Un nuevo capítulo en la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez se inició ayer. Los abogados defensores de Justina Gordillo solicitaron que su defendida continúe el proceso en libertad o bajo arresto domiciliario, al considerar que los riesgos procesales han disminuido. El Ministerio Público Fiscal y la querella se opusieron al pedido y advirtieron que las evidencias recolectadas en los últimos días podrían complicar la situación de la imputada. El juez interviniente resolverá los planteos durante la jornada de hoy.
Gordillo fue privada de su libertad el 3 de enero, tras la decisión del juez Bernardo L’Erario Babot, quien accedió al pedido de tres meses de prisión preventiva formulado por el fiscal Pedro Gallo. Desde entonces, sus abogados Florencia Abdala y Camilo Atim han utilizado todos los recursos disponibles para revocar la medida de coerción. El 10 de febrero, la jueza del Tribunal de Impugnación, María Jimena Suárez, rechazó el planteo de los defensores.
Ayer, los defensores intentaron nuevamente morigerar la medida ante el juez Babot. Explicaron que la magistrada Suárez mencionó en sus fundamentos la posible existencia de personas no identificadas involucradas en el crimen. Este indicio surgió de una filmación que captó a un individuo descendiendo de un auto Chevrolet Corsa cerca de la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, la noche del crimen. Los investigadores no descartaron que Gordillo se haya trasladado en ese vehículo.
Los defensores indicaron que la investigación avanzó y se identificó que la persona que descendía del automóvil era una joven de visita en la casa de su primo, vecino de Sosa. Por lo tanto, lo observado en las filmaciones no corresponde a un coautor ni a un coimputado prófugo.
Los defensores negaron que la imputada estuviera con la víctima antes del hecho. Según los informes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), Érika realizó un viaje en Uber a las 3.37 desde su domicilio y llegó a la vivienda de “El Militar” a las 3.50. Justina Gordillo se retiró del domicilio de Sosa a las 00.08, según el archivo digital del MPF. Esto significa que la víctima llegó casi tres horas después de la partida de Gordillo.
También refutaron la hipótesis de que Justina permaneciera con el cuerpo sin vida de la víctima. Un informe del Ecif analizó las líneas telefónicas que impactaron en el basural donde se halló el cuerpo de Érika y concluyó que la línea vinculada a Sosa estuvo allí el 7 de enero a las 11.41, horario en el que Justina Gordillo cumplía funciones en el Poder Judicial.
El MPF determinó que la persona que habría ayudado a Sosa a ocultar el cuerpo fue Nicolás Navarro Flores (ver más abajo), tras un análisis de líneas telefónicas que sugirió que ambos compartieron el mismo espacio físico en el domicilio de Sosa la mañana del 7 de enero. Existe un indicio de que Navarro estuvo en la casa del imputado al menos dos horas antes del traslado del cuerpo al basural, y no Gordillo.
Entre otras evidencias mencionadas por los defensores, durante las pruebas de ADN practicadas no se detectó el perfil genético de Gordillo. Alegaron que la declaración de su defendida contribuyó a la posterior detención de Navarro y de Jorge “Chicho” Díaz. No hay motivo razonable para suponer que en esta instancia, con las evidencias recolectadas y la declaración de la clienta, pueda producirse un acto de entorpecimiento en la investigación. Solicitaron la libertad o, subsidiariamente, arresto domiciliario bajo caución real.
Resistencia a la liberación
El fiscal Gallo y el querellante Carlos Garmendia pidieron mantener la prisión preventiva. Aunque el fiscal reconoció que la línea del Corsa se descartó, enfatizó que esto no implica que nadie más haya participado en el hecho, y que la investigación es dinámica con pruebas pendientes.
El fiscal expresó sorpresa por el planteo de la defensa en este momento, ya que la causa no está paralizada sino que ha tenido avances significativos en los últimos días. Del peritaje del celular de Gordillo, se descubrieron conversaciones que sugieren que la imputada conocía a la víctima, referida como “Anto”, y que habría participado en conversaciones sobre servicios y encuentros sexuales, contradiciendo su declaración de no conocer a Érika.
Además, el día del hecho hubo 28 llamadas telefónicas entre Sosa y Gordillo, incluyendo siete llamadas por WhatsApp entre las 7.32 y las 9.07. En cuanto a la declaración que Gordillo brindó en la sede fiscal, el fiscal la consideró totalmente falsa, no fue tenida en cuenta para sustentar la acusación contra Díaz y Navarro, y con su testimonio trató de proteger a Sosa.
Gordillo tuvo la oportunidad de decir la verdad y la desaprovechó. Al mentir, pretende desviar la investigación hacia otro lugar, según Garmendia, quien apoyó la postura del MPF.
Tras las exposiciones de las partes, el juez Bernardo L’Erario Babot dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.30 para analizar los elementos presentados. Gordillo se encuentra alojada en la cárcel de Delfín Gallo.
Los otros detenidos
Jorge Orlando Díaz fue acusado de colaborar en el ocultamiento del cuerpo de Érika Antonella Álvarez, la desaparición de su teléfono celular y la limpieza del lugar del hecho. El 7 de enero de 2026, llegó al domicilio de Sosa alrededor de las 15:17 en una camioneta Chevrolet S10 negra, y se retiró a las 17:10 transportando bolsas de consorcio de gran tamaño.
Nicolás Augusto Navarro fue acusado de colaborar en el ocultamiento del cuerpo y en la eliminación de rastros. El mismo día, tras una llamada de Sosa a las 8:20, llegó al domicilio alrededor de las 9:06 en una motocicleta Betamotor, y permaneció aproximadamente veinte minutos.
Estos cargos fueron formalizados el 27 de febrero de 2026 ante la jueza Isolina María Apas Pérez de Nucci, como encubrimiento agravado. Se ordenó prisión preventiva por tres meses. La imputación contra Gordillo se basa en presencia previa, contacto telefónico y entrega de un celular, sin atribución a actos directos de ocultamiento o traslado del cuerpo.