La investigación judicial por la agresión registrada en Tafí del Valle sigue sumando nuevos desarrollos. El episodio, capturado en videos que se viralizaron en redes sociales, ocurrió en las inmediaciones de La Cañada, a la salida de una discoteca, y dejó como saldo a un joven hospitalizado (Patricio Ledezma) tras ser golpeado por un grupo de adolescentes.
Mientras la Justicia trabaja para reconstruir con exactitud los hechos y establecer responsabilidades, la causa avanzó en las últimas horas con una medida de gran repercusión: la prisión preventiva por 30 días para Santiago Bagne (18) y César Máximo Carreras (19), quienes fueron enviados al penal Benjamín Paz. La resolución se dictó en el marco de una causa por tentativa de homicidio, pese a que el informe médico preliminar señaló que la víctima sufrió lesiones leves y sin riesgo vital.
La decisión del juez generó una fuerte reacción en el círculo cercano a los detenidos y reavivó la discusión sobre el tratamiento de los actos violentos protagonizados por jóvenes, el papel de la exposición en los medios y la aplicación de medidas cautelares severas en las primeras etapas de una investigación.
En este contexto, Marisa Gómez, madre de Santiago Bagne, decidió hacer pública su posición y, en diálogo con este medio, cuestionó con dureza la imputación contra su hijo. «Esto nace de la impotencia y de la injusticia. Mi hijo está detenido por un hecho en el que no tendría que estar», afirmó.
Según su relato, durante la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía presentó testimonios que, a su criterio, no logran identificar a Santiago como un agresor. «Todo lo que se leyó fueron contradicciones. En ningún momento se dice que mi hijo golpea a alguien. Ni siquiera en las filmaciones», sostuvo.
La mujer aseguró que las imágenes difundidas muestran a su hijo intentando mediar para detener la pelea. «Él entra a separar. Se ve claramente. Después se da la vuelta y se va. Sin embargo, hoy está preso, como si fuera un delincuente peligroso», expresó.
Uno de los puntos centrales del reclamo familiar apunta a la desproporción entre las lesiones constatadas y la gravedad de la acusación. Gómez insistió en que el parte médico habla de un moretón y un rasguño, mientras que la causa se investiga como intento de homicidio. «Si realmente hubieran querido matarlo entre tantas personas, no estaría caminando ni subiendo videos al día siguiente», argumentó.
También rechazó de plano la asociación de su hijo con el rugby, un vínculo que se instaló con fuerza en el debate público. «Mi hijo no juega al rugby, no pertenece a ningún club. Practica otro deporte. El vínculo con los demás chicos es que fueron compañeros de la escuela. Concepción es chica, acá todos se conocen», explicó.
En su testimonio, Gómez brindó además un relato detallado del allanamiento realizado en su domicilio, al que calificó como «violento y excesivo». Según contó, el operativo se llevó a cabo cuando Santiago no se encontraba en la vivienda.
«Rompieron la reja y la puerta, entraron gritando, me tiraron al piso, me apuntaron con armas. Eran muchas personas del Grupo Cero. Buscaban sangre, revisaban todo. Yo estaba sola», relató. La mujer aseguró que nunca se resistió y que, de haber tocado el timbre, ella misma habría abierto la puerta.
De acuerdo a su versión, Santiago estaba trabajando con su padre en el campo y se presentó de manera voluntaria al ser avisado. «Entró caminando, entregó su teléfono, dio la clave. Nunca se negó a nada», remarcó.
En la misma línea se expresó Jorge Bagne, padre del joven, quien pidió que se analicen con detenimiento las pruebas incorporadas al expediente. «No crean en mi palabra. Revisen la causa y vuelvan a mirar los videos», solicitó.
El hombre sostuvo que las declaraciones que involucran a su hijo se basan en referencias indirectas. «Cuando declaran las personas que supuestamente lo nombran, dicen que no lo conocen o que no lo vieron pegar. Eso está en la causa», afirmó. Además, aseguró que su hijo mantuvo un intercambio de mensajes con la víctima después del episodio, en el que le aclaró que había intervenido para separar y le pidió disculpas si algo lo había molestado.
Mientras tanto, familiares, amigos y allegados de los detenidos convocaron a una marcha en la Plaza Mitre de Concepción, bajo consignas que apelan al esclarecimiento del hecho, al debido proceso y a lo que definieron como una «búsqueda de la verdad». La movilización busca visibilizar el reclamo y acompañar a los jóvenes detenidos durante el avance de la causa.
La investigación continúa abierta y la Fiscalía analiza nuevos testimonios y material audiovisual para determinar cómo se desarrolló la pelea, quiénes participaron activamente y si corresponde mantener las imputaciones actuales. En paralelo, el caso sigue generando repercusión social y política, con pronunciamientos públicos que elevan la tensión alrededor del expediente.
«Nosotros no defendemos la violencia», insistió Marisa Gómez. «Defendemos la justicia. Y creemos que hoy se está juzgando a mi hijo más por lo mediático que por las pruebas».