El lunes se cumplirán 2 años de la visita de la joven periodista a la habitación 407 del Hotel Hilton de Tucumán, donde se encontraban los jugadores de Vélez Sarsfield. Estos son lo hechos más destacados de la causa:
La causa Vélez comenzó el sábado 2 de marzo de 2024. Lourdes Parache (P.M.D.L.), empleada de la Caja Popular de Ahorros, se reunió con los jugadores de Vélez Sarsfield José Ignacio Florentín Bobadilla, Braian Cufré, Abiel Osorio y Carlos Sebastián Sosa Silva en la habitación 407 del Hotel Hilton de Tucumán. No hubo registro de violencia; chats posteriores muestran un tono festivo y de consentimiento.
Al día siguiente, el 3 de marzo de 2024, Parache escribió a sus amigas en el grupo “Reinas de la Noche” celebrando haber recibido una camiseta de Vélez y usarla para dormir. El tono era alegre. Apenas 48 horas después, el lunes 4 de marzo, Federico Petraglia —mano derecha del diputado Carlos Cisneros— llamó al hotel pidiendo las cámaras de seguridad de esa noche (hecho citado en las demandas de febrero 2026 como prueba de conocimiento prematuro y manipulación).
El miércoles 6 de marzo de 2024 se formalizó la denuncia por abuso sexual agravado contra los cuatro jugadores. Rápidamente, Cisneros intervino: el 12 de marzo logró el cambio de fiscalía. Los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, asignados desde La Bancaria, comenzaron a coordinar testigos y eliminar evidencia.
Durante marzo y abril de 2024 se armó el operativo. Petraglia visitó el Hilton antes de la denuncia. Neme borró mensajes de los celulares de Parache y Milagros Castellote. Se simuló un robo del teléfono de Parache para destruir un audio donde ella decía haber “pasado bien”. Cisneros le compró un iPhone nuevo (hechos citados explícitamente en ambas demandas como parte de la maniobra de ocultamiento y coordinación criminal).
En septiembre de 2025, Florentín Bobadilla presentó una contradenuncia por asociación ilícita, falso testimonio y estafa procesal. Acusó directamente a Cisneros, Parache, Neme, Venditti, Petraglia, Castellote y otros de formar una organización criminal desde la Caja Popular. Ese mismo mes, el 30 de septiembre, se ejecutaron allanamientos simultáneos con más de 50 efectivos a siete domicilios, entre ellos el estudio de Patricia Neme en barrio Sur, que comparte oficinas físicas con Enterate, el multimedio oficial de La Bancaria.
En octubre de 2025, mientras las pericias UFED avanzaban, “Las Bancarias” de Cisneros se movilizaron por las calles de Tucumán con consignas feministas y pancartas contra el Ministerio Público Fiscal. Denunciaban “violencia machista” institucional y defendían a su jefe como víctima de una persecución política.
A principios de noviembre de 2025, el juez Lucas Taboada dictó una medida cautelar que prohibía a los medios de Cisneros (CCC y Enterate) seguir atacando con nombre y apellido a fiscales y jueces. El fallo fue calificado por el cisnerismo como un “retroceso medieval” y un atentado contra la libertad de prensa.
El 7 de noviembre de 2025, Parache escribió a sus amigas confesando sentirse “prisionera” y obligada a “cumplir órdenes sin preguntar ni chistar” (prueba clave citada en las dos demandas de 2026). El 14 de noviembre llegó a Tucumán, en jet privado, Fernando Burlando. Se matriculó de urgencia para “aniquilar” la censura y revertir la cautelar.
Pese a los supuestos motivos expresados por el mediático, después quedó en evidencia que en realidad el abogado había llegado para entorpecer la causa sobre la supuesta violación en manada que se caía a pedazos por las pruebas del siniestro armado contra los deportistas. Burlando que cobra unos 1.500 dólares por hora, nunca aclaró de dónde salían los fondos para pagarle.
