos falsos que constan desmentidos en el propio expediente. El primero se refiere a la supuesta participación de Ontiveros en un encuentro dentro de un Toyota Corolla Cross dominio AF397CU, vehículo registrado a nombre de Solana María Cainzo, persona ajena al denunciante y sin vínculo conocido con él. El segundo, a una grabación del encuentro del 21 de abril de 2025 que el peritaje de la Gendarmería Nacional (informe TB5/30/01) calificó como inaudible.
“El magistrado citó como acreditados hechos que la prueba obrante en el expediente desmiente de modo directo e incontestable”, afirma la denuncia. Ontiveros detalla que advirtió reiteradamente al juez mediante escritos presentados entre junio y agosto de 2025, solicitando la citación de la titular registral del vehículo y la producción de prueba para demostrar la falsedad de los hechos invocados. Sin embargo, el juez rechazó esas diligencias por “no resultar útiles ni pertinentes” (art. 199 del CPPN) sin mayor fundamentación y mantuvo las resoluciones basadas en esos elementos. La defensa de Ontiveros, a cargo del abogado Miguel Ángel Pierri, sostiene que no existe ruta de dinero alguna, ya que el propio denunciante Martínez Salazar Pérez admitió bajo juramento haber rechazado todos los supuestos ofrecimientos.
En segundo término, la denuncia cuestiona la resolución del 14 de abril de 2026, mediante la cual Díaz Vélez dispuso un amplio paquete de medidas de investigación patrimonial —levantamiento de secreto bancario, bursátil y financiero, oficios al BCRA, ARCA, AFIP, Mercado Pago, Binance y otros— retrotrayéndolas hasta enero de 2022. Según el escrito, esas diligencias exceden manifiestamente el objeto de la causa, que se limita a un supuesto ofrecimiento verbal de influencias rechazado por el denunciante, sin entrega de dinero ni ruta económica alguna. “Se trata de una pesquisa típica de lavado de activos o enriquecimiento ilícito, no de tráfico de influencias no consumado”, sostiene Ontiveros, quien en una nota enviada a LA GACETA días antes de su indagatoria (prevista para el 21 de abril de 2026) denunció que la fiscalía busca “la ruta de un dinero que nunca se entregó” y calificó las medidas como una “expedición de pesca” prohibida por la ley.
El denunciante también acusa al magistrado de haber resuelto por sí mismo un planteo de recusación presentado en septiembre de 2025, en abierta contradicción con el procedimiento establecido por el artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación, que impone la elevación del incidente a la Cámara Federal de Apelaciones. Asimismo, denuncia la omisión de medidas de protección de la identidad de sus hijas menores de edad (de 6 meses y 2 años al momento de los hechos), cuyos datos personales y fotografías sin difuminar fueron incorporados al expediente sin relación con los hechos investigados.
La doble vara de Díaz Vélez con Ontiveros y «El Militar» Sosa
Por último, Ontiveros solicita al Consejo de la Magistratura que investigue si el patrón de conducta descripto se repite en la causa “Sosa Felipe y otros”. En esa investigación por narcotráfico, Díaz Vélez sobreseyó al imputado Felipe “El Militar” Sosa el 10 de abril de 2025 pese al hallazgo de 162 plantas de marihuana, prensa hidráulica y elementos de comercialización que superaban en un 500% el límite legal del REPROCANN. La Cámara Federal revocó el sobreseimiento en marzo de 2026. Meses después, Sosa fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Érika Antonella Álvarez, de 25 años. La denuncia plantea que una mayor profundidad en la pesquisa federal podría haber evitado su libertad, y que el magistrado no investigó los vínculos de Sosa con redes de narcotráfico nacional e internacional.
La presentación incluye como prueba las resoluciones cuestionadas, los escritos de la defensa, los informes periciales y publicaciones periodísticas sobre el caso Sosa. Solicita que se oficie al Juzgado Federal N° 2 para que remita las actuaciones completas de ambas causas y que se remitan los antecedentes al Ministerio Público Fiscal si correspondiere.
