El violento cabezazo que Marcelo Claudio «Pichón» Segura le propinó al diputado nacional Federico Pelli (con extrema precisión y efectividad, hay que admitirlo) en la ruta cerca de La Madrid, ha escalado a un conflicto de competencias judiciales que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que comenzó como un episodio de agresión durante la distribución de ayuda por inundaciones se ha convertido en un insólito pulso entre la Justicia provincial y la federal, con implicancias políticas evidentes en Tucumán.
El hecho ocurrió en medio de la emergencia por lluvias récord: Pelli, junto a otros dirigentes libertarios, repartía colchones y mercadería a damnificados cuando Segura –empleado público vinculado al Ministerio del Interior provincial y cercano al ministro Darío Monteros– lo agredió con un cabezazo que le rompió la nariz. El video viralizó rápidamente, generando repudio nacional, incluyendo del presidente Javier Milei.
La Justicia provincial actuó primero: imputó a Segura por «lesiones graves calificadas por alevosía», le dictó cuatro meses de prisión preventiva y lo trasladó al penal de Benjamín Paz, donde permanece detenido. Segura incluso se disculpó en la audiencia: “Le pido disculpas al señor Pelli”.
Sin embargo, la Justicia Federal intervino. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y el juez Guillermo Díaz Martínez consideraron que el delito debía investigarse en su fuero, por dos motivos principales: el hecho ocurrió en una ruta nacional (RN 157) y la víctima es un diputado nacional en ejercicio. El juez federal ordenó la declinatoria de competencia y pidió que el expediente pase a su órbita.
La Justicia provincial rechazó el pedido. El juez de Concepción –en coincidencia con el Ministerio Público Fiscal tucumano– se opuso a ceder la causa, argumentando que corresponde al fuero ordinario. Ante esta negativa, se configuró un conflicto de competencia que, por normativa, debe resolverse directamente por la Corte Suprema de la Nación.
Este desarrollo genera sorpresa y debate: un simple acto de violencia física, aunque contra un legislador nacional y en jurisdicción federal parcial, ha derivado en que la máxima instancia judicial del país decida quién investiga. Mientras tanto, Segura sigue preso en Benjamín Paz, y miles de jubilados (y otros miles de ciudadanos urgidos de una definición en la Corte Suprema) verán demorarse un poco más sus causas por una trifulca menor y evitable, que ha sido aprovechada en forma patética por gran parte de dirigencia política de Tucumán.