Por Germán García Hamilton.
En público ninguno de los dos puede hablar bien del otro, pero ambos dejaron en evidencia que la alianza existe. Y existe no por coincidencias ideológicas, sino por intereses espurios. Mientras La Gaceta necesita de la publicidad que históricamente le aportaron La Caja Popular y La Bancaria —debido a su imposibilidad de modernizarse—, el diputado nacional Carlos Cisneros necesitó y necesita blindar su imagen para continuar al frente del manejo de los juegos de azar (además de otros en manos de familiares), uno de los negocios más rentables de Tucumán.
Dos entrevistas dejaron en evidencia esta sociedad que, sin embargo, intentó ocultarse ante la opinión pública tucumana. Primero, Cisneros admitió su apoyo a la quema de una edición completa de papel del centenario diario, pero la justificó en su supuesta condición de “defensor de los trabajadores” frente a las pretensiones de los millonarios accionistas de ganar unos pesos más a costa de los ingresos de los canillitas. El bancario se encargó de despotricar contra la dirección del diario durante la administración de José Alperovich. Sin embargo, aquellos a quienes atacó sin nombrar son los mismos con los que se alió cuando recuperó el estratégico control de la Caja Popular de Ahorros, tras la llegada de Juan Manzur en reemplazo del ahora condenado por abuso sexual.
En la entrevista, Cisneros reivindicó sin rodeos su posición durante el episodio de la quema de La Gaceta en mayo de 2000. Dijo textualmente: “Yo estaba con los trabajadores. Yo estaba con los trabajadores, pero no era el único involucrado apoyando a los canillitas”. Agregó que “apoyaba a los canillitas” porque consideraba injusta la situación y que “los canillitas confiaban tanto en mí que cuando se firmó el acuerdo para mantener el statu quo, la paz social con los trabajadores y todo lo demás, los canillitas me delegaron la responsabilidad a mí, al administrador del diario en ese momento, al doctor (José Ricardo) Falú y al ex gobernador Julio Miranda”.
Justificó el conflicto señalando que “había un grupito de vagos (por los accionistas del diario) que querían todo el día ‘bajen el precio de tapa para que nosotros recibamos más’” y que “los canillitas estaban defendiendo su trabajo”. Sobre su ausencia durante los hechos violentos, explicó: “No me arrepiento de no haber estado ahí para pararlo, para poner un freno, porque sí tenía cierta influencia para calmar las cosas. Pero bueno, ese día Belgrano de Vásquez ascendió en la Nacional y yo estaba festejando, ¿viste?”. Y concluyó: “No, no me arrepiento para nada de haber defendido a los canillitas”.
Además, criticó duramente la subordinación de La Gaceta durante la gobernación de José Alperovich: “nadie publicaba una nota porque Alperovich ejercía presión, que a las 3 de la mañana llamaba a quien estuviera a cargo del diario La Gaceta y le decía ‘cambiá el título, hijo de p…’. Y se hacía. ¿Sabés por qué? Porque usaba su poder económico y su brutalidad”.
Las etapas de la debacle de La Gaceta
La quema de ejemplares de La Gaceta durante la crisis del gobernador Miranda marcó un punto de inflexión. El episodio no destruyó al diario: lo disciplinó. A partir de ese momento comenzó un proceso de subordinación al poder político que explica el actual descrédito del medio, particularmente cuando las publicaciones involucran a dirigentes que figuran entre sus principales aportantes.
De aquella crisis, La Gaceta emergió como artífice de un recambio: propició la llegada al poder de José Alperovich, hasta entonces ministro de Economía del vapuleado gobernador peronista. Esa operación inauguró lo que sería una dependencia estructural de la publicidad oficial que, desde el año 2000, no se ha revertido.
La pieza central de esa relación fue Federico Van Mameren. En el mundo político y periodístico tucumano siempre fue un secreto a voces que Van Mameren operó como enlace entre el CEO del diario, José Pochat, y Alperovich —hoy condenado por abuso sexual de su sobrina—. El rol no era menor: Van Mameren garantizaba la traducción de los intereses del poder político en decisiones editoriales.
El mecanismo era directo. A mayor publicidad oficial, mayor alineación automática. No importaba la irregularidad de las acciones del mandatario: la re-reelección, los desvíos de fondos o los sobreprecios en obra pública. El blindaje estaba asegurado, por silencio o por apoyo explícito, siempre bajo el eufemismo del “beneficio para la provincia”.
Fue esta cobertura mediática la que posibilitó a Alperovich manotear fondos de la Caja Popular de Ahorros en 2003 para financiar el déficit fiscal. La operación requirió el desplazamiento de Eduardo El Eter y la llegada de Armando “Cacho” Cortalezzi, un operador de probada lealtad al gobernador, con la misión específica de contener a Carlos Cisneros. Sin el respaldo de La Gaceta —el único actor institucional con capacidad de limitar al mandatario— ese movimiento no habría sido viable.
