A 10 días de cumplirse veinte años del asesinato y a solo dos semanas de la fecha fijada para el comienzo de uno de los debates judiciales más relevantes del expediente, el juicio por el homicidio de Paulina Lebbos se encuentra hoy envuelto en incertidumbre debido a un planteo procesal. No está definido aún si uno de los dos imputados, Sergio Kaleñuk, a quien el padre de la víctima, Alberto Lebbos, denominó «el verdadero hijo del poder», podrá ser sometido a juicio. Su defensa podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría retrasar el proceso si el tribunal superior decide requerir el expediente.
En junio de 2023, el fiscal Carlos Sale pidió que la causa fuera elevada a juicio, donde Kaleñuk está acusado de encubrimiento agravado en el marco del crimen de Paulina. Si bien el pedido fue admitido, el defensor del sospechoso, Patricio Char, interpuso un recurso de casación, que fue rechazado la semana pasada por la Cámara integrada por los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli. La defensa argumentó, por un lado, la prescripción del delito y, por otro, cuestionó la agravante de funcionario público esgrimida por el fiscal, ya que Kaleñuk obtuvo su empleo en la Legislatura con posterioridad al hecho. Ante esta negativa, Char anunció que esta semana presentará una queja ante la Corte Suprema, cuya admisión podría demorar el trámite y postergar el inicio de las audiencias. Además de Kaleñuk, debe ser juzgado César Soto, expareja de Paulina y padre de su hija, señalado por la investigación como autor material del crimen. La participación de ambos, según la acusación, está tan ligada que deben ser enjuiciados en conjunto.
De acuerdo con la teoría fiscal, la intervención de Kaleñuk fue crucial para ocultar el asesinato de Paulina, cometido -según la investigación- por Soto en la madrugada del 26 de febrero de 2006, y para garantizar la impunidad durante años.
Según la reconstrucción del Ministerio Público, Paulina llegó en la madrugada a la casa de Soto, en la calle Estados Unidos al 1200, tras salir de un boliche. Allí, «por motivos que se desconocen», se desató una discusión que terminó en el ataque fatal. El requerimiento es contundente: Soto «la tomó del cuello con sus manos y, abusando de su preeminencia física, y con la clara intención de quitarle la vida, la ahorcó con la violencia y durante el tiempo necesario para producirle la muerte por asfixia».
La acusación sostiene que, tras consumar el homicidio, Soto recurrió a Kaleñuk, a quien conocía por el Club Atlético Tucumán y por su condición de funcionario. El fiscal alega que le pidió ayuda «tanto para deshacerse del cuerpo de Paulina Lebbos como también para obtener impunidad por el crimen cometido». Esa ayuda, afirma el MPF, fue inmediata y concreta.
La fiscalía argumenta que Kaleñuk participó activamente del traslado del cuerpo sin vida de la joven hasta la zona de Tapia, donde fue abandonado. «Junto a Víctor César Soto, trasladaron el cuerpo sin vida de Paulina Lebbos hasta el kilómetro 2,8 de la ruta provincial 341, donde lo depositaron y permaneció hasta el día 11 de marzo de 2006», cuando fue hallado por dos hermanos que transitaban por el lugar, detalla el escrito. La autopsia confirmó que Paulina murió por «asfixia mecánica por estrangulamiento manual» y que el deceso ocurrió en la época de su desaparición.
Luego de abandonar el cuerpo, siempre según la versión fiscal, Kaleñuk regresó a la capital, dejó a Soto en su casa y se dirigió al Club Central Córdoba. El objetivo, remarca el fiscal, fue «fijar una coartada en caso de ser necesario». Ese mismo domingo, Kaleñuk se presentó en la venta de entradas para el clásico entre Atlético Tucumán y San Martín, intentando construir una versión de sus actividades durante las horas críticas.
El celular
El requerimiento también le atribuye a Kaleñuk la eliminación de una prueba clave. «Una vez en el lugar, Sergio Hernán Kaleñuk se deshizo del celular de Paulina Lebbos con el fin de eliminar todo rastro de su accionar criminal», afirma el fiscal. Los informes técnicos incorporados a la causa permiten reconstruir las últimas activaciones del teléfono de la víctima y su posterior uso con chips de terceros, lo que para la acusación confirma el intento de borrar huellas.
Uno de los ejes centrales del pedido de juicio es el análisis de las comunicaciones telefónicas. La fiscalía remarca que el celular de Kaleñuk se activó en la misma antena que el de Paulina en las horas posteriores a su desaparición, y que mantuvo contactos con el entonces subjefe de Policía, el condenado Nicolás Barrera. Para el fiscal, estos cruces «no resultan casuales» y se inscriben en un entramado de relaciones funcionales orientadas a encubrir el crimen. El requerimiento también recoge las severas observaciones realizadas por el tribunal que juzgó la causa «Gómez», donde Kaleñuk declaró como testigo. Allí, los jueces, que luego condenaron a la cúpula de seguridad de la provincia, advirtieron «imprecisiones, olvidos y contradicciones» en su relato sobre horarios, recorridos y actividades del 26 de febrero de 2006. Incluso, destacaron que fue el propio Kaleñuk quien espontáneamente se ubicó «en tiempo y espacio cercano al último destino de Paulina con vida», en inmediaciones del domicilio de Soto, en una franja horaria clave.
Un dato que el fiscal califica como grave es la insistencia con la que Barrera intentó comunicarse con Kaleñuk la noche del 26 de febrero, minutos después de haber sido alertado de la desaparición de Paulina. Según se desprende de la prueba, Barrera realizó tres llamadas consecutivas a Kaleñuk tras recibir el aviso de que el padre de la joven estaba denunciando su desaparición. Para la acusación, esas comunicaciones pudieron haber tenido como finalidad «poner al tanto a Kaleñuk de la situación y de la búsqueda desesperada de la familia Lebbos».
Mérito suficiente
En su conclusión, Sale sostiene que existe «mérito suficiente» para llevar a Kaleñuk a juicio oral como autor de encubrimiento agravado, delito previsto en el artículo 277 del Código Penal. El caso, subraya, se inscribe en una trama más amplia de ocultamientos, falsificaciones y desvíos de la investigación que ya derivaron en condenas contra el secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, los jefes de Policía Hugo Sánchez y Barrera, el jefe de la Regional Norte, Héctor Brito, y el ex fiscal Carlos Albaca, y que constituyen «una deuda histórica del Estado con la familia de Paulina Lebbos y con la sociedad».
Las claves de la acusación contra Kaleñuk
– Encubrimiento: habría auxiliado a Soto después del crimen para asegurarle impunidad.
– Cuerpo: habría intervenido en el traslado y abandono del cadáver en la ruta 341.
– Pruebas: habría eliminado el teléfono celular de Paulina para borrar evidencias.
– Coartada: habría fabricado una presencia falsa en la venta de entradas.