Dueño de Línea 8 acusa a «mafia» del transporte en Tucumán y advierte: «No podemos perjudicar a toda la comunidad»

En el marco de la huelga nacional impulsada por la CGT y respaldada por la Unión Tranviarios Automotor, el empresario del transporte Sergio Gómez Sansone se volvió protagonista luego de que circulara un video donde expone presiones y obstrucciones a sus vehículos en la Terminal de Ómnibus.

Gómez Sansone, dueño de la línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao, sostuvo que un conjunto ligado al dirigente César González bloqueó la salida de colectivos y causó destrozos en las unidades que procuraron operar durante la protesta.

«Se trata de una extorsión»

El problema estalló cuando la compañía resolvió organizar un esquema acotado de viajes a pesar del paro. Según detalló Gómez Sansone, de los 150 empleados de la firma, 50 aceptaron laborar y se coordinó un cronograma especial para asegurar el retorno de los conductores antes de las doce de la noche.

«Lo que existe es un chantaje condicionado. Nosotros llamamos a los trabajadores que deseaban trabajar. Estos individuos terminaron provocando todo este perjuicio», afirmó.

El empresario fundamentó su determinación en el subsidio provincial que obtiene el sistema de transporte. «El Gobierno provincial destina más de 6.000 millones de pesos para que el servicio opere, y el total se dirige a salarios. Es ilógico que ese esfuerzo termine perjudicando a la población con una medida de fuerza», razonó. Y añadió: «No pueden valerse de la provincia para abandonar a toda la comunidad».

«No defienden a los trabajadores, defienden la caja»

Durante una entrevista, Gómez Sansone imputó a sectores gremiales y empresariales de actuar en complicidad. «Si leen la carta al director que publiqué hoy, van a comprender lo que es la mafia del transporte público en Tucumán», expresó.

Desde su perspectiva, el fondo del conflicto no es la protección de los trabajadores sino la pugna por el dominio del sistema. «Es falso que defienden derechos. Están protegiendo su caja sindical, la chance de seguir presionando a empresarios y repartiéndose el mapa del transporte público».

También objetó la metodología del paro en el contexto del debate legislativo por la reforma laboral. «El Congreso está discutiendo una ley con representantes elegidos por el pueblo. Si quieren modificar las reglas, formen un partido político, preséntense y ganen. No se puede doblegar mediante la presión», planteó.

«Estoy a favor de la República»

Preguntado sobre su alineamiento político, el empresario respondió: «Yo soy oficialista. En la provincia soy jaldista, en la municipalidad soy chalista y en la Nación soy mileísta. Brindo un servicio público y debo ser responsable. Estoy a favor de la República y de la institucionalidad».

En ese sentido, pidió abrir un debate «con personas honestas y no con delincuentes sentados en la mesa» y reiteró su pedido de «desenmascarar» lo que considera una asociación ilícita dentro del sistema.

Mientras tanto, la jornada de paro dejó a la mayoría de los servicios urbanos e interurbanos detenidos, con excepción de las unidades de la línea 8 y San Pedro de Colalao, que intentaron funcionar en un clima de tirantez y denuncias cruzadas. «Hoy la gente común es la que paga. Una enfermera que iba a trabajar atendía a 40 o 50 personas. Eso es lo que se está perjudicando», finalizó Gómez Sansone.

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