La diputada nacional por Tucumán Soledad Molinuevo, referente de La Libertad Avanza, informó que cumplió con una orden judicial que la obligaba a eliminar de sus redes sociales expresiones referidas a la agresión sufrida por el diputado provincial Federico Pelli a manos de un empleado público provincial. La medida fue dispuesta por el juez en lo Civil y Comercial Pedro Cagna, a instancias del gobernador Osvaldo Jaldo.
Molinuevo acató la resolución “bajo absoluta protesta” para evitar las sanciones penales y económicas previstas, pero dejó constancia explícita de su rechazo a lo que consideró un caso de censura previa. “Cumplo con la ‘justicia’, pero no me van a callar”, escribió en un comunicado difundido este martes en su cuenta de X.
En el texto, la legisladora advirtió que la acción judicial representa “un golpe a la libertad de expresión de todos los tucumanos” y un intento del Poder Ejecutivo provincial de silenciar a quienes ejercen el rol de control político. “Este no es solo un ataque a mi persona; es un golpe a la libertad de expresión de todos los tucumanos”, sostuvo.
La diputada aclaró que su acatamiento no implica reconocimiento alguno de la verdad, razonabilidad o constitucionalidad de la resolución, ni desistimiento de los recursos de apelación ya interpuestos ni de las reservas constitucionales y federales formuladas. “Confío en que las instancias superiores pondrán un freno a este atropello institucional”, afirmó.
CUMPLO CON LA "JUSTICIA", PERO NO ME VAN A CALLAR
En el día de hoy me vi obligada a dar cumplimiento a una orden judicial dictada a pedido del Gobernador de la Provincia, que me impone eliminar expresiones que realicé en mis redes sociales en el contexto de la brutal agresión al… pic.twitter.com/OaccoWqB5p— Soledad Molinuevo (@SoleMolinuevo) April 7, 2026
El episodio se origina en las publicaciones de Molinuevo sobre el violento incidente ocurrido en La Madrid en marzo pasado, cuando Pelli fue agredido con un cabezazo mientras colaboraba en tareas de asistencia a damnificados por inundaciones. La diputada había vinculado políticamente el hecho al gobierno provincial, lo que motivó la demanda de Jaldo.
Con este paso, se reaviva el debate sobre los límites entre el ejercicio de la libertad de expresión y las responsabilidades institucionales en un contexto de fuertes tensiones políticas entre el oficialismo tucumano y la oposición. Molinuevo ratificó su compromiso de continuar impulsando todas las acciones legales hasta las últimas consecuencias para obtener la revisión y revocación de la medida.