El oficialismo logró una media sanción en la Cámara Alta para modificar la legislación que protege los glaciares, una iniciativa que busca achicar los territorios preservados y permitir actividades extractivas, especialmente de litio y cobre, en zonas actualmente resguardadas por la normativa.
La propuesta fue aprobada en general con 40 votos afirmativos y 31 negativos, además de la abstención de la senadora neuquina Julieta Corroza. Los artículos restantes se votaron con un resultado similar.
A los 21 legisladores libertarios se sumaron ocho radicales: Carolina Losada y Eduardo Galaretto (Santa Fe); Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza); Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela (Corrientes); Flavio Fama (Catamarca); y Silvana Schneider (Chaco). Del Pro solo adhirió Martín Goerling (Misiones). También respaldaron el proyecto los dos senadores misioneros cercanos a Carlos Rovira, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Eduardo “Camau” Espínola y los tres referentes de Convicción Federal: Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca) y Carolina Moises (Jujuy).
Dentro del bloque Justicialista también hubo apoyo: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).
El proyecto, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, fue acompañado por manifestaciones en los alrededores del Congreso.
«No se trata de elegir entre agua y empleo. Es un país que vela por sus provincias», afirmó Patricia Bullrich en su discurso de cierre. Sostuvo que bajo la ley actual «proteger ha significado paralizar». Y finalizó: «Nosotros optamos por ser parte de este momento histórico que permitirá a la Argentina sumarse al gran cambio energético que vive la humanidad, en beneficio de nuestra gente».
Desde las tribunas, siguieron la sesión la secretaria General, Karina Milei; Martín y Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Minería, Luis Lucero.
La reforma genera controversia en grupos ambientalistas, que se oponen por sus posibles impactos ecológicos. La iniciativa también dividió aguas dentro de los partidos y las regiones. Mientras casi todos los representantes de provincias cordilleranas la apoyaron, el resto fluctuó entre el rechazo y un respaldo más cauteloso.
El debate planteó dos visiones opuestas. En líneas generales, quienes defienden la norma argumentaron que protege las geoformas del área periglaciar con una función hídrica importante y reivindicaron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario glaciar. Los opositores, en cambio, alertaron sobre las consecuencias ambientales, en particular sobre la afectación de las cuencas de agua.
Anabel Fernández Sagasti (La Cámpora-Mendoza) cuestionó la redacción del proyecto por considerarla imprecisa. «¿Qué se entiende por función hídrica relevante? ¿No creen que esto es judicializable? No otorga seguridad jurídica y no establece criterios técnicos uniformes para todas las provincias».
El proyecto pretende distinguir el área periglaciar de las «geoformas periglaciales» que cumplan roles de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto significa que no toda la zona periglaciar quedará protegida, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica demostrable.
La ley actual resguarda tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que forman parte del ambiente periglaciar, y prohíbe allí las actividades industriales. La reforma recortaría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro punto de discusión fue el mayor poder que los cambios otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Ejecutivo establece que será la autoridad jurisdiccional la responsable de la actualización técnica del inventario «con base en estudios técnico-científicos». En la actualidad, esa tarea la realiza el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza.
Agustín Coto (LLA) fue el encargado de explicar estos ajustes. En su rol de miembro informante del proyecto, argumentó que el Ianigla conservará la titularidad del inventario. «No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le reconoce el valor que tiene: científico», dijo. Explicó las modificaciones: «Se incorporan novedades: que las provincias puedan sumar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnico-científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional», señaló, tras calificar la norma vigente como una «ley de chetos que desconoce la diversidad del país».
Varios legisladores objetaron esta concesión a las provincias. «El Estado nacional queda sin ninguna responsabilidad», objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al considerar que no se debate sobre minería sino sobre agua. «El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad», concluyó.
El santacruceño José Carambia (Movere) criticó los cambios sin atenuantes. «Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que se quiera», evaluó sobre la reforma.
En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad provincial para definir el inventario. «Se pretende mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y saben perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto», afirmó. Y continuó: «Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace pensar que los organismos nacionales son mejores que los provinciales? Seamos responsables al hacer este tipo de declaraciones». Terminó su argumentación con una comparación numérica: dijo que en San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a toda la industria. «El gran consumidor de agua es el agro, no la minería», sintetizó.
La siguió el catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil. «No hay industria más controlada y regulada que la minería. Buscamos una norma más precisa y federal con una regla de oro: mientras sea fuente hídrica relevante, no se toca. Ese es el núcleo duro. Tuvimos una ley que durante 15 años fue algo ambigua», consideró.
Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los riesgos de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Colorado, cuyos caudales se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina. «Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en Mendoza, sin cumplir ninguna norma constitucional: terminan en conflictos sociales, económicos y judiciales».
Uno de los discursos más fervientes fue el del cordobés Luis Juez, quien justificó su cambio de postura: en 2010 había apoyado la ley de glaciares vigente. Para ello, se dirigió a «los que hacen patrullaje permanente y terrorismo ecológico». «Tengo el cuero duro como una tortuga», comenzó. Dijo que «pasaron 16 años» y consideró que esta reforma permite que las provincias «puedan ejercer las facultades que les confiere la Constitución».
Al inicio del debate, Fernando Salino, del Justicialismo Federal, objetó el procedimiento legislativo que imprimió el oficialismo al proyecto. Anunció que el texto sometido a votación lo recibieron a las 15.32. «Esto está fuera de reglamento», consideró. «Son modificaciones a los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley».
La reforma ambiental tensionó la relación entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR. El resultado final dependió de que ningún legislador peronista cambiara su postura a último momento.