Después de todos estos traspiés pero con el dinero cobrado, a fines de diciembre de 2025 Burlando desapareció del escenario tucumano sin pena ni gloria. Tras el colapso de la querella y el sobreseimiento de los jugadores, el mediático abogado abandonó la provincia sin lograr ninguna victoria.
El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto Paz Almonacid dictó el sobreseimiento total de los cuatro jugadores. Calificó la denuncia como una “cama extorsiva” y remitió todo a la Justicia Federal por trata de personas con fines de explotación sexual. El fallo tiene un concepto central: el hecho atribuido no constituye delito en los términos planteados.
El portal eltucumano.com titula: “Causa Vélez: se confirmó la falsa denuncia de Lourdes Parache y los cuatro jugadores denunciados fueron sobreseídos…”, interpretando el fallo como confirmación de la falsedad de la denuncia. El juez, a la par, ordena remitir testimonios y material probatorio al fuero federal para investigar posibles delitos vinculados al armado de la causa (trata de personas, asociación ilícita, extorsión).
Cisneros pasa de ser el dirigente que se mostraba como defensor de víctimas y promotor de la causa Vélez a potencial jefe de la estructura que habría armado la falsa denuncia. Las pericias UFED, los movimientos económicos y los contactos entre actores del caso son presentados como parte del “aparato Cisneros” que ahora se investiga. Las mismas pruebas que sirvieron para demostrar la falsa denuncia ahora se usan para sostener la imputación por trata y asociación ilícita contra el dirigente y su entorno.
Paralelamente a las presentaciones judiciales, a fines de 2025, y en febrero de 2026 circularon afiches anónimos en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán reavivando críticas a la Justicia tucumana y al juez Augusto Paz Almonacid por su fallo de sobreseimiento. Al finalizar la feria judicial, en febrero de 2026, reaparecieron panfletos y escraches en Tucumán contra el magistrado y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, acusándolos de parcialidad y de haber desarmado la causa en favor de los jugadores.
Desde entonces y hasta enero de 2026, los medios controlados por Cisneros (Enterate y La Gaceta) redoblaron la campaña: victimizaron al diputado, amenazaron con desestabilizar al gobierno de Jaldo y presentaron una demanda millonaria contra Germán García Hamilton, El Federalista y El Tucumano.
Las últimas explosivas noticias
Esta semana, Florentín Bobadilla presentó los dos escritos que marcan el último episodio: uno en el Juzgado Federal por trata y otro en la Unidad Fiscal Regional por falso testimonio. Pide la detención inmediata de Cisneros, Neme, Venditti, Petraglia y Castellote, más el desafuero del diputado nacional.
La demanda local (Unidad Fiscal Regional) acusa a Patricia Micaela Neme, Franco Venditti, Carlos Aníbal Cisneros, Federico Petraglia y Milagros Castellote de formar parte de una organización criminal que actuó coordinadamente para influir sobre funcionarios y testigos, engañar a la justicia en diferentes actos procesales, ocultar la verdad e introducir información falsa en el marco del proceso penal donde ya existe una sentencia que declara la inocencia de los jugadores. Se basa en el riesgo de obstaculización de la investigación y peligro de fuga (especialmente por los recursos y contactos de Cisneros), y solicita su inmediata detención más el desafuero del diputado.
La demanda federal (Juzgado Federal, causa “Cisneros y otros s/ trata de personas con fines de explotación sexual”) se centra exclusivamente en la posible participación de Carlos Aníbal Cisneros en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Cita como pruebas directas la declaración de Rocío Sancho Miñano (abogados de Parache por orden de Cisneros, quien tomaba decisiones, organizó la entrevista en TN y le compró un celular), el mensaje de Parache del 7 de noviembre (“prisionera” y “cumplir órdenes sin preguntar ni chistar”), la actuación inmediata de Petraglia en el Hilton al día siguiente del hecho, y las maniobras previas acreditadas en la causa provincial (visita a cámaras antes de la denuncia, robo del teléfono con el audio “había pasado bien” y la frase “iba a hacer pingo” a una jueza). Solicita detención, indagatoria, desafuero y remisión íntegra de la causa provincial.
