Por primera vez el más importante de los diarios nacionales se ocupó de la causa en la que es investigado el diputado Carlos Cisneros por presunta Trata de Personas en la llamada causa Vélez, cuyo ingreso a la Cámara fue publicado como primicia en Tucumán por El Federalista.
El diario La Nación publicó este miércoles una nota titulada “Un diputado peronista es investigado por trata de personas y el oficialismo evalúa su apartamiento”, en la que informó que la Cámara de Diputados fue notificada formalmente sobre la investigación judicial que involucra al legislador tucumano.
Según consignó La Nación en la nota firmada por Delfina Celichini, el juez federal Guillermo Díaz Martínez remitió una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para informar que en el juzgado federal de Tucumán que subroga se tramita una causa en la que aparece mencionado el diputado Carlos Cisneros.
De acuerdo con lo publicado por el diario nacional, la causa está a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y en el expediente aparece Cisneros bajo la hipótesis “razonable” del delito de trata de personas. La nota de La Nación precisó que el magistrado no solicitó el desafuero del legislador. En cambio, notificó a la Cámara de Diputados “a los fines institucionales que pudieren corresponder”.
El diario indicó que el expediente fue remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que preside el diputado Nicolás Mayoraz, del bloque La Libertad Avanza. Según informó La Nación, esa comisión deberá analizar la comunicación judicial y emitir un dictamen en un plazo de hasta 60 días.
La publicación señaló que dentro del oficialismo nacional se analiza la posibilidad de solicitar a la Justicia el envío del expediente para evaluar el caso. La nota explicó que el desafuero de un legislador debe ser solicitado por la Justicia, aunque la Cámara de Diputados también podría avanzar por la vía disciplinaria.
La Nación detalló que esa alternativa incluiría una suspensión o una eventual remoción por “inhabilidad física o moral”, mecanismo que requiere el voto afirmativo de dos tercios del cuerpo. El diario señaló que, con la actual composición de la Cámara, ningún bloque cuenta por sí solo con esa mayoría especial.
Según consignó el medio, el bloque Unión por la Patria cuenta con 93 diputados y, si al menos 87 de ellos respaldaran a Cisneros, podrían bloquear un eventual intento de remoción. La nota también incluyó declaraciones del propio Cisneros. Según publicó La Nación, el diputado sostuvo que hasta el momento no había sido notificado por las autoridades de la Cámara ni por su bloque.
El legislador calificó la situación como una “operación” en su contra, de acuerdo con lo citado por el diario. La publicación recordó que el expediente judicial tiene su origen en la denominada “causa Vélez”, que fue seguido (además de El Federalista), por el portal provincial El Tucumano.
Cronología, según el diario porteño
Según describió La Nación, en marzo de 2024 una joven denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro futbolistas del club Vélez Sarsfield en un hotel de Tucumán, donde el equipo se encontraba concentrado para disputar un partido ante Atlético Tucumán.
El diario nacional señaló que la denunciante trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, organismo que, según fuentes judiciales citadas en la investigación, estaba bajo la influencia política de Cisneros. La Nación informó que en diciembre de 2025 el juez Augusto José Paz Almonacid resolvió el sobreseimiento de los futbolistas José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio.
Según consignó el medio, el magistrado consideró “contundente” la evidencia pericial que desacreditaba la acusación presentada por la denunciante. La nota indicó que las pericias informáticas realizadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia permitieron reconstruir conversaciones y audios vinculados al caso.
De acuerdo con lo informado por La Nación, esos elementos señalaban que el encuentro había sido consensuado y que posteriormente se habría intentado construir una denuncia extorsiva. El diario precisó que a partir de esa resolución judicial se abrió una nueva línea de investigación para determinar si detrás de la denuncia existió una posible trama de trata de personas vinculada a maniobras de extorsión.
En ese expediente aparece mencionado el diputado Carlos Cisneros, según informó La Nación. El medio también consignó declaraciones públicas del legislador en defensa de la denunciante. “Le arruinaron la vida a la víctima y ahora la vuelven a revictimizar. Es una empleada bancaria y la vamos a defender”, citó el diario.
Según publicó La Nación, Cisneros también cuestionó al ministro público fiscal de Tucumán, Edmundo “Pirincho” Jiménez. El legislador sostuvo: “Pirincho es dueño de todo. Él maneja ese negocio, maneja ese ida y vuelta”, de acuerdo con lo consignado por el diario.
La publicación agregó que el caso se desarrolla en medio de tensiones dentro del peronismo tucumano. La Nación recordó que Cisneros es dirigente del gremio La Bancaria, donde ocupa el cargo de secretario de Administración a nivel nacional y conduce el sindicato en Tucumán.
El diario también señaló que el legislador fue vicepresidente del club San Martín de Tucumán. La nota indicó además que Cisneros mantuvo en los últimos meses un distanciamiento político con el gobernador Osvaldo Jaldo.
Según publicó La Nación, el diputado se mostró cercano a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, a quien definió como “una bocanada de aire fresco”. El diario agregó que la fractura política también se reflejó en la organización parlamentaria del peronismo tucumano en el Congreso.
De acuerdo con la publicación, mientras el gobernador Jaldo impulsó el espacio legislativo Independencia, Cisneros permaneció dentro del bloque Unión por la Patria. La nota también recordó un episodio ocurrido el 5 de diciembre de 2025 en Concepción, cuando trabajadores bancarios fueron reprimidos por la policía durante una protesta sindical.
Según consignó La Nación, Cisneros expresó entonces: “Estoy dolido con Jaldo”. El diario añadió que en paralelo al avance judicial el legislador perdió influencia política sobre la Caja Popular de Ahorros. La publicación mencionó que el Tribunal de Cuentas de Tucumán detectó irregularidades en la administración de ese organismo.
Según La Nación, un informe indicó que la Caja habría retenido durante años fondos que debían transferirse al Sistema Provincial de Salud. El diario señaló que una auditoría estimó que la deuda acumulada entre 2020 y 2023 podría superar los 3.300 millones de pesos, más intereses.
La nota agregó que el Tribunal de Cuentas advirtió que esa retención de recursos podría encuadrarse en delitos como violación de deberes de funcionario público o malversación de fondos. También informó que el organismo detectó incumplimientos en las transferencias al Fondo Provincial del Deporte.
Según dijo el diario porteño la Caja debía destinar el 1% de la recaudación del juego a ese fondo, pero durante más de dos décadas prácticamente no se registraron depósitos.