En un revés significativo para los fondos demandantes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que condenaba al Estado argentino a pagar más de 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. El tribunal consideró que la jueza de distrito Loretta Preska interpretó de manera errónea la normativa argentina aplicable al caso.
La decisión confirma, además, la exculpación de la propia petrolera YPF de toda responsabilidad en el proceso de estatización. De este modo, la Argentina evita, al menos en esta instancia, un desembolso que, con intereses, había superado los 18.000 millones de dólares según estimaciones oficiales.
Los tres jueces del tribunal de apelaciones —Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson— escucharon los argumentos en una audiencia celebrada en octubre de 2025. La defensa argentina sostuvo, entre otros puntos, que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral que habilite reclamos de daños de esa naturaleza y que la ley de Expropiaciones impide acciones de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio.
El fallo de primera instancia, dictado por la jueza Preska en 2023, había determinado que la Argentina violó el estatuto de YPF al no lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios tras tomar el control del 51% de la compañía. Los demandantes principales eran las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora —cuyos derechos litigiosos fueron adquiridos en gran medida por el fondo Burford Capital— y Eton Park.
Tras conocerse la revocación, las acciones de Burford Capital registraron fuertes caídas en las bolsas de Nueva York y Londres.
El presidente Javier Milei celebró la resolución como “un triunfo histórico” y estimó que el país evita un pago de aproximadamente 18.000 millones de dólares. Fuentes judiciales consultadas indican que, si bien los fondos demandantes conservan la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, los especialistas consideran improbable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.
El litigio se inició en 2015 y tiene su origen en la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La petrolera cotizaba en la Bolsa de Nueva York desde 1993 y su estatuto incluía una cláusula que obligaba a quien superara el 15% de las acciones a ofrecer la compra del resto. El Gobierno nacional no realizó esa OPA, amparándose en la ley de expropiación sancionada por el Congreso.
La defensa argentina argumentó en todo momento la primacía de la Constitución y la ley de Expropiaciones por sobre el estatuto societario de una empresa privada. También cuestionó la competencia de los tribunales estadounidenses para resolver un asunto regido por derecho argentino.
Más allá del fondo del asunto, los jueces de apelaciones señalaron que la Argentina incumplió promesas realizadas a inversores extranjeros en la década de 1990, lo que afecta la credibilidad del país como destino de inversiones. Sin embargo, concluyeron que el remedio jurídico elegido por los demandantes no corresponde bajo la legislación local.
El caso deja en evidencia las tensiones históricas entre la soberanía estatal para decidir políticas estratégicas en recursos naturales y las expectativas de protección de los derechos de los inversores minoritarios en compañías cotizantes en el exterior.