La Cámara Alta aprobó este viernes el nuevo sistema de justicia para adolescentes, una propuesta del Ejecutivo de Javier Milei que establece la responsabilidad penal desde los 14 años e incluye sanciones de cárcel para jóvenes que cometan crímenes severos con violencia o resultados fatales.
La ley fue aprobada con un amplio respaldo de 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.
Una vez concluida esta votación, el Senado inició el análisis de la reforma laboral que la administración de Javier Milei también busca convertir en ley antes del próximo domingo. Ese día el mandatario pronunciará el discurso sobre el estado de la Nación para dar inicio a un nuevo ciclo de sesiones ordinarias del Parlamento.
En este asunto, la Cámara alta únicamente deberá decidir si acepta la modificación realizada por Diputados, que suprimió el controvertido artículo 44 sobre licencias por enfermedad, o si mantiene el texto que había sancionado el 12 de febrero pasado.
Como se anticipaba, el oficialismo logró sin dificultades el quórum necesario gracias al respaldo de los bloques opositores dialoguistas. De este modo, la sesión comenzó con 40 senadores en sus bancas y la mitad del hemiciclo ocupado por las bancadas peronistas del interbloque Popular desierto.
Fueron precisamente estas bancadas de la oposición dialoguista las que permitieron al oficialismo conseguir la sanción del nuevo régimen penal juvenil. Además de La Libertad Avanza, respaldaron la norma la UCR, el Pro y todos los bloques de fuerzas provinciales e independientes.
Aunque el cambio central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la iniciativa gubernamental crea un completo nuevo sistema penal para menores que contempla una serie de medidas procesales que van más allá de la simple detención de los condenados.
Así, los magistrados podrán elegir entre sanciones que van desde la amonestación hasta el seguimiento electrónico, incluyendo la prohibición de salir del país o la realización de tareas comunitarias cuando los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión.
El mismo esquema se aplica para hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no involucren la muerte o lesiones graves a la víctima.
«Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y las demás garantías procesales. El proyecto cumple con ese objetivo», sostuvo el libertario Gonzalo Guzmán (Salta), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo al inicio del debate.
En este sentido, la norma establece una serie de derechos y garantías desde el inicio del proceso penal, reconociéndoles asistencia legal, eficaz e idónea en su comparecencia ante los tribunales.
«Esta ley es invotable, es imposible de votar», sentenció desde el bloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), quien acusó al Gobierno de utilizar el debate sobre el aumento de penas para menores para ocultar la realidad social.
La radical Carolina Losada (Santa Fe) respondió a quienes critican la reducción de la edad de imputabilidad por considerar que los jóvenes de 14 años no son plenamente conscientes de los delitos que cometen.
«Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no comprende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden», afirmó Losada. «No podemos afirmar que un chico de 15 años no es responsable o no sabe lo que está haciendo», insistió.
El mismo concepto empleó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), en el cierre del debate, yendo un paso más allá al acusar al peronismo de olvidarse de las víctimas de la inseguridad.
«Se preocuparon por los victimarios, ustedes quieren que los ciudadanos sigan siendo ciudadanos de segunda», acusó Bullrich, antes de agregar: «esta ley está del lado de los ciudadanos, abandona la teoría de que la víctima es el delincuente».
En este sentido, la jefa del oficialismo en el Senado aseguró que «un país que olvida a sus víctimas, termina perdiendo totalmente el sentido de la justicia».
Replicó de esa forma al kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien había denunciado que, con la sanción de esta ley, «chicos de 14 y 15 años van a ser juzgados y condenados incluso por delitos culposos, delitos en cuya participación el menor no tenía la intención de dañar».
«Hay que ser claro con las familias de la Argentina acerca de lo que quieren votar; explíquenles que con esta ley cuando dos chicos se peleen en el recreo y se lastimen ya no va a intervenir el director del establecimiento, sino que va a tener que dar notificación a la comisaría y va a intervenir un juez y un fiscal», afirmó Soria. «Miente», lo acusó Bullrich a su turno, antes de aclarar que las penas de cumplimiento efectivo son para los delitos graves.
La pena máxima posible será de 15 años incluso cuando la escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. Prohíbe la condena a reclusión y prisión perpetuas.
En los casos en que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante sanciones alternativas a la prisión.
En contra del proyecto se manifestó Gerardo Zamora (Frente Cívico-Santiago del Estero), quien acusó al Gobierno de tomar el camino fácil de recurrir al aumento de penas para mostrarse como una administración reformista.
«Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. Está bien, pero a veces estas cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este», dijo el exgobernador, quien calificó de «inconstitucional» la iniciativa porque «arrasa con facultades de las provincias», además de incrementar los gastos a los distritos.
En una incorporación de último momento en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo agregó un artículo que establece una partida de $23.800 millones para financiar la creación del nuevo sistema procesal penal para menores.
De esa partida deberían financiarse la creación de prisiones específicamente acondicionadas para los adolescentes, ya que no podrán quedar detenidos junto con mayores de edad.
El kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) calificó de «insuficiente» el financiamiento dispuesto por el Gobierno y se quejó por los plazos previstos para adecuar el sistema penal para alojar a los adolescentes. «No puede tardar 9 años la construcción de los complejos», se quejó.
En este sentido, el exmandatario chaqueño criticó el castigo con penas de prisión a menores al afirmar que el «exceso de punitivismo no resuelve el problema» y pidió «atacar las causas para después garantizar un ordenamiento jurídico de carácter punitivo que implique resolver el problema».