SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén desestimó un recurso presentado por el lof Paicil Antriao, con sede en Villa La Angostura, lo que acerca la posibilidad de un desalojo en el corto plazo.
Aunque los múltiples expedientes judiciales que involucran a esta comunidad indígena se encuentran ante la Corte Suprema, la presentación realizada por su defensa legal no impide que se proceda con el cumplimiento de la sentencia firme del año anterior, que disponía el desalojo. Entre estos casos se encuentra una demanda iniciada por el exjugador de básquet Emanuel Ginóbili, quien adquirió un terreno en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura, en el año 2004.
En septiembre de 2025, el magistrado Francisco Astoul Bonorino reconoció la validez del título de propiedad de Ginóbili y estableció un plazo de 30 días para que la comunidad mapuche desocupe el lugar. Al intentar llevar a cabo esta orden, el juez de Junín de los Andes se declaró no competente, lo que fue objetado por el letrado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez. “La cuestión llegó al Tribunal Superior de Justicia. Estábamos debatiendo la ejecución de esa sentencia y ahora el tribunal desestimó mi recurso de casación y le devuelve la causa a Bonorino, juez de Villa La Angostura, para que concrete el desalojo”, detalló Sánchez.
Agregó que, simultáneamente, se mantenían conversaciones con la municipalidad de esa localidad neuquina, las cuales “en este momento parecen estar rotas”. De cualquier modo, resta que el abogado de la comunidad mapuche interponga un recurso extraordinario contra la reciente decisión del TSJ.
El desacuerdo con Ginóbili surgió por un predio de aproximadamente 20 hectáreas. De acuerdo con los miembros de la comunidad mapuche, el reconocido deportista desconocía que esos terrenos eran utilizados por la comunidad para el pastoreo de ovejas. El lof Paicil Antriao sostuvo que Ginóbili “fue engañado” al realizar la compra de los lotes. Según esta comunidad (que gestiona un camping a orillas del lago Correntoso), esas tierras les pertenecen históricamente desde 1900, cuando el general Julio Argentino Roca les otorgó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que abarca el cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.
En su fallo, el juez Bonorino afirmó que “no existe informe oficial alguno que determine que esas tierras cuentan con la protección de la propiedad comunitaria indígena”, y que los informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) son “contradictorios” y “preliminares”, por lo que no representan prueba suficiente para demostrar una ocupación tradicional.
“La argumentación de este juez en su sentencia sostiene que hay falta de sustento científico, descartando así los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad. No tuvo en cuenta los numerosos testimonios de ancianos mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y guardan la memoria y la historia de este territorio como nadie. Además, en el fallo Bonorino se refiere a la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao’, cuando contamos con Personería Jurídica concedida por el mismo Estado. Esto es discriminatorio y racista desde cualquier perspectiva”, expresaron desde la comunidad al conocerse la resolución.
Las comunidades mapuches también señalaron que la municipalidad de Villa La Angostura “coordina acciones para insistir” con diversos desalojos, como los que afrontan los lof Quintriqueo y Melo. “Todavía quedan recursos por presentar. En la causa de Quintriqueo y Melo, inicié una acción contra la familia Broers. Y el juez integró la litis con el gobierno de la provincia de Neuquén, manifestó que ellos tenían interés en la causa y que eran demandados, por lo que nos ordenó notificarlos. Estoy realizando los oficios para detener el desalojo. Porque, por otra parte, el particular en el expediente principal intenta llevar adelante la ejecución de la sentencia”, explicó Sánchez.
En el caso de la comunidad Quintriqueo, el conflicto comenzó a fines de 2011, cuando María Cristina Broers denunció que integrantes de esa comunidad ingresaron a su lote, ubicado sobre el lago Nahuel Huapi, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, y recurrió a la justicia para recuperar la posesión. En 2016, un juez ordenó el desalojo, pero su ejecución se encuentra paralizada tras la intervención el año pasado del Ministerio de Gobierno neuquino.
Por último, Sánchez alertó que la comunidad Paicil Antriao enfrenta multas millonarias por parte del municipio: “Como no tienen licencia comercial (que no la tienen porque la municipalidad no quiere otorgársela), les aplican multas de 1 millón de pesos por vender tortas fritas. Ya hemos apelado varias multas. Les han clausurado el camping para impedir que realicen actividades y también apelé esa clausura”.