La alianza Alperovich-La Gaceta, que el propio Cisneros denunció públicamente y de la que existen abundantes pruebas y admisiones, se sostuvo hasta el final de aquella administración. Después llegó Juan Manzur con un menemismo conciliador que transó con todos los sectores. Ese cambio de época propició el regreso de Cisneros a la primera línea del justicialismo tucumano: recuperó el control de la Caja Popular y sus multimillonarios fondos.
Así, pese a su visceral enfrentamiento con Alperovich, Cisneros terminó ocupando el mismo lugar funcional: financista de la adicción de La Gaceta a la pauta oficial. Esa posición le garantizó un accionar irrestricto en múltiples planos: en la política partidaria, a través de su cuñado Hugo Ledesma y la intendenta Rossana Chahla; en el control mediático, con una red que incluye a Entérate Noticias, CCC Cable y el propio blindaje de La Gaceta; y en operaciones inmobiliarias de origen cuestionado, como el complejo turístico desarrollado por sus hijas en Tafí del Valle.
La entrevista de los traspiés de Van Mameren
Después, el Secretario de Redacción de La Gaceta, Federico Van Mameren, en una inédita entrevista en la que se permitió hablar sobre cómo —supuestamente— funciona el esquema de poder del diario, admitió el ataque del sindicalista pero justificó con excusas la inacción del medio.
Van Mameren reconoció que “el déficit que tenemos hoy en La Gaceta es que no estamos investigando muchas cosas en profundidad”, atribuyéndolo a “una renovación estructural dentro del diario que hace que no tengamos un departamento específico de investigación ni gente que tenga el tiempo para investigar”. Investigar, dijo, “significa dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, posiblemente tres artículos por año”. ¿Si La Gaceta no tiene la posibilidad de investigar, cómo pudieron hacerlo otros medio?
Sobre la cobertura de los casos que involucran a Cisneros —particularmente la causa Vélez, allanamientos por presunta asociación ilícita y otros escándalos vinculados al juego y la Caja Popular—, Van Mameren justificó una cobertura limitada. Afirmó que “hemos publicado todo lo que se ha hecho” y que “en el caso hemos planteado muchas cosas turbias”, pero admitió nuevamente la falta de investigación en profundidad. Sobre cómo manejar temas sensibles, dio como ejemplo: “Hasta que no haya una sentencia, no la vamos a meter en este quilombo”. Esta postura prioriza la cautela y los “equilibrios informativos” por encima de la investigación exhaustiva, especialmente cuando los implicados mantienen una relación comercial estratégica con el diario. Sin embargo esta «política editorial» no se aplica en ningún otro caso que se publica en La Gaceta, como por ejemplo la causa de «El Militar» Sosa.
Respecto a la quema de la edición de La Gaceta en 2000, Van Mameren reconoció que “fue un acto muy feo […] para la democracia tucumana” y que “hubo un gobierno que miró para otro lado”, pero evitó atribuir responsabilidad directa a Cisneros: “si esto fue específicamente […] Cisneros […] no tengo forma de decirte eso”. Minimiza así un ataque histórico a la libertad de prensa y contextualiza el episodio como un conflicto sindical del pasado, evitando cualquier confrontación que pudiera complicar las actuales relaciones con la Caja Popular y La Bancaria. Si el medio más antiguo y poderoso del Norte Argentino no puede confrontar con un sindicalista desbocado: ¿Quién podrá?.
El lamentable desenlace
Por ello es necesario advertir que La Gaceta ha sufrido una inédita erosión de credibilidad, sin precedentes en sus 114 años de vida.
Esa erosión no proviene de presiones externas aisladas, sino de una alianza pragmática disfrazada de “Guerra Fría”: críticas y ataques públicos que sirven de cortina de humo mientras fluyen la publicidad oficial y el blindaje mutuo. Desde 2000, después de la muestra de poder que realizó Cisneros, La Gaceta inició un camino de sumisión a la pauta oficial. Traicionó a cada anunciante mediano o pequeño, a cada lector, evitó una modernización que sabía inexorable y se convirtió en un elefante ineficiente al servicio de quienes manejan el dinero público.
Tanto los propietarios y empleados que arriesgaron todo en momentos de persecución y censura, como los ciudadanos tucumanos que gastaron hasta sus últimos centavos para comprar el diario y sostenerlo como un bien público, fueron las grandes víctimas de esta decisión. Al confesar la ausencia de investigación profunda y justificar coberturas tibias con excusas estructurales o de “equilibrio”, Van Mameren actúa más como gestor de relaciones comerciales que como guardián de la independencia periodística.
Cuando nos preguntamos por qué Tucumán ha caído en semejante crisis moral, política y económica, no debemos dejar al diario afuera de estas responsabilidades. Esta debacle no hubiera sido posible sin el cómplice silencio de quienes creyeron sentirse una privilegiada élite que podía ser espectadora del empobrecimiento de sus vecinos sin sufrir los coletazos de la crisis.
Al minimizar el ataque de 2000, normalizar las presiones y priorizar la “paz” con quien alguna vez ordenó quemar sus ediciones, el diario traiciona su rol histórico como contrapeso al poder y servicio a la sociedad.