La Justicia tucumana ordenó este sábado la liberación de Santiago Bagne, uno de los jóvenes que permanecía con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz por la agresión sufrida por Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle. La decisión marca un giro relevante en una causa que, desde sus primeras horas, estuvo atravesada por una fuerte presión política, mediática y social.
El ataque ocurrió el 29 de enero, hace poco más de una semana, y derivó rápidamente en una respuesta punitiva de alto impacto: dos jóvenes fueron detenidos y enviados a una cárcel de máxima seguridad bajo una prisión preventiva de 30 días. La medida se adoptó en un contexto de declaraciones públicas del gobernador Osvaldo Jaldo, quien reclamó mano dura, habló de “patoteros” y exigió castigo ejemplar cuando la investigación todavía se encontraba en una etapa preliminar.
La liberación de Bagne se resolvió tras una audiencia en la que la defensa cuestionó la falta de fundamentos para sostener la prisión preventiva. El juez dispuso su excarcelación bajo reglas de conducta, sin cerrar la causa ni desvincularlo formalmente de la investigación. El cambio de criterio judicial dejó expuestas las debilidades de la resolución original y reavivó las críticas sobre el uso anticipado del encierro como herramienta de impacto político.
El giro judicial no puede analizarse al margen del clima social que rodeó al expediente. En Concepción, familiares, vecinos y dirigentes impulsaron movilizaciones para denunciar que la detención había sido injustificada y desproporcionada. En ese marco, el intendente Alejandro Molinuevo fue uno de los primeros funcionarios en cuestionar públicamente la prisión preventiva. “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”, afirmó, y aclaró que hablaba “como vecino y como abogado”, no desde una conveniencia política.
Molinuevo sostuvo que la decisión judicial fue “apresurada” y carente de sustento probatorio. Según explicó, durante la audiencia quedaron expuestas inconsistencias en la acusación: las lesiones fueron calificadas como leves, los registros fílmicos no comprometerían de manera directa a los imputados y la propia víctima incurrió en contradicciones. “Esto no fue una detención común: fue una prisión preventiva que marca a dos chicos como culpables antes de que exista una condena”, advirtió.
A esas críticas se sumaron las declaraciones de la diputada Soledad Molinuevo, quien apuntó directamente contra el rol del Poder Ejecutivo en el caso. La legisladora advirtió que la cárcel de Benjamín Paz “no puede convertirse en el Helicoide tucumano”, en alusión al centro de detención venezolano denunciado por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Para la diputada, el uso de la prisión preventiva en este caso respondió a una lógica de disciplinamiento y castigo anticipado.
Soledad Molinuevo sostuvo que el Ejecutivo “pisoteó garantías básicas” al instalar desde el inicio una condena pública contra los detenidos. “Cuando el poder político decide quién es culpable antes de que hable la Justicia, lo que se rompe es el Estado de Derecho”, afirmó, y advirtió que gobernar a través del miedo y la estigmatización “no puede ser una política de seguridad”.
La liberación de Bagne refuerza esos cuestionamientos. La prisión preventiva —una medida excepcional— fue aplicada de manera inmediata y revisada apenas días después, en un contexto de creciente presión social. El episodio vuelve a poner bajo la lupa el rol del Poder Ejecutivo en investigaciones en curso y el costo institucional de intervenir públicamente antes de que existan pruebas consolidadas.
La causa continúa y el joven liberado seguirá sometido a reglas de conducta. Pero el retroceso judicial deja una señal política difícil de ignorar: la exhibición permanente de dureza, impulsada desde el Ejecutivo, no sólo tensiona la independencia judicial, sino que expone a la Justicia a tener que corregir decisiones tomadas bajo un clima de presión y condena anticipada.