CARACAS.– El Congreso venezolano, de mayoría oficialista, sancionó este jueves una Ley de Amnistía que, de acuerdo a defensores de derechos humanos, posee un alcance acotado y no asegura la excarcelación de numerosos detenidos políticos —incluyendo a miembros de las fuerzas armadas—, en un contexto donde ciertos familiares completaban su quinta jornada de ayuno voluntario para reclamar la liberación de sus seres queridos.
La legislación habilita la posibilidad de excarcelar a individuos procesados o sentenciados por eventos sucedidos desde 2002 hasta 2025. La mandataria interina, Delcy Rodríguez, quien asumió en enero luego de la deposición de Nicolás Maduro impulsada por Estados Unidos, promovió un conjunto de iniciativas alineadas con exigencias del gobierno de Donald Trump, que comprenden modificaciones jurídicas, ajustes en la política de hidrocarburos y la puesta en libertad de reclusos que agrupaciones humanitarias califican como presos políticos.
El cuerpo legislativo, conducido por Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta provisional y principal impulsor de la iniciativa—, llevó a cabo la segunda discusión requerida por la normativa venezolana para su aprobación final. En el transcurso de la sesión, el titular de la cámara agradeció la labor de los parlamentarios y expresó: “Lo único que lamento es que hayan tenido que ocurrir sucesos tan penosos y trágicos para que todos procuremos y fomentemos la fraternidad, la unión y la paz de la República. Pero también se aprende de los sufrimientos”.
El texto sancionado estipula amnistía para aquellos que hayan intervenido en manifestaciones políticas y en “acciones violentas” relacionadas con el intento de golpe de Estado de 2002, así como en protestas o comicios realizados en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. No obstante, deja fuera a quienes recibieron condena por “rebelión militar” en conexión con los eventos de 2019.
La norma, integrada por 16 artículos, no detalla de forma precisa los ilícitos cubiertos por la amnistía. Un anteproyecto anterior sí enumeraba figuras como instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, rebelión y traición.
Tampoco incluye la devolución de bienes confiscados, la anulación de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos ni la suspensión de sanciones aplicadas a medios de comunicación, elementos que habían sido contemplados en borradores previos.
Varios líderes opositores y exfuncionarios críticos permanecen fuera del territorio nacional para eludir órdenes de arresto que estiman de índole política.
Si bien la ley autoriza a quienes se hallen en el exterior a designar un letrado para gestionar la solicitud, requiere su presencia física en Venezuela para que la amnistía se haga efectiva.
Asimismo, el beneficio únicamente aplicará a quienes “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, un requisito que podría excluir a quienes mantienen su activismo desde otros países.
La disposición también contempla la anulación de órdenes de captura internacionales para los beneficiarios.
Quedan exceptuados de la amnistía los sentenciados por violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico y corrupción, así como quienes promuevan, respalden o ejecuten “acciones armadas” contra Venezuela y su ciudadanía con respaldo de naciones o entidades foráneas.
La ley comenzará a regir una vez que sea promulgada por la presidenta interina y divulgada en la Gaceta Oficial. Los juzgados deberán resolver sobre las peticiones en un término de 15 días.
Mientras voceros gubernamentales sostienen que aproximadamente 900 personas obtuvieron la libertad en el último año, la agrupación Foro Penal registra 450 liberaciones de quienes considera presos políticos desde el 8 de enero. Aún resta excarcelar a 644 individuos.
De forma paralela, una huelga de hambre iniciada el 14 de febrero por familiares de detenidos frente a la comisaría conocida como Zona 7, en Caracas, fue levantada este jueves tras la sanción de la ley.
De las diez mujeres que comenzaron la protesta, solo continuaba una, Narwin Gil. Los familiares observaron la sesión parlamentaria desde un campamento improvisado bajo una carpa, mediante la transmisión en un teléfono móvil, a la expectativa de que la normativa se materialice en liberaciones efectivas.
Con información de Reuters