El gobernador Osvaldo Jaldo rompió el silencio este lunes y salió con los tapones de punta a defender la gestión de su gobierno ante la emergencia hídrica que azotó al sur tucumano. En una conferencia de prensa rodeado de su gabinete, el mandatario no solo buscó calmar las aguas internas con la ratificación a su ministro del Interior, Darío Monteros, sino que también apuntó contra la gestión nacional al justificar polémicas decisiones tomadas durante el operativo.
El gobernador confirmó que la decisión de cortar la ruta nacional 157 en tres tramos para acelerar el drenaje del agua en La Madrid fue una medida extrema y, según sus propias palabras, al borde de la ilegalidad. «Nos arriesgamos a cometer un delito federal, porque la ruta no es de la provincia», disparó el mandatario, dejando entrever que la necesidad apremiante los llevó a actuar por fuera de los canales institucionales habituales. La frase, lejos de ser una autocrítica, sonó a una crítica velada hacia la ausencia o lentitud del gobierno nacional de Javier Milei en la emergencia.
El discurso oficial se centró en destacar la «rapidez» y el «trabajo en equipo» provincial, asegurando que la inundación del pueblo duró apenas 48 horas gracias a su intervención, a diferencia de gestiones anteriores. Si bien agradeció «por la vía institucional» la asistencia de Nación, mencionando a los ministros Santilli y Pettovello, y al propio Milei, la mención sonó protocolar y de bajo perfil en comparación con el énfasis puesto en la «solidaridad del pueblo tucumano» y el despliegue de recursos provinciales. Jaldo dejó claro que el mérito, en su relato, es enteramente local.
En un contexto de versiones sobre posibles roces internos, la foto de gabinete completo y la ratificación implícita de Darío Monteros al acompañarlo en primera fila fue un mensaje político contundente: el equipo de emergencia tiene la bendición del gobernador. Pero el gesto más político fue el dardo contra el gobierno nacional. Al justificar el corte de la ruta como una «decisión excepcional», Jaldo expuso la falta de una presencia federal coordinada en el territorio, un flanco débil de la gestión libertaria que el peronismo tucumano no dudó en exponer para marcar diferencias.
Con un alerta amarilla vigente para este martes, Jaldo anunció que la provincia seguirá monitoreando la situación. Sin embargo, admitió problemas estructurales que persisten: la necesidad de revisar casa por casa el sistema eléctrico antes de reconectar el servicio, los daños en caminos rurales que complican el acceso a las escuelas y la suspensión de clases que, según aseguró, se recuperarán. El mensaje fue claro: la gestión de la crisis tuvo éxito en lo inmediato, pero los desafíos de fondo, tanto climáticos como de infraestructura y coordinación política, siguen tan vigentes como las aguas que aún no terminan de escurrirse.