Las últimas declaraciones de Justina Gordillo dieron vuelta la investigación sobre el crimen de Erika Antonella Alvarez, del que es el principal acusado Felipe Sosa, apodado El Militar. Ahora, la empleada judicial podría quedar en libertad al no estar acreditada su participación en el asesinato ni tampoco en el encubrimiento.
Hay algunos puntos planteados por la querella, que tiene a Carlos Garmendia como representante, que probablemente quedarán exclusivamente en publicaciones periodísticas ya que no pudieron acreditarse dentro del expediente. Por ejemplo, la familia de Erika denunció la existencia de una supuesta filmación de un trío sexual que nunca apareció. Siempre se habló de una mujer mayor que habría participado, pero jamás se dio el nombre de Gordillo ni tampoco fue identificada formalmente.
También denunciaron amenazas a la joven asesinada a través de redes sociales, hipótesis que hasta el momento tampoco pudo ser probada judicialmente. Pero el dato que ahora modifica el eje investigativo es la aparición de otra mujer como posible participante del encuentro previo, quien habría ingresado con Sosa cerca de las 21 horas, según el análisis de cámaras de seguridad.
La nueva declaración
Gordillo declaró por segunda vez en la causa, después de que el juez ordenara su prisión preventina. Ahora la mujer insistió en que no participó de ningún encuentro sexual con Erika y Sosa, como había sostenido inicialmente la querella. Reconoció que esa noche cenó con el acusado y luego regresó a su domicilio.
Tal como surge del análisis de registros fílmicos incorporados a la causa, Gordillo se retiró de la vivienda pasada la medianoche. En cambio, se confirmó que Erika Alvarez llegó recién alrededor de las tres de la madrugada a bordo de un vehículo de aplicación. Esta diferencia horaria se convirtió en uno de los elementos centrales del expediente, ya que ubica a ambas mujeres en momentos distintos dentro de la escena investigada. La incógnita que permanece abierta es la identidad de la mujer que habría ingresado con Sosa al domicilio cerca de las 21, ya que no sería ni Erika ni Gordillo.
Durante su declaración, la imputada relató que el miércoles 7 recibió un llamado telefónico de Sosa, quien le pidió ayuda porque una joven que estaba con él se había descompensado. Según su versión, horas más tarde el acusado volvió a comunicarse para decirle que la situación estaba controlada, motivo por el cual aseguró no haber sospechado la existencia de un hecho violento.
Gordillo también aclaró que las dos personas que habían sido señaladas como ocupantes de un Chevrolet Corsa gris eran vecinos del acusado y que no estuvieron presentes la noche del crimen, una afirmación que ahora deberá ser corroborada por los investigadores.
Además, aportó a la fiscalía una lista de nombres de personas que habrían tenido contacto con Sosa antes de que ocultara el cuerpo. Las identidades no fueron difundidas para evitar interferencias en la pesquisa, aunque trascendió que se trataría de empleados de sus empresas o personas vinculadas a la concesionaria donde el acusado adquirió la motocicleta con la que posteriormente viajó hacia Buenos Aires.
La imputada reconoció haber regresado a la casa de Sosa después del crimen, aunque afirmó que no advirtió ninguna situación irregular. En ese contexto, declaró haber visto cómo el acusado entregaba un celular de color rosa a un allegado, dato que ahora forma parte de las líneas investigativas abiertas por la fiscalía.
En otro tramo de su testimonio, sostuvo que Sosa mantenía relaciones paralelas con distintas mujeres, varias de ellas atravesadas por problemas de consumo problemático, y aseguró que el propio acusado le había contado que años atrás se había dedicado a la venta de éxtasis, versión que ya había sido mencionada previamente por familiares de la víctima.
Una investigación que cambia de dirección
El nuevo escenario judicial surge del contraste entre las hipótesis iniciales y la evidencia reunida hasta ahora. Mientras en los primeros días del caso se insinuó la existencia de un encuentro sexual grupal del que habría participado Gordillo, la reconstrucción horaria basada en cámaras de seguridad comenzó a debilitar esa línea investigativa.
La diferencia temporal entre la salida de Gordillo y el ingreso de Erika no sólo explica por qué la empleada judicial no fue imputada por homicidio, sino que también pone en discusión el alcance de la acusación por encubrimiento. Para sostener esa figura penal, la fiscalía deberá demostrar que la imputada conocía la existencia del crimen y realizó acciones concretas destinadas a ocultarlo.
Con una causa aún abierta y nuevas personas bajo análisis, la investigación se encuentra en una etapa de redefinición. La declaración de Gordillo introdujo dudas sobre algunas hipótesis iniciales y desplazó el foco hacia otros posibles protagonistas aún no identificados plenamente.
En ese contexto, la posibilidad de que la imputada recupere la libertad comenzó a ganar fuerza dentro del expediente. La decisión final dependerá de si el juez considera que los elementos reunidos alcanzan para sostener la prisión preventiva o si, ante la falta de pruebas concluyentes sobre su participación, corresponde que continúe el proceso en libertad mientras avanza la investigación sobre el crimen de Erika Antonella Alvarez.
El contraste jurídico: sospecha vs. prueba
El caso muestra hoy dos narrativas contrapuestas. La fiscalía sostiene que hubo un despliegue organizado para ocultar el crimen; Gordillo habría participado en esa etapa posterior; y su conducta posterior resulta incompatible con el desconocimiento del hecho.
Por su parte, la defensa argumenta que no existe prueba directa en su contra; su declaración es coherente con los registros horarios; desconocía la muerte de la joven cuando habló con Sosa; la imputación surge principalmente del vínculo sentimental con el acusado.
Porqué podría quedar libre
Procesalmente, la prisión preventiva no implica culpabilidad, sino evaluación de riesgos. Si la defensa demuestra que ya no puede entorpecer la investigación, las pruebas siguen siendo sólo indiciarias, y su versión no fue desmentida por evidencia objetiva, el juez podría reemplazar la detención por arresto domiciliario o libertad bajo reglas de conducta. Fuentes judiciales anticiparon que la defensa solicitará una audiencia para revisar la medida cautelar tras su declaración.