El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto de ley que propone crear una herramienta judicial “urgentísima” para ordenar la eliminación de contenidos en redes sociales considerados calumniosos o injuriantes, una iniciativa que abrió debate político y jurídico debido a que habilita decisiones judiciales rápidas sin que el acusado pueda defenderse previamente y sin exigir al denunciante demostrar de manera plena la falsedad de las acusaciones.
La iniciativa busca incorporar al Código Procesal Penal de Tucumán una figura denominada “Medida Cautelar Digital Urgentísima de Protección del Honor, la Imagen y la Reputación”, mediante la cual un juez penal podría ordenar el retiro de publicaciones digitales en un plazo máximo de seis horas desde presentada la solicitud.
Según el proyecto, el procedimiento tendría carácter “hipersumarísimo” y se resolvería sin sustanciación previa, es decir, sin escuchar antes a la persona denunciada, bajo el argumento de evitar que la viralización del contenido vuelva irreversible el daño producido en internet.
El magistrado podría disponer la eliminación, bloqueo o desindexación del contenido cuestionado e incluso prohibir nuevas publicaciones similares mientras se sustancia la causa principal.
Una medida sin carga probatoria plena inicial
El punto que genera mayor controversia radica en que el mecanismo no prevé que quien denuncia deba demostrar de manera acabada la falsedad de la acusación antes de que se ordene la restricción del contenido. El proyecto establece que la medida procedería cuando las calumnias o injurias resulten “manifiestas, inequívocas y acreditadas”, pero la decisión se adopta de forma inmediata y sin debate previo entre las partes.
De esta manera, la remoción podría ejecutarse antes de que el autor de la publicación ejerza su derecho de defensa o produzca prueba, ya que la resolución judicial se dicta inaudita parte, mecanismo excepcional dentro del proceso penal.
Argumentos del proyecto
En los fundamentos, Vargas Aignasse sostiene que las redes sociales generaron un fenómeno “jurídicamente disruptivo” que dejó obsoletos los tiempos tradicionales de la Justicia, ya que cuando intervienen las vías cautelares comunes el daño reputacional ya se multiplicó de forma “exponencial”.
El texto afirma que la intención es actuar frente a la “mentira dañosa viral” y proteger derechos personalísimos ante imputaciones falsas difundidas masivamente en entornos digitales.
Asimismo, el proyecto incluye lo que denomina un “candado normativo”, que obliga al juez a rechazar el pedido si existe duda sobre si el contenido constituye opinión, crítica o información de interés público, con el objetivo declarado de resguardar la libertad de expresión.
Debate abierto
Pese a esas garantías formales, la propuesta abrió interrogantes sobre los límites del control estatal sobre expresiones en internet, especialmente porque habilita la remoción urgente de contenidos sin audiencia previa, lo que especialistas consideran un punto sensible en materia de libertad de expresión y debate político.
El proyecto comenzó a circular en el ámbito legislativo con respaldo político dentro del oficialismo provincial y promete generar discusión en torno al equilibrio entre el derecho al honor y las garantías constitucionales vinculadas a la libre expresión en redes sociales.