En Tucumán el rol del Estado en la economía es determinante y, así como puede evitar la caída en la pobreza extrema de los sectores más vulnerables, también se ha convertido en el permanente obstructor del crecimiento financiero de los sectores medios. Esto tiene como resultado un magro crecimiento en su PBI de sólo 1,5 por ciento en los últimos años contra, por ejemplo, más del 10 por ciento de su vecina Salta. A las altísimas alícuotas de Ingresos Brutos que cobra el Estado Provincial, se han sumado imposiciones y nuevos impuestos en la voraz Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
En los últimos años la economía de Tucumán ha experimentado una transformación profunda marcada por un notable crecimiento en el empleo por cuenta propia. Este fenómeno, impulsado en gran medida por el boom de aplicaciones de delivery y transporte como PedidosYa, Rappi y Uber, ha posicionado a la provincia como líder en el Noroeste Argentino (NOA) en esta modalidad laboral. Sin embargo, este avance no está exento de tensiones: la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha intensificado sus esfuerzos por regular y recaudar sobre estos trabajadores independientes, generando críticas por lo que muchos ven como una «persecución» sobre ingresos ya de por sí precarios.
Datos duros del auge del cuentapropismo
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y análisis de la consultora Politikon Chaco, entre 2016 y 2025 el Gran Tucumán registró un incremento de 8,9 puntos porcentuales en la participación del empleo por cuenta propia sobre el total de ocupados. Hacia el tercer trimestre de 2025, esta modalidad alcanzó el 27,4% de la población ocupada en la provincia, superando ampliamente la media nacional del 24,5%. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores ocupados en Tucumán es cuentapropista, consolidando a la provincia en el podio nacional de este crecimiento (tercer lugar detrás de Gran Resistencia y Posadas) y como líder indiscutido en el NOA. A nivel país, los cuentapropistas pasaron de 2,3 millones a 3,3 millones (un aumento del 42,2%), mientras el empleo asalariado creció solo un 13,0%, reflejando una reconfiguración del mercado laboral ante la inflación y la erosión de salarios formales.
Las aplicaciones han sido el catalizador principal de este salto. Plataformas como Uber, PedidosYa y Rappi clasifican a sus prestadores como cuentapropistas o trabajadores independientes, inscriptos en el régimen de monotributo. En Argentina, el sector de delivery vio un crecimiento explosivo: Rappi pasó de 43.048 repartidores activos en noviembre de 2024 a 151.874 en noviembre de 2025, un incremento del 252%. Aunque no hay datos desagregados para Tucumán, la provincia se beneficia de esta tendencia, con San Miguel de Tucumán figurando entre las ciudades con mayor demanda de pedidos en el interior del país. Esto ha convertido al delivery en un «refugio» para muchos tucumanos, especialmente ante la caída en sectores tradicionales como el comercio y la construcción (-36% en empleo en la última década).
El rol del Estado provincial ha sido clave en esta evolución. Bajo la administración de Osvaldo Jaldo, el empleo público creció un 31,3% entre 2014 y 2024, actuando como amortiguador social. Sin embargo, como destaca Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), «no hay crecimiento sin mantenimiento o crecimiento de la mano de obra» en el sector privado. La transformación comercial, con cierres de locales por competencia de e-commerce asiático y presiones fiscales, ha empujado a más personas hacia el cuentapropismo digital. Iniciativas estatales como la Ley 9629 para la economía del conocimiento proyectan 2.000 nuevos puestos en 2026, pero el grueso del cambio lo lideran las apps.
Ingresos magros en un mercado flexible pero precario
En Tucumán, un repartidor o conductor full-time en estas plataformas puede aspirar a ingresos brutos de entre $800.000 y $1.800.000 mensuales, con netos de $500.000 a $1.200.000 tras descontar gastos como combustible (30-40%), mantenimiento y comisiones de las apps (25%). Estos números, aunque competitivos con salarios formales bajos en la región, requieren jornadas extenuantes de 8-12 horas diarias y carecen de beneficios como vacaciones, aguinaldo o cobertura plena de riesgos laborales. Muchos usan estas apps como complemento, reflejando la precariedad del modelo: el 75% necesita otro empleo para sobrevivir.
