Ante la crítica situación del transporte público de pasajeros, el Gobierno provincial dispuso un anticipo de $2.000 millones en concepto de futuras compensaciones tarifarias, con el objetivo de amortiguar el fuerte impacto del aumento del gasoil y prevenir un colapso inmediato del servicio.
La medida fue definida tras una reunión clave en el Ministerio de Economía de la provincia. El desembolso busca cubrir parte del sobrecosto operativo generado por el encarecimiento del combustible —que en pocas semanas pasó de alrededor de $1.400 a cerca de $2.500 por litro—, el cual desequilibró por completo la estructura de costos de las empresas.
Según trascendió, el aporte alcanzará a todas las líneas que operan tanto en la Capital como en el interior provincial. Se trata de una solución transitoria, destinada a descomprimir la tensión actual y evitar una mayor reducción de frecuencias, que ya se traduce en una caída de unidades en circulación: de 377 a aproximadamente 250, con consecuencias visibles especialmente en las horas pico.
En la Casa de Gobierno se reconoce que este auxilio no resuelve los problemas de fondo. Por esa razón, se anticipa que la discusión sobre un rediseño integral del sistema se retomará la próxima semana, en una nueva instancia de negociación entre funcionarios y empresarios. El esquema actual es considerado inviable tanto por el sector privado como por las autoridades provinciales.
Desde el Municipio de San Miguel de Tucumán, en tanto, la intendenta Rossana Chahla ratificó que no se otorgarán nuevos subsidios sin una reestructuración eficiente del servicio. Fuentes municipales insistieron en que las empresas aún no han presentado la información detallada sobre costos y recorridos que se requiere para avanzar en cualquier acuerdo.
El frente sindical agrega presión al panorama. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que 3.100 puestos de trabajo están en riesgo y denunció atrasos salariales significativos: los choferes aún no han percibido la totalidad de los haberes de marzo y arrastran una deuda cercana a los $650.000 por trabajador. La posibilidad de medidas de fuerza se mantiene latente.
El auxilio provincial representa, por el momento, un puente financiero para sostener el servicio. Sin embargo, no despeja la incertidumbre sobre la sostenibilidad a mediano plazo de un sistema que, según coinciden actores públicos y privados, ya no cierra bajo las condiciones actuales. La semana entrante será clave para definir si se logra un acuerdo estructural o si la crisis se profundiza.