La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de reclamar mano dura y encarcelar preventivamente a dos jóvenes acusados de una golpiza a la salida de un boliche en Tafí del Valle no sólo reavivó viejas tensiones sobre el uso político de la prisión: desató una polémica de proporciones inéditas, con críticas que van desde el respeto a las garantías procesales hasta severas comparaciones con prácticas del régimen chavista en Venezuela.
La diputada Soledad Molinuevo fue directa: a través de sus redes sociales cuestionó con dureza al gobernador y al gobierno provincial por el manejo del caso, sugiriendo que el sistema penal está siendo convertido en una herramienta política de disciplinamiento social. “La cárcel de Benjamín Paz no puede convertirse en un Helicoide tucumano, donde se pisotean derechos y se somete a jóvenes que el propio poder reconoce como inocentes”, escribió Molinuevo, haciendo una comparación explícita con el centro de detención venezolano utilizado por el régimen de Nicolás Maduro que acumula denuncias de violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias. (Tendencia de Noticias)
La analogía no fue casual: en Venezuela, El Helicoide ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención en el que se violan garantías básicas, y la diputada Molinuevo ubicó la crítica no sólo en la medida judicial, sino en la lógica política de castigo anticipado que estaría instrumentando el Ejecutivo provincial.
El epicentro de la controversia son las prisiones preventivas de 30 días dictadas contra Santiago Bagne (18) y César Máximo Carreras (19). Ambos fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Benjamín Paz tras lo que el gobernador calificó públicamente como un acto de violencia grupal. Las declaraciones de Jaldo sobre “patoteros” y su insistencia en una política de mano dura precedieron y rodearon las decisiones judiciales, lo que para críticos como Molinuevo implica una condición política sobre decisiones que deberían ser estrictamente jurídicas.
Ese enfoque político de la seguridad fue severamente cuestionado también por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, quien rompió su silencio institucional al calificar la prisión preventiva como una medida “apresurada” y carente de pruebas claras, en un contexto en el que incluso la víctima habría incurrido en contradicciones, las lesiones fueron calificadas como leves y los videos aportados “no comprometen a los detenidos”.
“No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”, afirmó Molinuevo, quien participó de una marcha en Concepción pidiendo la liberación de los jóvenes y advirtió que la prisión preventiva “marca a dos chicos como culpables antes de que exista una condena”. El jefe municipal sostuvo además que ninguno de los requisitos legales para ordenar una prisión preventiva se verificó en el caso y cuestionó que desde el propio Ejecutivo se haya anticipado públicamente un destino carcelario para los acusados: “Eso condiciona la decisión de un juez”, afirmó.
La comparación con El Helicoide introducida por Soledad Molinuevo eleva el nivel del debate político y jurídico en Tucumán: no se trata simplemente de criticar una medida judicial, sino de advertir que la política de seguridad provincial estaría migrando hacia una lógica de castigo anticipado, estigmatización y disciplinamiento social, donde el miedo y la presión pública reemplazan la presunción de inocencia y las garantías procesales básicas.
La diputada también acusó al gobierno de usar la prisión preventiva como “método de presión” y lamentó que en Tucumán “las instituciones parecen no existir cuando pasan estas cosas”. Para ella, la situación no es sólo una falla judicial aislada, sino parte de una práctica más amplia que “pisotea derechos y somete a jóvenes inocentes sin pruebas suficientes ni el debido proceso”.
Molinuevo agregó que gobernar no puede consistir en “disciplinar con el miedo ni avasallar la dignidad de las personas”, calificando la situación como una “verdadera vergüenza que no podemos naturalizar”.
El caso de Benjamín Paz coloca a la política de seguridad de Jaldo bajo un escrutinio reforzado: más allá de la condena pública a la violencia, la combinación de declaraciones políticas, comparaciones extremas y detenciones preventivas sin pruebas claras plantea serias dudas sobre el rumbo institucional de una provincia donde, de forma creciente, las herramientas del Estado parecen orientarse hacia el castigo mediático y político, en lugar de la aplicación estricta de la ley y el respeto irrestricto al debido proceso.