Este crecimiento ha sido un salvavidas en una economía con solo un 1,5% de expansión decenal, donde el Estado depende en un 75% de coparticipación federal y prioriza gasto social (70% del presupuesto 2026). Pero también expone vulnerabilidades: la informalidad «gana» contra la inflación, con remuneraciones informales subiendo un 87,9% en 2025, mientras los salarios registrados pierden terreno.
La persecución municipal
A pesar de los beneficios, el auge del cuentapropismo enfrenta obstáculos locales. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través del Concejo Deliberante, aprobó en noviembre de 2025 una ordenanza que regula plataformas como Uber, Didi, Cabify y Moto Uber. Si bien no impone cupos, exige que las empresas se inscriban, tributen por su actividad y reporten periódicamente el número de unidades en servicio. Los requisitos incluyen seguros obligatorios, verificación técnica vehicular (VTV) y antecedentes penales para conductores, con un esquema de multas más severas para incumplimientos. El control queda en manos del Ejecutivo municipal, vía el Sutrappa (Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros).
Esta normativa, que entró en vigencia a fines de 2025, se extiende implícitamente a servicios de delivery como PedidosYa y Rappi, alineándose con la reforma laboral nacional que clasifica a estos prestadores como «independientes» sin relación de dependencia. Críticos, como agrupaciones de repartidores, la ven como una forma de «persecución» para recaudar sobre ingresos magros. Por ejemplo, las empresas deben pagar tributos municipales, y las multas por infracciones (como exceso de velocidad o mal estacionamiento) pueden llegar a miles de pesos, impactando directamente en los cuentapropistas que operan con márgenes ajustados.
En 2025, reclamos de taxistas autoconvocados llevaron a reuniones con funcionarios municipales, exigiendo regulación contra la «competencia desleal» de las apps. Aunque la ordenanza busca coexistencia con taxis, ha generado tensiones: repartidores denuncian controles intensos en calles como el microcentro, donde multas por cascos defectuosos o documentación incompleta se han multiplicado. «Es una carga extra sobre quienes apenas llegan a fin de mes», comenta un repartidor anónimo de Yerba Buena, eco de protestas nacionales donde trabajadores de PedidosYa exigen tarifas justas y propinas completas.
A nivel nacional, imputaciones a Rappi y PedidosYa por «gastos ocultos» en otras provincias resaltan el escrutinio creciente, pero en Tucumán, la municipalidad enfatiza que la regulación promueve formalidad y seguridad. Sin embargo, con un presupuesto 2026 enfocado en austeridad, la recaudación sobre estos sectores parece una prioridad, sumándose a las altas alícuotas provinciales de Ingresos Brutos que ya gravan fuertemente la actividad económica.
Futuro incierto
La evolución económica de Tucumán, con las apps como motor del cuentapropismo, demuestra resiliencia ante adversidades. Líder en el NOA, la provincia adapta su comercio con centros a cielo abierto y digitalización estatal. Pero riesgos persisten: sin reformas que alivien cargas fiscales (como Ingresos Brutos), la informalidad podría perpetuarse, agravada por controles municipales que, para muchos, bordean la persecución.
En Yerba Buena y San Miguel, donde la demanda de delivery crece, el desafío es equilibrar flexibilidad con protección. Como advierte Viñuales, el crecimiento genuino depende del empleo privado formal. Mientras tanto, miles de tucumanos pedalean o conducen por calles congestionadas, encarnando un cambio que, si bien innovador, exige políticas más inclusivas para no dejar a nadie atrás.
Germán García Hamilton
Editor en El Federalista