La causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ocurrido en una vivienda de Yerba Buena (Tucumán), avanza judicialmente, pero con grandes vacíos probatorios que complican determinar con precisión tanto el desarrollo de los hechos como el rol de las personas imputadas.
En una audiencia reciente, la justicia dictó tres meses de prisión preventiva para Justina Gordillo, imputada por encubrimiento personal y real doblemente agravado en el marco de la investigación. La Fiscalía sostiene que Gordillo colaboró en el ocultamiento del cuerpo de la víctima y en la eliminación o destrucción del teléfono celular de Érika, ayudando además a la fuga de su pareja, Felipe “El Militar” Sosa. No obstante, Gordillo no fue imputada por homicidio, lo que ya marca un umbral jurídico distinto respecto de la acusación principal.
El celular desaparecido: ausencia de prueba esencial
Durante la instrucción de la causa, los peritos intentaron realizar una pericia clave sobre el celular de Érika, que según la familia contenía información personal —mensajes, fotos, videos y registros de sus actividades— que podía aportar elementos probatorios importantes sobre el hecho y las relaciones de la víctima. Sin embargo, esa pericia no se concretó porque el dispositivo nunca fue hallado y, por ende, no se pudo recuperar la información que potencialmente guardaba.
El abogado querellante de la familia, Carlos Garmendia, ha señalado que sólo se podrá rastrear “los lugares por los que estuvo” Érika, dado que los contenidos del teléfono —que podrían haber sido fundamentales para reconstruir vínculos, contactos y momentos previos al crimen— no estarán disponibles para la investigación.
Implicancias legales de la falta de evidencia digital
Desde la perspectiva procesal penal, la prueba digital —como registros de comunicación y ubicación de un teléfono— suele ser un elemento de valor probatorio para reconstruir hechos y corroborar hipótesis. En este caso, la ausencia del celular y la imposibilidad de extraer contenidos debilitan seriamente la posibilidad de sostener afirmaciones categóricas sobre la conducta de terceros, incluyendo si hubo o no participación de Gordillo más allá de lo que formalmente se le imputa (encubrimiento).
En Argentina, el Código Procesal Penal exige que la acusación se fundamente en evidencia objetiva que permita establecer con razonable certeza los hechos y la participación de los acusados. La falta de datos del celular implica que no hay materiales directos —como conversaciones, ubicaciones o fotos del momento del hecho— que corroboren de manera fehaciente lo que la querella ha planteado respecto de encuentros o vínculos previos entre Érika y los imputados.
Declaraciones de Garmendia y teoría de la familia
Garmendia, representante legal de la familia, ha sido enfático en que la investigación debería profundizar ciertos indicios, aunque reconoce que no es el momento procesal para plantear la absolución de Gordillo ni para fijar una teoría definitiva sin pruebas contundentes. También remarcó aspectos de la relación de Érika con Sosa y otros —como encuentros previos o vínculos personales— que, según la familia, podrían haber arrojado luz sobre el móvil del crimen si se contara con el contenido del celular.
Balance: interrogantes aún abiertos
A la fecha, la causa presenta imputaciones por encubrimiento pero no hay acusaciones formales por homicidio contra Gordillo, y la evidencia que podría haber ayudado a demostrar de manera directa qué ocurrió el día del crimen no se encuentra disponible. Esto deja a la investigación con importantes interrogantes sobre el desarrollo de los hechos y limita la solidez probatoria de las acusaciones que la familia y la fiscalía han planteado.