El organismo de control estatal, la Inspección General de Justicia, solicitó formalmente al Ministerio de Justicia la designación de interventores oficiales para supervisar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino. Este requerimiento se produjo luego de que la entidad rectora del fútbol nacional no cumpliera con un plazo perentorio para ampliar la documentación financiera que le había sido exigida.
Fuentes del organismo, que depende del Poder Ejecutivo, confirmaron a LA NACION que el pedido de veedores apunta a obtener acceso a información contable que la administración de Claudio “Chiqui” Tapia omitió presentar dentro del término establecido.
La solicitud, firmada por el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, busca establecer una supervisión que examine los estados contables cerrados a mitad del año pasado, el proceso de creación de la universidad de la AFA y el análisis de diversos vínculos comerciales de la institución.
Esta acción de la IGJ representa una de las dos líneas de acción que el Gobierno nacional ha abierto sobre el manejo de la AFA. La otra es una denuncia penal presentada a fines del año pasado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde tanto Tapia como el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a indagatoria por una presunta evasión fiscal que ascendería a más de $7.590 millones.
Vítolo fundamentó el pedido de designación de veedores para que estos puedan «obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la entidad, así como verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley».
En declaraciones a la prensa, el titular del organismo aclaró: «La intervención solicitada en grado de veeduría no implica sanción ni prejuzgamiento alguno, sino el ejercicio regular de las funciones de fiscalización. No es ninguna interferencia en el manejo de la AFA. La única finalidad es contar con información completa y verificable».
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que «la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades».
Según la documentación a la que tuvo acceso LA NACION, entre las facultades que se solicita para los veedores se incluye la presentación de un informe pormenorizado sobre los estados contables y financieros de la AFA al 30 de junio de 2025.
El escrito de la IGJ también requiere auditar e informar sobre «toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o los Sres. Javier Faroni y/o Erica Gillette, y entre la AFA y Sur Finanzas S.A.», así como con el empresario Ariel Vallejo.
Para ello, los interventores deberán tener autoridad para revisar libros, documentación contable, soportes de las operaciones registradas y toda la papelería vinculada a los puntos bajo análisis.
Al referirse a la medida, Vítolo recordó que la IGJ «rechazó recientemente la pretensión de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires por considerar irregular la mudanza invocada», y afirmó que la AFA «mantiene hoy su sede social en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires», por lo que continúa bajo su jurisdicción.
El organismo había iniciado un primer requerimiento a la cúpula del fútbol en diciembre pasado, cuyo plazo venció en enero. Tras una presentación inicial, la IGJ pidió precisiones adicionales sobre el destino de 450 millones de dólares que figuran en los balances de la AFA y la Superliga entre 2017 y 2024, otorgando un nuevo plazo de 10 días hábiles.
«Tenemos que seguir preguntando porque la función nuestra como organismo es seguir fiscalizando y les fuimos preguntando por todo lo que fue apareciendo», había explicado Vítolo a LA NACION antes de conocerse la decisión.
Las dudas del organismo se centran en el destino de 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones de la Superliga, por lo que requirió datos sobre composición de deudas, inversiones en el predio de la AFA y recupero de varias actividades, entre otros conceptos.
El plazo para esa presentación complementaria venció el día anterior, y mientras la Superliga realizó su entrega, la AFA incurrió en incumplimiento, lo que motivó la decisión de solicitar la veeduría.