Las desmedidas indagatorias sin pruebas
Pese a la absoluta ausencia de pruebas que vinculen a Ontiveros con la comisión de un delito de tráfico de influencias, Díaz Vélez dispuso una serie de medidas intrusivas de extraordinaria amplitud y profundidad que exceden con creces los límites de lo razonable y proporcional exigidos por la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal.
Ontiveros afirmó textualmente que “las medidas solicitadas buscan la ‘ruta de un dinero’ que el propio denunciante aseguró que nunca entregó. ¿De qué ruta de dinero hablamos? Si nunca se denunció ninguna entrega de dinero de Martínez Salazar”.
El abogado tucumano detalló que, a pesar de que la causa N° 5386/2025 se inició por un supuesto tráfico de influencias no consumado y sin contraprestación económica alguna, el Juzgado Federal N° 2 dispuso la intervención telefónica de sus líneas, la requisa personal y el secuestro de su celular con extracción total de datos mediante sistema UFED, y luego —el 14 de abril de 2026— un paquete de trece medidas de investigación patrimonial masiva retrotraídas hasta enero de 2022.
Ontiveros consignó en su declaración que “como no lograron probar el supuesto ‘tráfico de influencias’, y cómo ya quedó demostrado en el expediente que el denunciante incurrió en un falso testimonio, ahora la fiscalía quiere cambiar el delito que se investiga, y buscar cualquier otro delito que pudiera encontrarme. Esto es una evidente expedición de pesca para ver qué puede resultarle útil en su persecución a mi persona y a mi círculo familiar, lo cual está prohibido por la ley”.
Según el propio Ontiveros, “la nueva batería de medidas que pidió la fiscalía demuestran la desesperación por mantener viva una investigación que no probó nada en un año de dispendio jurisdiccional”. Agregó que “antes, la fiscalía buscaba un ‘tráfico de influencias’ ahora va en búsqueda de un supuesto ‘enriquecimiento ilícito o lavado de activos’ o lo que fuere con tal de ponerme en la situación de imputado, para seguir sosteniendo un escarnio público/mediático y judicial en contra de mi persona y mi pareja”.
El investigado subrayó que “todos esos pedidos que hace el fiscal van a resultar nuevamente un dispendio jurisdiccional que no va a arrojar ninguna prueba de ningún delito” y que “nuevamente esto muestra la pérdida de objetividad que tiene la Fiscalía incurriendo en investigaciones que no tienen ninguna relación con los supuestos hechos que se investigan conforme a la propia denuncia”.
Ontiveros cuestionó la pertinencia de las diligencias ordenadas: “El fiscal pide que se investigue si soy propietario de obras de arte, de aeronaves, buques, dineros en cuentas en el extranjero, y muchas cosas igual de ridículas”. Y concluyó: “Creo que todo el esfuerzo que hace la fiscalía y la cantidad de recursos y logística que gasta en ensuciar mi buen nombre y el de mi familia debería aplicarse a causas reales que necesitan su atención”.
La asunción de Díaz Vélez en el Tercer Juzgado Federal
En coincidencia con la tramitación de la causa subrogada por Díaz Vélez, este mismo magistrado juró finalmente como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°3 de Tucumán (la demanda contra Ontiveros se encuentra en el juzgado número 2).
El nuevo juzgado comenzó a funcionar tras una espera de más de 40 años desde la creación del anterior, lo que amplió la capacidad del sistema judicial federal en la provincia. La puesta en marcha buscó fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la respuesta ante la creciente demanda de causas federales.
Desde el ámbito judicial federal, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Fernando Poviña, valoró el impacto del nuevo juzgado en la gestión de causas. Señaló: “Los juzgados de Tucumán, entre los dos, tienen más de 90 mil causas. Tucumán, por su población y su tasa de litigio, debería contar con muchos más juzgados, como lo decía el Gobernador. El tercero es un gran avance que permitirá acelerar las causas y mejorar la calidad y rapidez en la tramitación”.